Todo el mundo en Occidente celebró con la caída del régimen de Bashar Al Asad en Siria a manos de una milicia islamista hace nueve meses. Sí, su líder, Ahmad al-Sharaa, había militado en Al Qaeda, pero llegó al poder prometiendo democracia y paz, y no tardó en ser recibido por los líderes occidentales, muy especialmente por Ursula von der Leyen, que le prometió sustanciosas ayudas.
Nueve meses después comprobamos que eran los agoreros quienes tenían razón. En ese espacio de tiempo, más de 3.000 personas han sido ejecutadas extrajudicialmente por las fuerzas de seguridad sirias y facciones armadas afiliadas, según informa el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (SOHR).
Entre el 8 de diciembre del año pasado y el 6 de septiembre, SOHR documentó la muerte de 10.672 personas en todo el país en actos de violencia, incluidas 3.020 personas que fueron ejecutadas extrajudicialmente. «La caída del régimen de Assad también coincidió con un caos de seguridad sin precedentes en todas las zonas sirias», señaló SOHR, lo que resultó en la proliferación de «asesinatos y masacres de base política y sectaria».
La mayoría de las víctimas pertenecen a las minorías religiosas alauita y drusa de la costa siria y de Suwayda, consideradas apóstatas que merecen ser asesinadas por los extremistas que llenan las filas de las fuerzas de seguridad del presidente Sharaa.
