Vencido el terrorismo convencional como lo padecimos en muchos países durante la segunda mitad del Siglo XX, los enemigos de la libertad no han desaparecido; tan solo han cambiado su fisonomía. En la actualidad han adoptado causas y banderas detrás de las que militan el mismo paradigma: destruir nuestro estilo de vida. Una de las principales de esas espadas es el narcotráfico.
México es uno de los focos narcoterroristas más violentos del continente americano. Su presidente, Andrés Manuel López Obrador, intentó la política de «abrazos no balazos» con el delito del tráfico de estupefacientes. Un lector desprevenido podría pensar que se trata del título de una novela romántica pero no, fue en ese marco su decisión de liberar en 2019 al peligroso narco Ovidio Guzmán, el hijo menor del famoso «Chapo» con el absurdo argumento de «evitar la violencia», malinterpretando los hechos dado que la causa de la violencia era, precisamente, la impunidad de movimientos del traficante, no su detención. Tres años después, a comienzos de 2023 Guzmán fue detenido nuevamente. El episodio es confuso pues no queda claro si la operación fue independiente de las preferencias de AMLO o si cambió de opinión y ahora lo quiere preso.
Lo cierto es que el joven y peligroso jefe del Cartel de Sinaloa está acusado de ser el principal proveedor de fentanilo a los Estados Unidos, motivo por el cual ese país reclama su inmediata extradición. El gobierno mexicano acaba de adelantar su decisión de negar dicha extradición y paradójicamente (o no) Guzmán fue alojado en la misma cárcel de la que su padre se fugó en 2015.
A los pocos días de esta nueva detención, uno de los agentes policiales que participó del operativo fue acribillado por cuatro sicarios que le dispararon 150 proyectiles en 6 segundos. El mensaje es más que claro.
En Sinaloa, el salario promedio es de120 euros mensuales; una de cada dos personas vive bajo el umbral de la pobreza, suficiente para que el negocio de la droga se instale con comodidad y sin resistencia. México tiene el récord de contabilizar 3500 asesinatos durante 2019 y ha sido señalada por la prensa independiente por cuarto año consecutivo como el lugar más peligroso para trabajar.
El Grupo de Puebla, un juntadero de países de izquierdas, todos pobres sin excepción, tiene una agenda muy activa: milita el aborto, se desvela con el cambio climático, los deshielos continentales y la educación sexual con ideología de género obligatoria a menores o de edad; sin embargo, en esos países grandes porciones de sus poblaciones carecen de agua potable y cloacas, y comen salteado, los niveles de desnutrición infantil son escandalosos y la desocupación, alarmante; en lugar de centrar la preocupación allí, sus gobernantes arremeten contra la prensa libre, los jueces y cualquier indicio de oposición pero sugestivamente ninguno, ni juntos ni separados, se manifiestan ante el flagelo de la droga. En Argentina sin ir más lejos, la ciudad de Rosario es zona liberada. Los narcos mandan y los enfrentamientos entre cárteles son a cielo abierto, mientras la política y la sociedad civil guardan un silencio cómplice.
El narcotráfico es el terrorismo del siglo XXI. Siembra el terror en la población civil. Los narcos matan por venganza, echan a rodar cabezas (literalmente) para horrorizar y paralizar ciudades; el fentanilo es, sin exagerar, un arma de destrucción masiva. Sin embargo, el presidente Joe Biden, en lugar de ejercer su influencia de potencia mundial frente a México, su peligroso vecino, lo visita amigablemente mientras éste le niega la extradición a uno de los principales enemigos de los Estados Unidos, responsable de la muerte de millones de sus jóvenes.
En paralelo, por estas horas se prepara para mañana, 24 de enero, en Buenos Aires, una reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) fundada en 2010 por Lula da Silva, Hugo Chávez, Rafael Correa, Ollanta Humala y Cristina Fernández de Kirchner entre otros e integrada actualmente por 33 países entre los que se destacan la Argentina, Venezuela, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Haití, Ecuador, El Salvador, Honduras, México y Nicaragua. Con la asunción de Lula da Silva a la presidencia se materializó la reincorporación de Brasil. Entre los proyectos que se analizan, figura la propuesta de Evo Morales de crear una «Coordinadora de Movimientos Sociales de la Región». En este sentido, miembros de la oposición argentina, Patricia Bullrich específicamente, reclamaron al Gobierno la inmediata detención de los grupos cocaleros que lidera Morales y que desembarcarían con él en el país.
Además, el presidente Lasso ha declinado su participación tras la decisión de Argentina de proteger con asilo político a una funcionaria del expresidente Rafael Correa condenada a ocho años por corrupción. La exministra se encuentra en la embajada argentina en Quito desde 2020 tras probarse su participación en los casos de sobornos entre 2012 y 2016.
Cuba y Venezuela, por su parte, temen que los aviones con los que volarían a Buenos Aires sean embargados; se trata de aeronaves de la firma Conviasa, propiedad del estado venezolano, sancionada por Estados Unidos.
En tanto el presidente pro tempore de la Celac, el argentino Alberto Fernández, ha adelantado su intención de «avanzar con la Unión Europea en una cumbre con Bruselas», declaraciones en las que se menciona la búsqueda de una «concertación política». Conocida la férrea alineación de Bruselas a la Agenda 2030, estos acercamientos con lo peor de América Latina y el Caribe no son buenas noticias.
Este polo de izquierdas que lucha por afianzar su permanencia en la América Latina es un contrapeso ominoso para los planes de progreso de la región. Con el paso del tiempo, se hace progresivamente más dificultoso rescatar de la miseria a esos vastos sectores de población que los sistemas clientelares aplicados los mantienen de rehenes de los estados y de la pobreza sin posibilidad alguna de libertad. El hambre y la ignorancia como mecanismo de control del ser humano.
Además de ello y del millonario negocio del narcotráfico, la inmigración ilegal es la otra gran variable del siglo con la que el globalismo intenta colonizar y desestabilizar las sociedades desarrolladas. La Administración Biden (sí, otra vez los demócratas americanos) después de dos años de inacción (que en sí implica una poderosa acción a favor del continuo drenaje de ilegales, incluido los inhumanos negocios que se multiplican alrededor) acaba de decidir el otorgamiento de 30.000 visas mensuales más a extranjeros de esos países. Hace días tuvo enfrente a López Obrador, principal responsable del ingreso ilegal a su país de esa marea humana procedente de casi toda Latinoamérica hacia Texas, y no reclamó por tamaña insensatez.
Estados Unidos encara de forma equivocada el tema del flujo migratorio. Salvando las distancias, es como la manta corta de los planes sociales que otorga el Gobierno argentino a los necesitados: nunca alcanza porque el problema no son ni la cantidad de planes ni los montos repartidos sino la inestabilidad económica que hace inviable el crecimiento, única herramienta contra el hambre y la pobreza. En Estados Unidos no es el volumen de visas que otorguen o la celeridad del trámite sino los sistemas políticos de esos países que expulsan a sus ciudadanos, abrumados por la corrupción oficial y la falta de trabajo que derivan en pobreza y falta de expectativas.
Tanto es así que los números lo indican: como consecuencia directa de esos estados fallidos Estados Unidos triplicó la cantidad de latinos instalados en el país. Según el último censo, alcanzan los 62 millones aunque el mismo titular del organismo estima que hay aproximadamente un 5% más que no está contabilizado porque se resiste a ser censado, con lo que en verdad llegarían a 65 millones, la tercera parte de la población total del país del norte. Vale agregar que solo Venezuela registra siete millones de exiliados que están repartidos por el mundo, mientras que España ha recibido, legalmente, 350.000 argentinos solo durante 2022, una muestra desgarradora de la disolución nacional que consiguen esas pésimas administraciones.
Estados Unidos no podrá solucionar el drama migratorio volanteando visas; la miseria es un drama mundial cuyo abordaje requiere de otro tratamiento que la ideología se niega a afrontar.
Otro punto clave de los muchos por abordar en un análisis sobre el rumbo que lleva Occidente pareciera, a simple vista, un tema ajeno a la política y los vaivenes de los intereses mundanos; sin embargo, está muy relacionado y tiene una trascendencia mayúscula: es el derrotero que tomará la Iglesia católica tras la desaparición física de lo que algunos consideraban el muro de contención que representó la descomunal figura del Papa Benedicto XVI.
Dicen los estudiosos de los temas vaticanos que su ascendiente fue una suerte de condicionante para el Papa Francisco, en tanto siempre le reconoció su enorme predicamento, la relevancia de su aporte teológico y respetó el significado que su legado conservó en la feligresía. El nuevo escenario permite suponer posible el ejercicio de un papado involucrado en la política de los hombres. La presunción de convertirse en una tendencia más explícita no es caprichosa siendo el actual pontífice un hombre con un pasado activo en la política partidaria del peronismo, a cuya dirigencia sigue vinculado.
Las cuestiones planteadas en la actualidad ya tienen una entidad sustantiva y están llamadas a mantener e incrementar su protagonismo. De nuevo las sociedades, a quienes los temas mencionados los exceden pero los involucran, miran a sus clases dirigentes a la espera de acciones y soluciones.
