Una de las cosas que más me ha llamado la atención de mi reciente viaje a Andalucía es que todavía se pueden ver por la calle los típicos cartelitos de «Se vende» o «Se alquila». Y, a continuación, el número de teléfono del propietario o de la agencia.
Eso, en Cataluña, es casi impensable. Sería un suicidio. Una invitación a la okupación No en vano, es la comunidad autónoma con más invasiones de propiedad privada de España: superior al 40%. En eso, como últimamente en tiroteos en plena calle, somos los primeros. Siempre digo que el proceso ha provocado muchos daños. Tanto materiales como morales. Pero los segundos tardarán más en sanar. Como mínimo dos o tres generaciones.
Al proclamar que las leyes injustas había que incumplirlas, todo el mundo se ha tomado la justicia por su mano. Semejante afirmación se la oí decir tanto al entonces presidente de la Generalitat, Quim Torra. Y a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Aunque por motivos distintos. El primero por el jodido proceso. La segunda, por las hipotecas, cuando era portavoz de la PAH. Su trampolín, su lanzadera profesional. Las dos máximas autoridades institucionales llamando a la desobediencia. De esos polvos, estos lodos.
Ahora todo el mundo se cree con el derecho a okupar. Soy un firme partidario del respeto a la propiedad privada. Entre otras razones, porque la historia ha demostrado que abolirla o colectivizarla ha dado resultados nefastos. Basta ver el anarquismo o el comunismo. En realidad, nunca fueron alternativas a la democracia liberal y la economía de mercado. Por supuesto, también estoy a favor del Estado del bienestar. Sin embargo, la política de vivienda de un país no puede depender del propietario particular, sino del sector público.
La criminalización de la propiedad privada ha sido, además, progresiva. A las grandes empresas se las llama «fondos buitre». Aunque, como las compañías de otros sectores, pagan impuestos. Y legítimamente buscan el beneficio empresarial. Está más perseguida Airbnb que los okupas.
Por otra parte, tengo la sensación de que siempre okupan los mismos. Un día estábamos comiendo en la cocina de casa y vimos cómo, en el piso de delante, un joven de pelo ensortijado intentaba okuparlo. Se había encaramado al balcón como un gato. De los gritos que pegamos, desistió. Al propietario del inmueble se le ha quedado, no obstante, el miedo en el cuerpo. A pesar de que la vivienda en cuestión ni siquiera está terminada por dentro. La reservaba para la hija. Y esta cambió de planes.
Colau criminalizó también la propiedad privada. Decidió que el 30% de todo proyecto inmobiliario tenía que reservarse a pisos de protección oficial. Pero Barcelona es una ciudad encajonada entre dos ríos, el mar y la montaña. Unas 600 hectáreas de superficie en total. La densidad de población es similar a la de Calcuta. Con lo cual deben quedar ya pocos solares libres. Imaginen al promotor que, tras pagar un pastón por un terreno, tiene que reservar un 30% para cumplir los deseos del Ayuntamiento.
Salvador Illa tampoco ha cambiado la política al respecto. Al contrario, de las pocas cosas de las que ha conseguido alcanzar un acuerdo con la CUP es en materia de vivienda. O sea que imagínense por dónde van los tiros. Pedro Sánchez, como no podía ser de otra manera, también puso su granito de arena con el decreto de vivienda que facilitaba a los arrendatarios alargar el contrato dos años y con una subida del 2%. Es decir, los propietarios no pintaban nada. Pero finalmente fue tumbado por PP, VOX y Junts. Lo que permitió a la izquierda en general acusar a la derecha de los males que son.
Por eso, la propiedad privada debería ser sagrada. El desarrollo de Europa se ha basado en la propiedad privada, la cultura del esfuerzo, la seguridad jurídica y los climas húmedos, que invitan al trabajo, aunque en España seamos más de tapas y cañas gracias a nuestra posición geográfica, un clima excepcional. Basta de okupaciones impunes.
