En estos tiempos de incertidumbre, desconcierto y frustración que pueden, por cierto, ir para bastante largo, no estaría mal plantear en profundidad la revisión de nuestro sistema autonómico. Vamos camino del cincuenta aniversario de nuestra Constitución y es hora de valorar cómo han ido las cosas, en particular, si ese peculiar invento español, el sistema autonómico, una especie de federalismo sui géneris, un sistema abierto que aún está por cerrar, ha servido para mejorar la vida de los españoles. Porque entiendo que lo que pretendían nuestros padres constituyentes era establecer un sistema que sirviera a la prosperidad y bienestar de todos.
Algunos considerarán que puede llevar a abrir debates que a la derecha más acomodaticia le puedan incomodar. También podemos hablar de la derecha más ilusa, que son quienes ven alguna esperanza en la investidura de Feijoo, en manos del PNV o de algunos socialistas «buenos».
Una de las cuestiones más atractivas del disenso de VOX es su cuestionamiento radical del sistema autonómico. Algunas voces incluso se atreven a afirmar que esto coloca a VOX en una situación anticonstitucional, una acusación algo atrevida cuando se buscan apoyos en independentistas declarados, algunos incluso con un rastro de sangre repulsivo; pero buscar alguna coherencia a la situación de desquicie político que vivimos es simplemente una ingenuidad.
En mi opinión, las comunidades autónomas han creado un problema político a España y a los españoles con los afanes independentistas de algunos partidos. Quizás este «parar el independentismo» fue uno de los objetivos, fallido evidentemente, de nuestros constituyentes.
Pero además el sistema autonómico hace que los partidos se eternicen en el poder, se fosilicen durante décadas: en los gobiernos autonómicos, al contrario que los gobiernos nacionales y municipales de las grandes ciudades, es donde menos se ha dado el cambio de poder. Esta anomalía democrática habría que estudiarla a fondo, pero, y es una intuición, algo tendrá que ver la cesión que se ha hecho de toda la educación y la cultura a los gobiernos regionales. Tampoco hay que descartar la capacidad de estos gobiernos para generar unos tinglados empresariales clientelares que apoyan el poder establecido.
Ahora se pretende ir a una condonación de deuda de algunas regiones que han sido especialmente irresponsables a la hora de endeudarse. Condonación en este caso significa que la deuda pase a la caja común de todos los españoles. Hay regiones como Cataluña o la Comunidad Valenciana que tienen algo más del doble de deuda que las comunidades más frugales como son Navarra, País Vasco o Madrid. La coordinación autonómica que debería realizar el Estado no sólo falla estrepitosamente en cuestiones como la lengua o la educación, también lo hace en cuanto al gasto y la deuda pública.
Tras algunas largas décadas de sistema autonómico podemos estudiar a fondo sus fallos sin caer en anatema. Podemos profundizar, por empezar por lo más urgente, en buscar fórmulas para darle una carácter mucho más centralista y nacional a la educación y a la cultura. También es urgente establecer un sistema sanitario de mínimos para toda España y que no exista, por ejemplo, un modelo de vacunación por comunidad autónoma. Y, en tercer lugar, urge establecer un marco fiscal y presupuestario único —a la baja lógicamente, donde los déficits estén simplemente prohibidos como establece la reciente reforma constitucional del artículo 135 de la Constitución–..
Estas tres cuestiones podrían ser un inicio para la reversión de un sistema territorial que muy pronto no podremos mantener, y que no sólo entre los votantes de VOX tiene poco apoyo, sino que según encuestas recientes más de un tercio de los españoles empiezan a ver a las autonomías como un problema en lugar de una solución. Diría que lo que debía ser una solución administrativa para resolver problemas ciudadanos se ha convertido en uno de los principales problemas de los españoles.
No hay nada anticonstitucional en embridar a las comunidades autónomas. Incluso se podría dar el caso que alguna región renunciara a la autonomía, pues así parece que fue el mandato constitucional (artículos 2 y 143, en los que se refiere al derecho a optar a la autonomía, por lo que también se podría no optar a la misma). En cualquier caso, no existe prohibición alguna en que se produzca una devolución de competencias. Empecemos por ahí. Tras casi cincuenta años de autonomías cada vez más insolidarias, menos coordinadas y más poderosas, urge revertir esta evolución hacia un sistema más solidario, más coordinado y que beneficie a todos los españoles, que —hay que recordarlo— somos todos libres e iguales.
