La Policía Federal, bajo las órdenes del ministro del STF Alexandre de Moraes, lanzó una operación llamada «Tempus Veritatis«, apuntando a aliados del expresidente Jair Bolsonaro. El movimiento, ampliamente divulgado por los medios, pone en el foco a nombres como Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal; el general Augusto Heleno, exministro del GSI (Gabinete de Seguridad Institucional); Anderson Torres, exministro de Justicia; y Walter Braga Netto, excandidato a vicepresidente en la fórmula de Bolsonaro. Esta operación culminó en la ejecución de 33 mandatos de búsqueda y aprehensión, 4 mandatos de prisión preventiva y 48 medidas cautelares, abarcando varios estados del país.
Las alegaciones centrales de la operación giran en torno a una supuesta tentativa de golpe de Estado, planeada y orquestada por figuras cercanas al exmandatario, con el objetivo de subvertir el orden democrático y mantener a Bolsonaro en el poder contra los resultados electorales.
Entre las detenciones, se destacan las de Filipe Martins, exasesor para Asuntos Internacionales de la Presidencia, y el coronel Marcelo Câmara, ex ayudante de órdenes de Bolsonaro. Filipe Martins se conocía como una pieza clave en la definición de la política exterior del expresidente Jair Bolsonaro.
La operación también incluyó el registro y la incautación en la residencia del sacerdote José Eduardo de Oliveira e Silva, vinculándolo al «núcleo jurídico» de un supuesto plan golpista. El registro y la incautación en la residencia de un religioso muestra una sorprendente similitud con la dictadura nicaragüense que también persigue a autoridades eclesiásticas.
La respuesta de Bolsonaro fue rápida, marcada por una entrevista en el periódico «Metrópoles«, en la que denunció lo que considera «barbaridades» hechas en nombre de «salvar la democracia«. La situación se agravó con la determinación del ministro Alexandre de Moraes, que ordenó la entrega del pasaporte de Bolsonaro y prohibió al expresidente comunicarse con sus aliados investigados; una medida que refuerza la percepción de politización del poder Judicial.
El hecho de que Moraes exija la entrega del pasaporte del ex presidente indica que podría instruirse una prisión del ex mandatario en cualquier momento. Además de intentar interferir en las elecciones municipales que ocurrirán en 2024.
Sumados a estas acciones directas contra Bolsonaro y sus aliados, se destaca la iniciativa del senador izquierdista Humberto Costa (PT), que solicitó al Procurador General de la República la apertura de una investigación con el objetivo de cancelar el registro del Partido Liberal, bajo la acusación de uso de la estructura partidaria para «la elaboración de un borrador golpista y la difusión de información falsa contra el sistema electoral«.
Es decir, justo después de una mega operación de la Policía Federal que incluso tuvo registro y incautación en la casa del presidente del Partido Liberal (PL) – que es el partido de Bolsonaro y el mayor bloque en el Congreso Nacional – un senador del gobierno ya pide la cancelación del principal partido opositor en una terrible similitud con la tiranía venezolana.
Estos eventos se desarrollan en un contexto en el que las acciones del STF, especialmente bajo la dirección del ministro Alexandre de Moraes, son percibidas frecuentemente como parte de una persecución política enfocada en desmantelar la oposición liderada por Bolsonaro y sus aliados. Investigaciones y operaciones como «Tempus Veritatis» muestran un escenario donde la justicia se está utilizando como herramienta de lucha política.
En conclusión, la secuencia de operaciones y decisiones judiciales contra figuras asociadas al Gobierno de Bolsonaro plantea preguntas profundas sobre la imparcialidad y los límites de la actuación del STF.
Las instituciones brasileñas enfrentan críticas por sus acciones y las comparaciones con regímenes autoritarios en Iberoamérica, como Venezuela y Nicaragua, son cada vez más comunes.
Tales comparaciones subrayan el temor de que, bajo el pretexto de defender el Estado de Derecho, actores judiciales politizados puedan estar, paradójicamente, erosionando los fundamentos de la democracia y la libertad, acercando a Brasil a una realidad donde el poder judicial actúa más allá de su competencia constitucional, transformando gradualmente el país en un régimen cada vez más autoritario y en donde las instituciones actúan de manera partidista y politizada.
