Hay dimisiones que llegan tarde, otras que no llegan nunca y alguna, como la de Óscar Puente, que ha llegado después de una semana de resistencia y una comparecencia de cuatro horas. No ha quedado muy claro cuándo lo decidió. No podemos creer sus palabras porque se contradicen. En un momento dijo que no veía razones para dimitir para asegurar luego que tenía pensado dimitir desde el primer minuto. También se ha filtrado un mensaje de Sánchez cantándole aquello de «no te vayas todavía, no te vayas, por favor». Nunca se sabrá. Pero si nos ceñimos a la cronología de los hechos y desconfiamos de sus palabras, todo apunta a ciertas encuestas que llegarían a Moncloa recién salidas del horno.
Por sus maneras, Puente se ha hecho antipático, en muchos casos odiosos, pero es su incapacidad para la gestión lo que le defenestra. Ni siquiera ha sido capaz de explicarse cómo su ejemplaridad ministerial puede convivir con una realidad tan nefasta. De hecho, a la vista de lo mucho que ha presumido de su labor, de sus apologías y aguaceros de datos, parece ser el mejor de los ministros habidos y por haber, solo que con el peor de los resultados. Será casualidad, mala pata. Tal vez un sabotaje.
Aunque sea una obviedad, merece repetirse: a la política, como mínimo, hay que exigirle que las cosas funcionen. Que haya citas en el centro de salud, que las carreteras sean transitables y que los trenes lleguen a su hora, aunque últimamente nos basta con que lleguen. Llevamos años asistiendo al deterioro de los servicios e infraestructuras. De no ser porque gobiernan los buenos, la decadencia habría producido una considerable indignación, y no esta mansedumbre bovina que gastamos. El primer deber de nuestros políticos es conseguir que el país funcione y, a ser posible, prospere.
Ahora bien, tampoco podemos caer en la ingenuidad de creer que la política consiste en gestionar y basta. No es posible, y puede que ni siquiera deseable, un gobierno dirigido por tecnócratas, ingenieros de la eficiencia y la felicidad que nos pastoreen a todos sin pisar charcos y con imparcialidad absoluta. El PP lo ha convertido en su seña de identidad: se requieren gestores, expertos de lo suyo, administrares completamente libres de trazas de ideología. Es una trampa conceptual. No existe la gestión neutra.
En el campo de la cultura, por ejemplo, está claro: nadie cree inocente subvencionar un festival y no otro, promover antologías de un autor mientras se lanzan anatemas contra otro. La relación de la cultura con la filosofía y la moral es notoria y su influencia en las visiones particulares mucho más decisiva de lo que suele creerse. Ahora bien, el sesgo también afecta a otras áreas aparentemente técnicas, si bien de forma más subliminal. Rara vez se toma una decisión política que no transparente una antropología o una idea de lo que debería ser la sociedad.
Cada cierto tiempo se proclama el fin de las ideologías, y casi siempre lo hace alguien que tiene una a punto. Lo que llamamos neutral suele ser, sencillamente, lo mayoritario, tan familiar que ya no se oye. La ideología dominante no necesita presentarse: se da por sentada, y quien la discute recibe al instante la etiqueta de radical. De ahí la ingenuidad de quien se declara ajeno y dice no tener ideología; claro que la tiene, pero es la de otro. Lo de «yo sólo administro» suena a modestia y es más bien una delegación.
