Si logran ustedes apartar el humo que ciega sus ojos, que ha tomado la apariencia de esperpéntico informe del Defensor del Pueblo o de abrazo empalagoso entre los edulcorados farsantes Sánchez y Díaz anunciando —oh, sorpresa— su pacto, con el objeto de nublar su vista y con ello su capacidad crítica, recordarán que hay una amnistía encima de la mesa como instrumento de negociación con toda la purria política española —digo española porque, se pongan como se pongan, son españoles; y digo purria porque es lo que son— para que Pedro Sánchez conserve el poder cuatro años más, como mínimo.
Una vez que hemos despejado un poco el ambiente para ver con claridad, les sugiero una reflexión personal: ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Resignarnos y echar la culpa al empedrado —cuando digo empedrado, digo políticos, por ejemplo—? Podemos hacerlo, pero sería lo mismo que decir: que se joda el sargento que no como rancho. Si la amnistía se produce, no sólo será una flagrante injusticia, será el fin del Estado de Derecho ya bastante maltrecho con sus contrapesos trastocados por las embestidas constantes de un Gobierno que no respeta a nada ni a nadie.
Por mucha pereza que nos dé, por incómodo que sea, hace mucho tiempo que llegó nuestra hora de salir a la calle. La cuestión es que ahora ya es inevitable, ineludible e inaplazable. Y no un día, sino uno, y otro, y otro, y otro. Porque el mal ni se cansa ni descansa.
En 2017 nos manifestamos porque había un gobierno autonómico que se rebeló contra el ordenamiento jurídico con la pretensión de romper la unidad nacional. Sin embargo, la situación ahora es mucho más peligrosa porque nos introduce en un camino de difícil retorno. Es el Gobierno de España el que desautoriza al poder judicial y pretende cambiar la Constitución, nada más y nada menos que en su artículo 2, por la vía de los hechos sin que los españoles seamos consultados.
Sánchez ha hecho desde hace mucho tiempo de la política su cortijo, y mientras tenga algo que vender, lo hará. Ahora tiene unos rehenes —los acusados del procés— que canjear por unos votos, pero ya está avisado de que eso es la previa del principal acuerdo: el referéndum. En realidad, los avisados, los que debemos tomar nota somos nosotros, los españoles. Porque para el presidente en funciones la consulta —que sea vinculante o no es una majadería, no lo hace menos grave— es un elemento más de negociación.
Por supuesto, no sería un referéndum en el que todos los españoles votemos si queremos dejar de ser España, que estamos en nuestro derecho de tirar por la borda quinientos años de historia, de cultura y de convivencia, por triste y estúpida que sea la idea. Lo que se está planteando es que unos pocos decidan sobre una parte de España que es de todos. Porque yo soy tan de Madrid como de Murcia, de Huelva o de Cataluña. Y el onubense es tan madrileño como yo. Yo no tengo ningún derecho especial sobre el territorio de la Comunidad de Madrid por haber nacido aquí. Todo el territorio español es de todos los españoles. El llamado derecho a decidir es la usurpación por parte de unos cuantos destarifados —disculpen la expresión, pero el nacionalismo fragmentario no tiene ninguna base histórica que lo justifique— de la soberanía nacional.
En esta concepción extravagante de las regiones como territorios propios, tiene mucho que ver la interpretación o el diseño del sistema de autonómico. Lo que podría haber sido un modelo de gestión y organización de cooperación mutua para una mejor ejecución de las políticas nacionales, se ha desarrollado en sentido contrario, de manera centrífuga. Cada comunidad se ha preocupado más en profundizar en sus supuestos hechos diferenciales, llegando a extremos ridículos, que en remar en una misma dirección para crecer como la potencia que podíamos ser. Porque España tiene todos los ingredientes necesarios para ser una potencia mundial. Lástima que estamos rodeados de cabezas de ratones, reyezuelos de taifas sin ninguna talla moral ni política. Pero ahí los nacionalistas profesionales son imbatibles y los partidos tradicionales han sido unos fieles aliados. Las estúpidas políticas de apaciguamiento, el Estatut de marras que cerraría el círculo de sus aspiraciones, los indultos, ahora la amnistía, sólo nos conducen de forma inexorable a la balcanización de España. La mayor desgracia que le puede pasar a un país. Y de esos polvos, estos lodos. Así hemos llegado hasta aquí.
La parte positiva, si somos capaces de reaccionar, es que hay millones de españoles que no quieren esto. Es cierto que también hay españoles dormidos, inconscientes de la realidad que estamos exponiendo. Podemos estar ante el comienzo de una reacción nacional que no obedezca de forma exclusiva al eje izquierda/derecha, sino que llegue a todo aquel que simplemente no quiere que España se rompa. Ese es el camino.
Mañana, domingo 29 de octubre, más de veinte asociaciones civiles se manifestarán en la Plaza de Colón a las 12.00 de la mañana por la unidad de España y contra la amnistía. Es necesario que estemos todos. Porque no estamos luchando sólo por nosotros, sino por la nación y la estabilidad que le queremos dejar a nuestros hijos. Tómenlo con deportividad, habrá más.
No lo olviden, quien resiste, gana. Hasta mañana.
