Nos hemos quedado sin la tradicional canción del verano. Entre el consumo a la carta de Spotify y los vídeos de TikTok, ya no hay un solo tema que logre sonar al unísono en los altavoces de los coches en la carretera cruzando la península. O quizás la explicación sea más prosaica: la producción actual es tan mediocre que no hay composición capaz de trascender la temporada. Se nos ha evaporado ese rito estival. Pero mientras la música popular decae, en la cumbre del Poder Ejecutivo la melodía no cambia: sigue sonando la misma sinfonía de retórica, trampa y supervivencia a cualquier precio.
En Moncloa dan la legislatura por amortizada mientras hacen cábalas para estirar los días. Nos venden la ficción de que necesitan a Junts para sacar adelante las cuentas del año que viene, pero la realidad es que a Pedro Sánchez la aprobación de los Presupuestos le trae absolutamente sin cuidado. La Carta Magna marca los plazos para enviar el proyecto antes del otoño, pero ya hemos comprobado que a este Gobierno prorrogar las cuentas del año anterior no le quita el sueño. La jugada ya está diseñada: consumar el parón parlamentario de enero, plantarse en febrero y pulsar el botón electoral agitando el estandarte del victimismo. El guion dirá que la oposición bloqueó el progreso del país y que, con una mayoría holgada, habrían resuelto la crisis de la vivienda, la sanidad pública o el fracaso educativo. Las mismas promesas que llevan casi una década arrastrando por los suelos. La prioridad nunca fue gestionar las necesidades de la gente, sino amarrarse al sillón a base de rectificaciones, giros de guion y concesiones a medida. Todo ello mientras las sospechas de corrupción cercan al partido, al gabinete y al círculo más íntimo de La Moncloa.
Resulta casi cómico recordar la época en la que Sánchez se erigía en paladín de la regeneración ética, asegurando que perdonar a los delincuentes desde el Consejo de Ministros era una aberración que avergonzaba a cualquier demócrata. Hoy, la lucha contra el fraude institucional en el imaginario sanchista consiste, precisamente, en limpiar el expediente de quienes metieron la mano en el cajón. Y mejor hacerlo con nocturnidad y alevosía.
Aprovechando el último Consejo de Ministros previo a las vacaciones, con la cámara baja desierta y el país mirando hacia las playas, el Ejecutivo despachó al filo de las ocho de la tarde un lote de tres medidas de gracia. La envoltura mediática la puso Laura Borràs. A la expresidente del Parlament le ha caído una rebaja de pena a dos años para evitarle el trago de la prisión tras ser condenada por prevaricar y falsear contratos a favor de un conocido. Cabe recordar que cuando el intermediario Santos Cerdán negociaba la amnistía en Bruselas, el PSOE descartó a Borràs tajantemente por tratarse de delincuencia administrativa sin vinculación alguna con el proceso separatista. Sin embargo, el peaje se acaba de pagar. Y para vestir el muñeco ha salido la portavocía gubernamental a vendernos que este borrón y cuenta nueva es un ejercicio de madurez y pacificación social. Como si regalar impunidad por amañar contratos públicos fuera el remedio para curar las heridas de la convivencia. Y para rematar la funcioncilla, ahí ha irrumpido Óscar Puente. Fiel a su estilo de matón de red social empeñado en comentarlo absolutamente todo, el ministro de Transportes se ha lanzado a los micrófonos a vendernos que el indulto es un paso imprescindible para la «regeneración y la normalidad en Cataluña». El problema de ir de macarra de tertulia es que, por hablar antes de pensar, terminas metiendo la pata hasta el fondo. En su afán por gesticular y justificar lo indefendible, a Puente se le ha olvidado que fue su propio jefe, Pedro Sánchez, decía que nada tenía que ver con el separatismo. Una torpeza antológica que deja al descubierto la mentira y demuestra que el único cometido del ministro es hacer el ridículo a gritos para tapar la podredumbre de Moncloa.
La maniobra, sin embargo, escondía un truco mucho más marrullero. Colocar el debate sobre el independentismo en el centro de la escena sirvió para tapar los otros dos indultos del paquete: dos casos de enriquecimiento personal puro y duro que habrían provocado náuseas de haberse analizado por separado. Ahí queda el perdón a Natalio Grueso, el gestor cultural mimado por el aparato socialista, condenado a ocho años por vaciar las arcas de la Fundación Niemeyer en Asturias mediante facturas simuladas para costear su ritmo de vida y el de su entorno. Con la Fiscalía y el tribunal asturiano en contra, Moncloa apela a presuntos motivos de salud apoyados por el gremio afín para abrirle la puerta de salida. Y como remate, la gracia concedida a Juan Fernández, el exalcalde de Linares que estuvo seis años cobrando un sobreprecio mensual de 1.700 euros con cargo a los fondos del grupo municipal. Que devolviera el dinero una vez acorralado por la justicia le ha bastado al Gobierno para ignorar el criterio del Ministerio Público y firmarle el rescate.
Dirigentes políticos perdonando a otros políticos para garantizar la continuidad del régimen. La pregunta que flota en el aire para cualquier ciudadano corriente es demoledora: ¿con qué autoridad moral se exige a los españoles que paguen sus impuestos, respeten las normas o liquiden sus sanciones, cuando desde la mesa del Consejo de Ministros se indulta a los delincuentes si su impunidad sirve para comprar tranquilidad parlamentaria? No tendremos hit musical este verano, pero Moncloa nos ha dejado un recital memorable: el del mercadeo del perdón a costa del crédito de las instituciones.
