Una investigación liderada por dos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia apunta que el presidente del país, Gustavo Petro, habría incurrido en 2022 en violaciones a los topes que prescribe la ley para hacer campaña electoral, reavivando con ello la polémica sobre la legitimidad de origen de su mandato.
Así, los magistrados Benjamín Torres y Álvaro Hernán Prada, notificaron de varias violaciones cometidas por el comando de campaña del presidente izquierdista previo a los comicios en los que resultó electo; unos hechos que, de acuerdo a los integrantes del CNE, evidencian un exceso de hasta 5.300 millones de pesos (un poco más de un millón de euros) en la financiación permitida por ley.
El comando petrista habría sobrepasado en 3.700 millones de pesos (800 mil euros) el tope legal durante la primera vuelta electoral, mientras que durante la segunda el exceso fue de unos 1.600 millones de pesos (350 mil euros). Adicionalmente los magistrados apuntan que Petro recibió aportes de personas jurídicas, algo que también se encuentra reñido con el marco legal que regula la materia.
Los señalamientos que comprometen a Xavier Vendrell
Dentro de la operación ilegal surge el nombre de Xavier Vendrell, un exdiputado del Parlamento catalán cuestionado por sus vinculaciones con el procés y con las acciones de los terroristas de Tierra Lliure. Vendrell arrastra presuntas relaciones comerciales con el mandatario colombiano desde su época como alcalde de la ciudad de Bogotá, cuando su actividad privada se centraba en el negocio de la recolección de basura.
Con el paso del tiempo la estrella de Vendrell en el entorno político íntimo de Petro ha venido creciendo, llegando en los últimos años a asesorarle. En el caso del escándalo devenido a partir de la campaña presidencial el catalán es señalado en principio por no haberse reportado el pago de sus honorarios ante el CNE; una situación que éste ha exculpado escudándose en que fue contratado por una compañía para laborar en la campaña exigiéndole que cumpliese con un contrato de confidencialidad.
Además de ello es señalado por haber coordinado un programa de organización de testigos de la campaña petrista en el que se hicieron pagos que tampoco fueron reportados al organismo que supervisa los procesos electorales en Colombia.
Otro escándalo lo sitúa al frente de las coordinaciones que permitieron alquilar el Movistar Arena en Bogotá, desde donde Petro celebró los resultados de la segunda vuelta y que terminó constando cerca de 60.000 euros, mientras el comando de campaña reportó al CNE que dicho costo habría sido cercano a los 38.000 euros.
Otras irregularidades
Otras violaciones a las disposiciones legales incluyen la omisión de reportes que debía hacer el comando de campaña petrista para contratar publicidad en televisión, servicios de transporte y la entrega de dinero por parte de entidades como la Unión Sindical Obrera (USO) de la empresa Ecopetrol o de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) que no fueron reportadas, en el entendido de que tales organizaciones, al ser personas jurídicas, están impedidas legalmente para hacer dichos aportes.
Aunque se trata de hechos muy graves, el CNE sólo podría terminar aplicando una suerte de sanción administrativa al hoy presidente colombiano, quien eventualmente tendría que pagar multas por las faltas cometidas durante la campaña.
Sin embargo, los hallazgos de esta investigación envían un mensaje a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia, quien sí podría adelantar un proceso penal contra el mandatario.
