En las manifestaciones contra el gobierno la gente grita “Daniel y Somoza son la misma cosa”.
En julio de 1979 el dictador Somoza se vio obligado a abandonar Nicaragua tras una cruenta guerra civil que costó entre 25.000 y 35.000 vidas. Los antisomocistas, que agrupaban a los representantes de las diferentes tendencias, que incluían a socialistas y comunistas, pero también a demócratas y liberales, presentaron un programa de quince puntos que preveía instituir un régimen democrático, basado en el sufragio universal y con libertad para formar partidos políticos. Sin embargo, al igual que sucedió en la Cuba de Batista, sería la formación de servidumbre comunista la que ocuparía el poder.
No en vano el FSLN, Frente Sandinista de Liberación Nacional, mantenía estrechas relaciones con el régimen de Castro, tanto a nivel financiero como de entrenamiento de guerrilleros y asesoramiento a los comandantes sandinistas. Prevaliéndose de su superioridad en la lucha armada, los hermanos Ortega, Daniel y Humberto, se hicieron con el control de la Junta de Gobierno y de Reconstrucción Nacional (JGRN) y el nuevo Consejo de Estado. Paralelamente en Occidente, los medios de comunicación izquierdistas aplaudían con entusiasmo la revolución sandinista. Muy estimado fue aquellos años en los circuitos “progresistas” de España la figura del sacerdote Ernesto Cardenal (suspendido a divinis por el papa Juan Pablo II en 1984), seguidor de la teología de la liberación y ministro de cultura del régimen comunista hasta 1987.
El régimen sandinista también chocó con las comunidades indígenas, que se oponían a sus planes de colectivización y que disfrutaban de una ventajosa autonomía heredada de la época española
Pronto los opositores que no se sometieron a los dictados del FSLN tuvieron que abandonar el país. En marzo de 1980 dimitió la viuda de Pedro Joaquín Chamorro, Violeta Chamorro, una de las grandes figuras de la lucha antisomocista, Adolfo Robelo, otro destacado opositor, la siguió. El nuevo gobierno sandinista impuso un modelo político-social a imitación del de La Habana, con un partido único, una economía intervenida y organizaciones de masas de corte totalitario. Al igual que en Cuba con los CDR, cada barrio tenía su comité de Defensa del Sandinismo (CDS) con la función de vigilar a sus habitantes y controlar a los disidentes. Se creó un ejército popular de 75.000 hombres, totalmente desproporcionado para un país con poco más de 4 millones de habitantes, que se “comía” casi el 50 % del presupuesto nacional. La deuda del país se disparó, la inflación llegó al 36.000 % en 1989 y se tuvo que implantar la cartilla de racionamiento. Los presos políticos alcanzaron la cifra de 20.000 encarcelados, denunciando la Comisión Permanente de Derechos del Hombre (CPHD) las numerosas desapariciones de personas detenidas como contrarrevolucionarias y muertas durante tentativas de fuga.
El régimen sandinista también chocó con las comunidades indígenas (unos 150.000 indios: misquitos, sumus o ramas, criollos y ladinos), que se oponían a sus planes de colectivización y que disfrutaban de una ventajosa autonomía (exención de impuestos y del servicio militar) heredada de la época española. El 23 y 24 de diciembre de 1981, en Leimus, el Ejército Popular Sandinista mataba a 110 mineros indígenas que habían reivindicado el pago de atrasos salariales. Los principales líderes indigenistas fueron detenidos y asesinados algunos de ellos. La represión se prolongó desde 1982 a 1987, años en que estuvo vigente el estado de sitio en las zonas habitadas por las comunidades indígenas, con deportaciones de cerca de 10.000 indios hacia el interior del país, violaciones y matanzas, entre las que destacan las sucedidas en el rio Coco, donde los sandinistas disparaban contra los que pretendían huír a Honduras. Según estimaciones de la época entre 7.000 y 15.000 indios tuvieron que exiliarse y otros 14.000 sufrieron encarcelamientos y detenciones.
De nuevo empezó la guerra civil, que afectó a numerosas zonas, principalmente las regiones de Jinotega, Estelí, Nueva Segovia en el norte, Matagalpa y Boaco en el centro, y Zelaya y Río San Juan en el sur. Edén Pastora, Comandante Cero, que fuera viceministro de Defensa con el FSLN, se pasó a la Contra, nombre por el que sería conocida la resistencia a los sandinistas. Daniel Ortega intentaba hacer de Nicaragua la base para la expansión de la guerrilla marxista en Centroamérica con apoyo cubano. Mientras el gobierno de Managua seguía las directrices de Cuba, desde donde el propio Fidel Castro daba “consejos” a los ministros sandinistas de cómo gestionar Agricultura, Defensa o Interior, la Contra recibía el apoyo de la administración Ronald Reagan, empeñada en impedir la victoria de la Unión Soviética en la guerra fría. Andrei Kirilenko, miembro del Politburó y secretario del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética había propuesto públicamente la revolución sandinista en Nicaragua como “modelo a seguir en Latinoamérica”.
Pese a que Daniel Ortega se había convertido desde 1984 en el líder indiscutible de la revolución sandinista, ante el deterioro de la situación económica y viéndose combatido tanto en el interior como en el exterior del país, se vio obligado a aceptar en 1989 los acuerdos de Managua y Esquipulas, que contemplaban la celebración de un proceso electoral democrático y la desmovilización de la Contra. El 25 de febrero de 1990 la demócrata Violeta Chamorro resultó elegida presidente con el 54,7 % de los sufragios. La guerra había costado unos 45.000 muertos, civiles en su mayoría. Al menos 40.000 nicaragüenses abandonaron su país para refugiarse en Costa Rica, Honduras o Estados Unidos, sobre todo en Miami y California.
Tras el proceso de paz se sucedieron gobiernos de signo conservador y liberal, con Chamorro, Alemán y Bolaños como presidentes, hasta que en 2006, Daniel Ortega vuelve a poder, esta vez democráticamente, al vencer en las elecciones con un 38% de los votos. Pero la vocación totalitaria del tirano sandinista no ha cambiado. Desaparecida la Unión Soviética y con un castrismo debilitado, desde 2007 es la Venezuela de Chávez la que riega con petrodólares al gobierno de Ortega, principalmente canalizados a través de la firma nicaragüense venezolana Alba de Nicaragua, S.A. (Albanisa), en manos del tesorero del FSLN, Francisco López Centeno. También se han publicado repetidamente investigaciones periodísticas que acusan a los sandinistas de recibir narcodólares para financiar sus campañas electorales.
Daniel Ortega en esta ocasión ha seguido el modelo bolivariano instaurado por Hugo Chávez y perpetuado por Maduro. Desde su retorno a la Presidencia en 2006 ha concentrado todo el poder institucional del país en su persona y la de su esposa Rosario Murillo y sus hijos. Ortega se hizo con el control del Tribunal Supremo y desde allí en 2008 impidió que el Partido Conservador y el Movimiento de Renovación Sandinista participaran en las elecciones. Luego, respaldado por la aplastante y fraudulenta mayoría alcanzada en la Asamblea Nacional de Nicaragua al ser reelegido en 2011, abolió el límite establecido en la Constitución a la relección presidencial y la prohibición para que los consortes ocupasen la vicepresidenta de la República. Acto seguido usó nuevamente al Tribunal Supremo para intervenir al principal partido opositor en la Asamblea, el Partido Liberal Independiente (PLI), a la vez que entregaba a sus propios hijos el control de los principales medios de comunicación del país. En esta nueva etapa, abandonadas las colectivizaciones, al abrigo del gobierno sandinista los empresarios afines han hecho auténticas fortunas, con un nivel de corrupción y privanzas que nada tienen que envidiar a las del régimen de Somoza. De hecho, en las manifestaciones contra el gobierno la gente grita “Daniel y Somoza son la misma cosa”. En unas elecciones con tan pocas garantías como las celebradas en Venezuela, en 2016 el FSLN vuelve a ganar los comicios con un 72,5% de los votos.
De nuevo las políticas bolivarianas de corte marxista arrojan a un país hispano a la inestabilidad, y condenan a su pueblo a la miseria y la represión
Aunque la gestión económica de Ortega no ha sido tan desastrosa como la de Maduro, al no acosar a los inversores extranjeros, el elevado nivel de corrupción ha vaciado las arcas del Estado. No es casual que las actuales protestas hayan surgido ante la subida de las cotizaciones sociales de empresarios y trabajadores y una rebaja de al menos el 5 % de las pensiones, ante el riesgo quiebra del Seguro Social, cuya caja ha sido saqueada por los funcionarios de Daniel Ortega. Las protestas han sido reprimidas brutalmente por la policía y los paramilitares sandinistas, a la vez que la maquinaria de propaganda del régimen, cuyos ecos han llegado a España de las manos de Podemos, repiten sus consignas habituales contra el imperialismo yanqui y denuncian una supuesta gran operación de manipulación que ha orquestado la derecha golpista y sus obispos cómplices.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha confirmado que la represión sandinista ha causado ya 277 víctimas mortales, aunque otras fuentes humanitarias hablan de 350 muertos, 700 desaparecidos y miles de detenciones. La Organización de Estados Americanos (OEA) ha condenado los abusos a los derechos humanos cometidos, con el voto en contra de Venezuela y Cuba, y ha respaldado la petición de la Conferencia Episcopal nicaragüense, que propuso a Ortega que adelantara a marzo de 2019 las elecciones fijadas para 2021.
Daniel Ortega, al igual que Maduro, se aferra al poder y ha calificado de golpistas a la oposición e incluso a los obispos nicaragüenses. De nuevo las políticas bolivarianas de corte marxista arrojan a un país hispano a la inestabilidad, y condenan a su pueblo a la miseria y la represión.
