Los gobiernos de Suecia y Reino Unido están detrás de la presión internacional para legalizar el aborto en Zimbabue, utilizando una red de ONG abortistas financiadas con fondos públicos extranjeros, según denuncian organizaciones provida y líderes religiosos del país africano, citados por The European Conservative. Los críticos califican la operación como injerencia política, neocolonialismo ideológico y una vulneración directa de la soberanía nacional.
De acuerdo con datos del World Values Survey (2020), cerca del 85% de los zimbabuenses rechaza el aborto, un rechazo social que, pese a ello, no ha frenado el empuje de actores internacionales decididos a modificar la legislación del país.
Julie Glen-Williamson, portavoz de Pro-Life Zimbabwe, ha advertido de que la ofensiva abortista «no nace del pueblo de Zimbabue, sino de gobiernos extranjeros que pretenden imponer valores ajenos a nuestra cultura». En su opinión, se trata de «una nueva forma de colonialismo», esta vez ideológico.
Según una investigación publicada inicialmente por European Conservative, el Gobierno sueco sería el principal financiador de las organizaciones que presionan para liberalizar el aborto en Zimbabue. Estocolmo destina millones de dólares anuales a programas de «salud sexual y reproductiva» (SRHR), una parte sustancial de los cuales se dedica a la promoción del aborto, canalizados a través de entidades como SRHR Africa Trust, Population Services Zimbabwe, Amplify Change o International Planned Parenthood.
Además, altos cargos suecos participaron recientemente en el SRHR Indaba 2025, celebrado en Zimbabue con motivo del llamado «Día Internacional del Aborto Seguro», mientras que la embajada de Suecia en Harare promocionó abiertamente el evento bajo el lema de su «política exterior feminista».
En el caso del Reino Unido, la red Women and Law in Southern Africa (WLSA) ha reconocido públicamente que su labor de presión para cambiar la legislación zimbabuense está financiada por el Ministerio de Exteriores británico (FCDO). La propia organización se atribuye un papel clave en la tramitación de la Enmienda de la Ley de Interrupción del Embarazo, actualmente en debate parlamentario.
Desde Right To Life UK, su portavoz Catherine Robinson ha denunciado que «los contribuyentes británicos estén financiando grupos de presión para imponer una legislación abortista extrema en un país donde la inmensa mayoría de la población se opone». Robinson recuerda, además, que el 65% de los británicos rechaza que se utilicen fondos públicos para promover abortos en el extranjero.
La enmienda legislativa permitiría, en la práctica, el aborto a demanda hasta las 20 semanas, introduciría el aborto por supuestos motivos de «salud mental» —considerados un coladero legal— y permitiría que menores aborten sin conocimiento de sus padres, eliminando además obligaciones de notificación en casos de violación o abuso.
Actualmente, el aborto en Zimbabue sólo está permitido cuando la vida o la salud física de la madre corren grave peligro, o en casos de violación o incesto. La Constitución zimbabuense, en su artículo 48, reconoce explícitamente el derecho a la vida y obliga al Parlamento a proteger la vida del no nacido.
Las Iglesias cristianas del país han reaccionado con contundencia. La Conferencia Episcopal Católica de Zimbabue denunció en noviembre la presión de organizaciones extranjeras para imponer «el mal del aborto» y pidió a los representantes públicos que defiendan «a los más vulnerables: los no nacidos». En la misma línea, el Consejo de Denominaciones Cristianas alertó de que la reforma «desmantelaría protecciones históricas y atentaría contra la estabilidad moral y social del país».
La enmienda ya ha sido aprobada por la Asamblea Nacional y será votada por el Senado este 16 de diciembre. Si supera este trámite, pasará al presidente Emmerson Mnangagwa, que podrá sancionarla o devolverla al Parlamento.
