Con la detención de Nicanor Boluarte, imputado como líder de una presunta organización criminal que habría utilizado su influencia como hermano de la presidenta peruana Dina Boluarte para designar prefectos -delegados del Gobierno en regiones- con la finalidad de hacerse de dádivas económicas e inscribir su propio partido político, la tenaza contra la jefa de Estado del país andino se va cerrando para promover su vacancia del cargo.
Eso sí, tendría que prosperar una moción de esa magnitud en el Congreso, donde Boluarte cuenta con cierto respaldo del bloque de derecha -y de partidos bisagra cuya ideología política es bastante difusa- que la sostiene desde que, en diciembre de 2022, asumió la presidencia tras el golpe de Estado de su exjefe, Pedro Castillo, hoy preso mientras se le investiga por rebelión y conspiración.
Cabe precisar que, por más que la izquierda insista en que este respaldo político convierte a Boluarte y su gobierno en derechista, tal afirmación es solo un eslogan utilizado por quienes no pudieron atraerla hacia su redil y, tras fracasar en su intento por «domar» a Castillo y al jefe del partido que lo llevó a la presidencia, el hoy prófugo Vladimir Cerrón, perdieron el poder del cual habían gozado -siempre como parásitos y jamás por las urnas- en el tortuoso aparato público desde el gobierno de Ollanta Humala, otro expresidente peruano con un pie en prisión por el caso Odebrecht.
A la izquierda caniche peruana le gusta olvidar -la izquierda «caviar», como llaman en el Perú a los socialistas de café y tertulia- que llamó a votar por Castillo en el balotaje una vez que sus candidatos pigmeos apenas rozaron un dígito en las elecciones generales 2021, que acompañaron en el Ejecutivo a sus primos más radicales, Perú Libre, a pesar de que el ideario y plan de Gobierno marxista y leninista no tenía ni una sola hoja a favor de la agenda feminista o elegetebita. Tampoco les importaron los vínculos o simpatías que estos tenían con las economías criminales, las dictaduras chavistas de la región y la subversión comunista que sobrevive en la selva con ayuda del narco.
Las dos izquierdas
Habría que hacer una precisión importante a partir de este renglón, porque, como buenos cainitas, la izquierda peruana se divide -al menos a primera vista- en dos, la «progre» y la «ortodoxa». Ambas quisieron domar al provinciano Castillo, un sindicalista de pocas luces que ha evidenciado tener un coeficiente intelectual digno de un desdichado con primaria trunca pero que tampoco es un inimputable.
Como no pudieron domarlo, rápidamente le quitaron el carné de izquierdista y le dieron la espalda. El sector más «ortodoxo», descontento ante la postergación de la asamblea constituyente y otras quimeras de espanto para cualquier sociedad que aspira a ser próspera y libre, le quitó respaldo y consejo, dedicándose a cobrar los sueldos que jamás podrían tener por mérito propio.
El otro sector, más avezado y con recursos, conspiró con sus fiscales, policías y un astuto ministro del Interior -que se autodenominó ‘Caballo de Troya’– para socavar el (des) Gobierno castillista, acelerando las investigaciones por corrupción que pesaban contra el entonces presidente y sus allegados, y que ya habían sido denunciadas por la derecha, incluso motivando mociones de vacancia que no prosperaron por falta de votos. Sin embargo, una vez que Castillo demostró que no les daría ningún espacio de participación y, sobre todo, cuando sus carpetas fiscales lo volvieron indefendible, le soltaron la mano y este terminó dando el golpe de Estado suicida que lo llevó preso.
Algo muy parecido pasa con Boluarte, quien postuló en la lista de Pedro Castillo como su vicepresidente y ocupó el estratégico Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, dedicado a los programas asistencialistas que tanto gustan a la izquierda para crear ciudadanos dependientes de la caridad estatal.
A pesar de su alejamiento de Perú Libre y de Castillo -quien terminó rodeándose de dos asesores todavía más tóxicos, sus ex primeros ministros Aníbal Torres y Bettsy Chávez, esta última también con prisión preventiva por su papel en el golpe de Estado-, al principio no gozó de simpatía alguna por parte de la oposición, sobre todo de la más severa, Renovación Popular, cuyo vocero llamó a apartarla del cargo. Sin embargo, el mismo ahora advierte que una moción de vacancia presidencial sería un «suicidio económico«. ¿Incoherencia? No, prudencia, pragmatismo y cálculo.
Es cosa de tiempo…
Si la derecha peruana en el Congreso, encarnada en Renovación Popular, Fuerza Popular y Avanza País, junto a los partidos bisagra como Alianza para el Progreso o Podemos Perú, todavía no respalda su vacancia, es porque entienden, primero, del peligro que supone un vacío de poder, facilitador de la anarquía; segundo, del riesgo de una elección adelantada en medio de ánimos tan caldeados entre el electorado, peor cuando Antauro Humala, el líder del etnocacerismo, una suerte de fascismo andino que propone la destrucción de la república criolla y la restauración del Tahuantinsuyo, es uno de los favoritos en las encuestas; y, tercero, de las para nada sanas intenciones de la izquierda caviar, que busca capitalizar el descontento popular para hacerse con el poder a través de la sucesión constitucional con una lista a su medida en la Mesa Directiva del Parlamento, una fórmula que les funcionó en noviembre de 2020 y permitió la presidencia interina de Francisco Sagasti, el Kérenski peruano.
Es necesario advertir que la presidencia de Dina Boluarte es insostenible dadas las condiciones actuales. Incapaz de gobernar el país desde el primer día, pudo sortear las protestas con tintes subversivos de finales de 2022 e inicios de 2023 porque el bloque de derecha en el Congreso, así como las Fuerzas Armadas, policía y demás organismos constitucionales, le brindaron su respaldo.
Sin embargo, el caso Rolex, que reveló el gusto de la presidenta por los relojes de alta gama y las joyas de oro y diamantes, empezó la demolición de Boluarte. Ahora, la reciente publicación del informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, que reveló el aumento de la pobreza y extrema pobreza -se trata de 3,2 millones más de personas en comparación al 2019-, ha sido un golpe a la mandíbula. Finalmente, la detención de su hermano, acusado por tráfico de influencias, la conduce a sala UCI.
Su incompetencia y frivolidad le han pasado factura, y solo falta que el Congreso, abocado por ahora en aprobar reformas políticas que resten poder a sus rivales, termine los puntos más importantes de su agenda para apuntar toda su artillería contra Boluarte. Esto ocurrirá, probablemente, después de elegir a la Mesa Directiva en la segunda quincena de julio. Y en esa mesa estará la persona que ocupará la Presidencia de la República.
Que sea la primera mujer en la historia del Perú en llegar a la presidencia será un dato irrelevante, un pie de página, pues, indudablemente, Dina Boluarte será recordada como una inquilina más de la cárcel presidencial de Barbadillo, celda contigua a la de Pedro Castillo.
