Los separatistas catalanes insisten en su exigencia de una consulta en su comunidad sobre la creación de un nuevo Estado independiente escindido de España que abarcara el territorio de las cuatro provincias que hoy forman Cataluña. Es decir, ellos fijan unilateralmente la pregunta y el ámbito de decisión prescindiendo del resto de los españoles. Esta pretensión, como es sabido, es flagrantemente inconstitucional. Ante tal desafío al ordenamiento vigente, el Gobierno de la Nación ofrece “diálogo sin fecha de caducidad”, elogia el éxito de las mascaradas callejeras organizadas por los nacionalistas y pagadas con dinero público –viene al caso el dicho catalán de “cornut i pagar el beure”– e intenta calmar a la fiera prometiéndole más dinero y más competencias.
Imaginemos por un momento que en el Ejecutivo central se sentasen hombres y mujeres a la altura de su responsabilidad y dotados de la firmeza de carácter necesaria para afrontar este problema. Podrían convocar un referendo constitucional y legal sometiendo al conjunto de la Nación la siguiente pregunta: “¿Está usted de acuerdo en reformar la Constitución para transformar España en un Estado unitario políticamente centralizado y administrativamente descentralizado?”. La operación tendría toda la lógica porque si los nacionalistas atacan con su demanda de un referendo fuera de la ley para formular la posibilidad de la liquidación de un proyecto colectivo que cuenta con cinco siglos de existencia, se supone que el Gobierno legítimo de España podrá convocar una consulta en orden a pulsar el ánimo de los españoles sobre un sistema, el autonómico, que tan sólo ha operado durante treinta y cinco años y que es disfuncional y ruinoso.
Si algo no se puede permitir la autoridad legítima en una democracia cuando sufre la embestida de un enemigo implacable y que no respeta las reglas, es plegarse a jugar en campo contrario. Rajoy maniobra constantemente dentro del perímetro que le marcan sus adversarios, lo que le pone en desventaja permanente. En vez de incorporar a su discurso la sustancia conceptual de su oponente, debería sentar sus propias premisas y actuar en consonancia con ellas.
Si los separatistas consideran que su fijación ilegal y arbitraria de los términos y la circunscripción electoral de su consulta rupturista debe ser aceptada por los demás afectados fuera de Cataluña, con superior derecho amparado por la legalidad el Gobierno de España está facultado para proceder de manera análoga y elegir por su parte el contexto del debate. En definitiva, tener ideas claras o no tenerlas.
