El régimen comunista de Corea del Norte ha intensificado el uso de la pena de muerte como instrumento de control político y social tras la pandemia del coronavirus. Así lo denuncia un informe del Grupo de Trabajo para la Justicia Transicional (TJWG), una ONG surcoreana que documenta un aumento significativo de ejecuciones entre 2020 y 2024.
Según el estudio, al menos 153 personas han sido ejecutadas o condenadas a muerte en ese periodo, lo que refleja un endurecimiento de la represión tras el cierre de fronteras decretado por el régimen de Kim Jong Un durante la crisis sanitaria.
Los datos apuntan a un incremento del 116,7% en el número de ejecuciones y condenas —de 30 a 65 casos—, mientras que el número de personas afectadas por estas sentencias se disparó un 247,7%. La mayoría de los castigos están vinculados a delitos ideológicos, como la práctica religiosa, creencias consideradas «supersticiosas» o el consumo de contenido cultural extranjero, especialmente series surcoreanas o música K-pop.
El informe subraya que esta tendencia supone un giro respecto al periodo 2015-2019, cuando el régimen redujo parcialmente las ejecuciones ante la presión internacional derivada de investigaciones impulsadas por Naciones Unidas. Sin embargo, el aislamiento global durante la pandemia habría permitido a Pyongyang retomar estas prácticas con mayor intensidad.
La ONG ha identificado al menos 46 lugares de ejecución repartidos por una decena de localidades, entre ellas Hyesan, Pyongyang, Chongjin, Hamhung y Hoeryong. Más del 70% de las ejecuciones se realizan en público, principalmente mediante fusilamiento, con el objetivo de intimidar a la población y reforzar el control ideológico.
El informe advierte de que el régimen podría intensificar aún más estas prácticas en el futuro, especialmente en un contexto marcado por la consolidación del poder dinástico. «Existe un alto riesgo de que aumenten las ejecuciones para mantener el dominio político y cultural», señala el documento.
Corea del Norte se mantiene así como uno de los sistemas más represivos del mundo, donde la pena de muerte continúa siendo utilizada como herramienta de terror estatal al servicio de la supervivencia del régimen.
