La toma de Kabul por parte de los talibán y la instauración de un gobierno ‘de facto’ en Afganistán hace ahora cinco años llega en pleno deterioro de la crisis humanitaria y un retroceso en los derechos y libertades, en especial de las mujeres, que lleva a analistas internacionales a denunciar un apartheid de género, mientras que el movimiento fundamentalista ha logrado consolidar su poder pero no ha ampliado su reconocimiento internacional.
A mediados de agosto de 2021, con la toma formal de Kabul y la huída del entonces presidente, Ashraf Ghani, el país centroasiático entró en una nueva fase política que, según advierte la directora ejecutiva de FIBGAR, Alessia Schiavon ha dejado «una de las peores crisis humanitarias y de Derechos Humanos del mundo», que ha empeorado en el último lustro a medida que la comunidad internacional ha carecido de instrumentos para presionar a las autoridades afganas.
Contra los Derechos Humanos
En este tiempo, el régimen talibán ha emitido 264 decretos que violan los Derechos Humanos, de los cuales 166 apuntan contra las libertades de las mujeres y las niñas afganas, lo que afecta directamente a 20 millones de afganas en todos los aspectos de su vida y también en el ámbito privado.
Schiavon recalca que las medidas tienen impacto en «cualquier aspecto de la vida» y no solo afectan a la educación, limitada ahora a las mujeres que tienen vetada a partir de los 12 años. «Desapareció la educación superior y la universidad. Si pensamos cómo estaba Afganistán antes de la toma de los talibán, se hace un paralelismo con el Irán de los años 70, pero no pueden trabajar, no pueden acceder a los servicios de salud, no pueden básicamente salir de sus casas», ha argumentado.
«Afganistán se ha convertido en una experiencia piloto de lo que puede significar el apartheid de género», afirma Schiavon, que recalca que las medidas adoptadas «afectan a las mujeres y a las niñas en cualquier aspecto de su vida» y que Afganistán puede convertirse en un precedente de retroceso global en materia de derechos de las mujeres.
La experta en Derechos Humanos explica que Kabul sigue firme en su política de «inspectores morales» que revisan que las mujeres están acompañadas de sus tutores masculinos, y llegan a entrar «incluso en los quirófanos» de los hospitales. «Claramente ahora todas las actividades públicas, todas las acciones que las mujeres pueden hacer, las pueden hacer solamente bajo el control del ‘maharam'», explica en referencia a la figura del hombre tutor en la sociedad afgana.
A su juicio, esta política de Estado es un ejemplo del uso de los hombres y las familias «como un brazo armado policial». «Los talibán han convertido a padres, esposos, hermanos en vigilantes, en vigilantes de las mujeres en la casa», ha subrayado, para recalcar que las violaciones de derechos a la postre afectan a la totalidad de la población en Afganistán.
Frente a esto, la responsable de FIBGAR valora que se han dado pequeños pasos para la rendición de cuentas con una etapa muy preliminar ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) pero critica que algunos países, como Alemania, estén virando su posición por el interés relativos a la política migratoria y el retorno de inmigrantes afganos a Kabul.
En medio de los contactos técnicos de la Comisión Europea con las autoridades talibán con este fin, incide en que la Unión Europea y la comunidad internacional en su conjunto deben elevar la presión sobre Afganistán para ser «coherentes con los compromisos y las narrativas» respecto a los Derechos Humanos.
El reconocimiento de facto, una opción equivocada
La recepción en junio de una delegación talibán en el seno de la Unión Europea, una visita sin precedentes desde el retorno de los integristas al poder hace cinco años, terminó de confirmar de una vez por todas la admisión de la comunidad internacional de una realidad: reconocido o no, el Gobierno talibán es la autoridad única e indiscutible del país.
El problema, avisaron esta semana expertos de Naciones Unidas —con el relator especial sobre Afganistán, Richard Bennett, a la cabeza— reside en que «la idea de que la opresión talibán es una realidad que hay que aceptar para fomentar la moderación sigue siendo peligrosa y equivocada» porque a las espaldas hay cinco años de pruebas que demuestran que los talibán no tienen ni la más mínima intención de aflojar su control sobre el país. «Normalizar un régimen que persigue sistemáticamente a más de la mitad de su población no fomenta el cambio», avisan, sino que «legitima la opresión».
Un último detalle a tener en cuenta: el líder de los talibán, el mulá Haibatulá Ajundzada, se encuentra bajo orden de arresto del Tribunal Penal Internacional (TPI) por la comisión de crímenes contra la Humanidad a través de la persecución por cuestión de género. Ajundzada lleva desde la caída de Kabul prácticamente atrincherado en Kandahar, la cuna de los talibán. El año pasado, coincidiendo con el cuarto aniversario de su victoria, ordenó la retirada de la interinidad a todos sus ministros, que a partir de entonces dejaron de ejercer en funciones y se consolidaron en sus cargos.
Decreto a decreto
Uno de los últimos ejemplos de opresión sistemática en Afganistán ha ocurrido en mayo de este año. El llamado ‘Decreto 18’ reconoce los matrimonios concertados durante la infancia, refuerza el control de los tutores masculinos sobre las decisiones matrimoniales y establece obstáculos adicionales para que mujeres y niñas puedan cuestionar o abandonar estas uniones.
Además, impone la aprobación de un tribunal como requisito indispensable para conseguir la impugnación de dichos matrimonios por parte de mujeres y niñas, a pesar de que a los hombres no se les imponen barreras comparables a la hora de disolver sus matrimonios, pudiendo divorciarse de forma unilateral y sin necesidad de testigos, de confirmación judicial o de complejos requisitos técnicos. Asimismo, contempla que el silencio de una niña tras alcanzar la pubertad pueda interpretarse como consentimiento para aceptar el matrimonio.
En un comunicado conjunto, Amnistía Internacional, Entreculturas y Mundo Cooperante no ven más remedio que hacer presión a los talibán para que remodelen todo este sistema de principio a fin, porque el matrimonio forzado no es sino un ejemplo más de una represión estructurada. Las mujeres y las niñas solo tendrán una oportunidad a través de la creación de un nuevo ordenamiento jurídico formal, algo impensable en el escenario actual.
