Operación Imeri. Así han denominado, según el diario brasileño Defesa Net, al plan del gobierno de Lula da Silva para rescatar a Nicolás Maduro en plena ofensiva de la Administración Trump contra el narcoterrorismo en Iberoamérica. El nombre procede de la cordillera amazónica que separa Brasil de Venezuela y alude al posible corredor por el que se articularía la maniobra: un plan concebido en despachos diplomáticos de Itamaraty y discutido en voz baja entre militares y cancilleres.
El trasfondo de la operación está marcado por la presión de Washington. Hace escasos días, Donald Trump ordenó el despliegue de tres destructores con misiles guiados y unos 4.000 efectivos en el Caribe sur, en un movimiento que oficialmente se justificó como parte de la guerra contra el narcotráfico, pero que en realidad buscaba enviar un aviso inequívoco: Estados Unidos no tolerará que Venezuela se convierta en plataforma continental del Cártel de los Soles, con ramificaciones hacia el Cártel de Sinaloa y el Tren de Aragua.
Con Maduro señalado en documentos estadounidenses como jefe narcoterrorista y con una recompensa de 50 millones de dólares por su captura, la dictadura chavista se vio obligada a reaccionar. Caracas movilizó milicianos, activó sistemas antiaéreos de origen ruso y encomendó al general Domingo Hernández Lárez planes de contingencia, mientras el almirante Remigio Ceballos reforzaba la retórica antiimperialista para disimular un régimen colapsado económicamente y cada vez más fracturado en el seno de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
En ese contexto nació Imeri, concebida como una ruta de escape para Maduro y su círculo cercano. Según filtraciones, las conversaciones iniciales se produjeron en Bogotá durante la cumbre de la OTCA/CELAC este agosto, cuando el canciller Mauro Vieira y su homólogo venezolano, Yván Gil, mantuvieron reuniones discretas con la mediación de asesores militares. Oficialmente hablaron de integración fronteriza; extraoficialmente, exploraron fórmulas para sacar a Maduro hacia territorio brasileño antes de que fuera capturado por la oposición armada o por operaciones del Comando Sur.
El plan tendría dos variantes. La primera consistiría en una evacuación marítima mediante el despliegue del portahelicópteros Atlântico, fragatas Niterói y el buque Bahía, apoyados por comandos navales de operaciones especiales y buzos de combate. La operación se presentaría como un ejercicio naval en aguas internacionales, aprovechando un resquicio legal que permitiría al Ejecutivo actuar sin autorización del Congreso. La segunda opción, aún más arriesgada, contemplaría una infiltración aérea con un KC-390 Millennium de la Fuerza Aérea, que aterrizaría de forma táctica en una pista venezolana para recoger al dictador y despegar de inmediato rumbo a Boa Vista (Roraima).
Según las mismas fuentes, en Brasil ya se observan movimientos compatibles con ese escenario: vuelos de adiestramiento en Anápolis y Campo Grande, reforzamiento logístico en Pacaraima y traslado discreto de blindados hacia Boa Vista. Todo ello se integra en el marco de la Operación Atlas, con la que el gobierno de Lula intenta camuflar la maniobra bajo ejercicios militares de rutina.
La iniciativa, sin embargo, ha provocado fricciones internas en las Fuerzas Armadas brasileñas. Parte de la Marina y de la Infantería de Marina se habrían mostrado contrarias a colaborar en una extracción que beneficiaría a un régimen considerado criminal por buena parte de la comunidad internacional. Este desacuerdo revela divisiones profundas en la estructura militar, donde muchos oficiales temen las repercusiones diplomáticas y económicas de confrontar abiertamente a Estados Unidos.
