Australia ha firmado un acuerdo millonario con la diminuta isla de Nauru para convertirla en un destino de deportación de inmigrantes delincuentes. El pacto, cerrado el pasado viernes con la tercera nación más pequeña del mundo, contempla el envío de asesinos, pederastas y otros criminales extranjeros que no pueden ser expulsados a sus países de origen.
Australia abonará unos 234 millones de euros de entrada y cerca de 41 millones de euros anuales durante 30 años, lo que eleva el coste total del acuerdo a unos 1.462 millones de euros. Con esos fondos, la isla de apenas ocho millas cuadradas deberá habilitar espacios para acoger a los deportados.
La medida llega tras un fallo del Tribunal Supremo en 2023 que prohibió retener indefinidamente en centros migratorios a extranjeros con condenas cumplidas. Muchos de ellos son apátridas o personas cuyos países se niegan a readmitirlos, lo que ha obligado a Australia a buscar alternativas.
La oposición y organizaciones de derechos humanos han cargado contra el acuerdo. El senador verde David Shoebridge acusó al Gobierno laborista de tratar a Nauru como «vertedero», mientras que Human Rights Watch denunció que la ley permite deportaciones sin informar previamente a los afectados.
Habitantes de la isla, de unos 12.000 residentes, también expresaron reservas, pero vieron la parte positiva: «Es una forma fácil de hacer dinero«, declaró un empresario local a Reuters
Nauru, que fue una de las naciones más ricas del mundo gracias a la exportación de fosfatos tras su independencia de Australia en 1968, vive hoy sumida en la pobreza: uno de cada cuatro habitantes está por debajo del umbral de necesidades básicas y el PIB per cápita apenas alcanza entre 7.500 y 9.000 euros anuales.
