Cualquiera que me conozca sabe de mi especial sensibilidad para con los niños. Esto es así porque, como adulta, soy plenamente consciente de que la infancia es una etapa de la vida caracterizada por la inocencia, la vulnerabilidad.
Desconocedores de la maldad y con una infinita confianza en las personas, esos locos bajitos tienen la capacidad de fascinarse ante cualquier acto, gesto cotidiano o conducta. Es su punto de partida. Es en esa etapa cuando miran el mundo por primera vez, cuando como esponjas absorben y aprenden todo de su entorno. Lo demás, es memoria.
A unos días de las elecciones generales, y tras la lectura de los programas electorales de los partidos políticos, me ha sobrecogido y preocupado profundamente descubrir que sólo un partido ha sido capaz de recoger y de ofrecer un marco de protección a los verdaderamente más vulnerables de la sociedad, los niños. Esos que se encuentran en constante riesgo de ser perjudicados, maltratados y alienados por razón de su inferioridad, indefensión y fragilidad.
Según estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, España alcanza cifras de más de 90.000 divorcios anuales, más de un millón de personas adultas se hallan inmersas en procesos judiciales relacionados con asuntos de familia e infancia y cerca de un millón de niños se encuentran afectados por tales trámites. Ni que decir tiene que la inmensa mayoría de las rupturas se producen por la voluntad de cesar en la convivencia y no por la llamada «violencia de género».
Digo yo que estos niños —igual que los que viven junto a sus dos progenitores— no son menos merecedores de que se aplique el principio de igualdad entre su padre y su madre en esa unidad que, aun mediando una ruptura, siempre será su familia.
Pues resulta —de ahí mi preocupación— que sobre la efectiva aplicación de la igualdad en materia de familia para garantizar el bienestar de los menores mediante el ejercicio de su derecho fundamental a la vida familiar; para preservar y proteger el derecho de los hijos a mantener un contacto directo y permanente con sus dos padres por igual —esto es, sobre que la custodia compartida sea la regla general en los casos de separación entre cónyuges— sólo habla VOX.
Que este régimen de custodia es el único que ofrece a los hijos —los más vulnerables en estos procesos— una vida lo más próxima a la que gozaban cuando sus padres convivían y un mayor afecto y acogimiento vivencial con ambos padres, nadie puede discutirlo. Como tampoco puede discutirse que ante la concurrencia de circunstancias objetivas —que no instrumentalizadas— que se aparten de lo ordinario y lo desaconsejen, se opte por otro régimen.
También de este barco, este Arca de Noé, se ha bajado el Partido Popular. Sólo espero que ante esta deliberada omisión que abandona y desprotege a los más vulnerables de la sociedad, a nadie del PP se le ocurra pensar que ante las situaciones conflictivas a los menores se les puede pedir «resiliencia». Porque la salida a las situaciones conflictivas que se viven en la infancia y en la adolescencia suele ser el trauma.
Y hablo del PP, porque hace tiempo que la izquierda cruzó todas las líneas rojas.
El tiempo ha evidenciado las consecuencias negativas para la estabilidad emocional de los hijos de la falta de la presencia e implicación de ambos padres en todos los ámbitos de su vida: mayor riesgo de pobreza, exclusión social, violencia, fracaso escolar, drogadicción, violencia intrafamiliar, etc. El diluvio.
Esta deliberada omisión del PP del interés superior del menor y de la defensa del modelo de corresponsabilidad entre madre y padre como regla y no como excepción en casos de separaciones, no es más que la objetivación de una posición que en nada es nueva.
A nadie se le escapa que, durante los gobiernos del PP, en ningún momento modificaron el derecho de familia para proteger de manera efectiva y real ese interés superior del menor que ya destierran sin pudor. Ni siquiera durante dos periodos de mayoría absoluta fueron capaces de superar sus propias contradicciones a su voluntad para garantizar el derecho que tras una ruptura tienen los hijos a seguir relacionándose con ambos progenitores por igual. Algo a lo que los hijos están perfectamente acostumbrados y que tantos y tan necesarios beneficios les reporta.
Es la consecuencia lógica de la mutación del PP. Un partido entregado al culto de la agenda globalista cuya furia contra la familia —en tanto que pilar fundamental de toda organización social humana— acarrea integrar a los menores de otros, y torpedear y desintegrar a los propios; los nuestros.
Ya lo dejó claro el Partido Popular cuando, en el año 2021, junto al PSOE y Podemos, dio su voto a la mal llamada «Ley de la Infancia» de Pablo Iglesias. Una Ley que oculta una forma de maltrato infantil invisibilizando a miles de menores víctimas de violencia intrafamiliar al prohibir denunciar, revelar o evidenciar el maltrato objetivo y objetivable que se produce cuando por continuas alienantes interferencias parentales se acaba por destruir el vínculo afectivo entre un progenitor y su descendencia.
Una ley redactada por esos que «se dejaron la piel» para ocultar las violaciones y los abusos a menores tutelados por el entonces Gobierno de izquierdas de Baleares; por esos que desde puestos de gobierno declaran que «los hombres son bastante violadores en nuestro país» pero excarcelan a violadores y pederastas; por esos que indultan a mujeres condenadas por el Supremo por sustracción de menores a las que llaman «madres protectoras» y en cuyo lugar se puso el Sr. Rajoy. Porque tristemente, el Sr. Rajoy no se puso en el lugar del menor de los hijos cuyo profundo daño psicológico ha sido recogido en la reciente sentencia que tras siete años de calvario y sufrimiento para los menores (y para el padre) otorga la custodia al exmarido, al padre. ¡No! El presidente del Gobierno de España se puso en el lugar de una mujer «empoderada» a la que tanto la izquierda como su partido, llevaban años dando el mensaje y las armas para que por su mera condición de mujer actuara impunemente fuera del marco de la ley, de la justicia, del Estado de Derecho. Me refiero, como ya habrán adivinado, al caso de Juana Rivas.
Es muy grave la adscripción por parte de todos los partidos, excepto VOX, a los dogmas izquierdistas del feminismo de género. Un feminismo —no ya de trinchera sino de fosa común— que divide en dos a la sociedad: hombre opresor y mujer oprimida, y que se lleva por delante todo lo que encuentre en su camino, también a los más indefensos, los menores.
Una adscripción sin fisuras a unos dogmas ideológicos que derivan de la «Ley de Violencia de Género» de Zapatero, aprobada por unanimidad en el año 2004 y que no es otra cosa que el mayor fraude de ley y social jamás visto. Por cierto, en nada homologada con las del entorno europeo. Porque parece que, para según qué cosas, no somos tan europeístas.
Pese a saber el PP que desde su aprobación la «ley VioGen» ha generado un sinfín de actuaciones fuera de lo razonable, fuera de los parámetros de la lógica convencional y jurídica llegando a situaciones terribles, dramáticas, el PP ha blindado en su programa el fraude de la ideología de género fomentando los efectos de una ley injusta, orwelliana, que pisotea los derechos de todo aquel que no sea del sexo femenino y que a través de «correcciones a la justicia» basadas en la ideología ha instalado la anti-justicia en las relaciones entre hombres y mujeres, en las familias.
Más de cuarenta veces utiliza el PP la palabra «familia» en un programa de cuya lectura sosegada se concluye que no queda prácticamente nada de aquel partido fundado en 1989 para luchar contra el socialismo. Su confluencia con las ideas, con la ideología de izquierdas, eso sí, trasladadas con algo menos de énfasis, pero orgullosamente gestionadas, ha dejado atrás —con esta omisión— a millones de inocentes niños y adolescentes en España.
Por tanto, sólo un partido de todo el espectro político actual propone medidas reales en aras de un ideal de país fuerte, próspero y cohesionado basado en la familia, entendida esta como la primera comunidad humana que nos acoge cuando llegamos al mundo, ese grupo de personas con las que verdaderamente tenemos algo en común, con las que compartimos.
Lo cierto y verdad es que sólo VOX ha demostrado estar dispuesto a defender la igualdad real entre hombres y mujeres, la igualdad de derechos y obligaciones de madres y de padres en el entorno de una ruptura familiar, única forma para garantizar los derechos de los menores, sus necesidades reales y para evitarles innecesarios sufrimientos.
