El procedimiento arranca de una denuncia anónima “por temor a represalias” formulada ante el Sepblac el pasado 20 de abril y que traslada a España parte de las investigaciones que sigue en México la Procuraduría General de la República
El juzgado de Instrucción 4 de Madrid abrió Diligencias Previas (número 907/18) sobre la presunta comisión de un delito de blanqueo de capitales del empresario mexicano Manuel Barreiro y del empresario español Juan Pablo Olea Villanueva, en favor del candidato presidencial mexicano, Ricardo Anaya, que competirá por la presidencia de la República el próximo 1 de julio. También el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) investiga la parte española de la presunta trama.
El procedimiento arranca de una denuncia anónima “por temor a represalias” formulada ante el Sepblac el pasado 20 de abril y que traslada a España parte de las investigaciones que sigue en México la Procuraduría General de la República, por presunto blanqueo de capitales del candidato del Frente a través de España, Gibraltar y Canadá, donde sendos juzgados investigan también posible blanqueo.
El mexicano Barreiros Castañeda compró a través de una empresa, Manhattan Master Plan, una nave industrial del candidato por 54 millones de pesos (2,4 millones de euros). La operación presuntamente contó con la “colaboración del ciudadano español Pedro Olea, que también cuenta con importantes intereses empresariales en Querétaro, principalmente a través de la compañía Advance Real Estate”.
De confirmarse estas sospechas, los involucrados podrían enfrentar años de prisión en España. Según la denuncia que ha abierto la investigación, Pablo Olea Villanueva posee una estructura financiera de por lo menos 14 empresas españolas que “aparentemente fueron usadas para realizar acciones de lavado de dinero para su socio Manuel Barreiro”, según la denuncia. El Registro Mercantil Central español constató que Olea Villanueva participa en la administración y propiedad de estas 14 compañías españolas todas ellas del sector del ocio y la restauración. Según la denuncia, estas empresas presentan deudas con acreedores no identificados y alguna de ellas carece de empleados.
La denuncia plantea que Manuel Barreiro y Pedro Olea Villanueva “fueron presuntos autores intelectuales y materiales de la creación de una estructura financiera para lavar fondos de procedencia ilícita en beneficio del candidato presidencial Ricardo Anaya”.
Las cuentas bancarias de ambos empresarios se encuentran congeladas por las autoridades judiciales mexicanas y ambos son ahora prófugos de la justicia de ese país.
El artículo 301 del Código Penal español señala que quien adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que estos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquier tercera persona, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triple del valor de los bienes. Señala también que con las mismas penas se sancionará la ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos y que el culpable será igualmente castigado, aunque el delito del que provinieren los bienes, o los actos penados en los apartados anteriores hubiesen sido cometidos, total o parcialmente, en el extranjero.
Al presentar denuncia en el Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, es previsible que en el marco de las investigaciones sean llamados a declarar Manuel Barreiro y Pablo Olea Villanueva. En el caso de que la justicia española decidiera continuar con el procedimiento y averiguar las vinculaciones con Anaya, podría solicitar que en el marco de una colaboración internacional que la justicia Mexicana solicitase la declaración de Ricardo Anaya como parte implicada en el procedimiento.
