«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
Nacido en Madrid, de madre inglesa, casado y padre de cuatro hijos, es un empresario, abogado y articulista que pasó más de una década inmerso en el mundo de la política madrileña. Sus pasiones son escribir, la empresa y la política.
Nacido en Madrid, de madre inglesa, casado y padre de cuatro hijos, es un empresario, abogado y articulista que pasó más de una década inmerso en el mundo de la política madrileña. Sus pasiones son escribir, la empresa y la política.

El TC se apunta el terror fiscal

14 de noviembre de 2021

La Agencia Tributaria actúa con una saña implacable, especialmente cuando se trata de PYMES y autónomos. No es sólo que no se le pase una, sino que producen a diario flagrantes injusticias que remedian, a veces, los recursos legales. Parece ser -confieso no ser un experto en el tema- que los inspectores reciben un bonus por productividad en su retribución, independiente del resultado final del mismo. Si el contribuyente recurre con éxito, ellos (los funcionarios de Hacienda) ya han cobrado. La barra libre está servida. 

Los autónomos no pueden desgravarse el menú del día, los abogados no pueden pasar los gastos de desplazamiento y estancia para atender un juicio y ahora que muchos españoles trabajan desde casa, intentar repercutir en la declaración algún gasto de la vivienda resulta una tarea imposible. Tanto el teléfono móvil como la red de wifi requieren líneas separadas. No aceptan un gasto si no se produce una venta, como si la prospección comercial o el marketing fueran un pasatiempo. Toda comprobación que implique un pago fiscal acarrea sanción, aunque sea un tema de interpretación. Si un autónomo tiene que ir a juicio, no puede desgravarse el gasto de abogados.  Surrealista. 

En cualquier sociedad de esas con las que tanto nos gusta compararnos, si algo es ilegal lo es y con todas sus consecuencias, pero en España, no

Cuando se publican cifras de presión fiscal en España debería hacerse por segmentos, porque los más de tres millones de autónomos y algo menos de esa misma cifra de Pymes españolas viven una presión fiscal insoportable por los tipos, por los costes que no pueden deducirse, por los gastos de asesores y por las comprobaciones e inspecciones que sufren.  

El Tribunal Constitucional, aunque parezca lo contrario tras la reciente sentencia que declara inconstitucional el impuesto de plusvalía municipal por no asumir éste la posibilidad de que una venta genere pérdidas, se ha apuntado a esta política por un lado esquilmadora y por otro exterminadora de la clase media que se autoemplea. Y es así porque los ayuntamientos cobraban el impuesto asumiendo que el valor de los inmuebles siempre subía, lo cual simplemente no es cierto. 

Pero como casi siempre, el TC se muestra timorato. En cualquier sociedad de esas con las que tanto nos gusta compararnos, si algo es ilegal lo es y con todas sus consecuencias, pero en España, no. El TC no se ha atrevido a imponer su declaración de inconstitucionalidad más allá de lo anecdótico y ha permitido que los ayuntamientos se queden con el dinero ilegalmente cobrado. Y repito porque es inaudito viniendo de un tribunal: ILEGALMENTE COBRADO. Han dejado la puerta abierta para que el gobierno, en cuestión de días, resuelva el asunto con un decreto-ley.   

Lo peor de todo este episodio fue cuando el fin de semana pasado la ministra Montero (a la que recordando el chiste de Santiago Abascal en la moción de censura “de su antecesor y padre del terror fiscal sólo le separa una vocal”) proclamó: “el lunes arreglo lo de la plusvalía: dicho y hecho…” ¡Y lo peor es que el público se puso en pie y aplaudió! Supongo que todos ellos viven de alguna “mamandurria”, como decía una insigne lideresa. Es el moderno “vivan las cadenas”. Todo menos dejar de esquilmar a los  desamparados autónomos y Pymes españolas…  

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