Ha pasado casi desapercibida la noticia de que en las oposiciones a los distintos cuerpos de docentes que se han celebrado en la Comunidad Valenciana (y cabe suponer que otro tanto habrá ocurrido en el resto del territorio nacional) el porcentaje de aspirantes que han suspendido la primera prueba por acumulación de faltas de ortografía ha sido enorme. En un país que se preocupara por la salud de su sistema educativo, el dato habría provocado una conmoción instantánea. La noticia habría acaparado titulares de prensa y en las mesas de discusión televisivas —termómetro de los vaivenes de nuestras disfunciones sociales— los tertulianos habituales se habrían apretado un poco para, siquiera de manera transitoria, hacer un hueco a los «expertos».
Hasta donde me consta, no es esto lo que ha sucedido. Al parecer, centrar el foco, aunque sea por unos días, en la situación de debacle en que está inmersa la educación en España no garantiza unos índices de audiencia lo bastante rentables como para que los medios se decidan a abordar el asunto. Quiere esto decir que la educación no figura entre las preocupaciones centrales del español promedio, y ello porque, sencillamente, ha dejado de existir una conciencia compartida de que la educación es la base sobre la que se sostiene el porvenir de una nación.
¿He escrito nación? Puede que ahí se encuentre la clave. Pues cuando se disipa la idea de pertenencia a una misma comunidad cultural, política e histórica, cualquier esfuerzo por formar personas íntegras en lo moral, sólidas en lo laboral y capaces en lo intelectual está abocado al fracaso. Es lo que viene ocurriendo desde hace décadas. La consolidación de una sociedad semiágrafa, justo en un momento de la historia en que nunca hubo disponibles tantos recursos humanos y materiales para actuar en sentido contrario, debería mover a alguna reflexión. Puede entonces que lo que esté sucediendo es que, en lugar de hallarnos ante el fracaso de un modelo, nos encontremos ante la dolorosa constatación de su éxito. Porque desvertebrar una sociedad pasa por la rebaja de la calidad de su sistema educativo. Y la morralla demagógica con que, a partir de la Logse, se ha aderezado la implantación de las sucesivas leyes así lo atestigua. Por aportar sólo un dato, la insistencia en adular a los jóvenes, en lugar de recordarles la necesidad del esfuerzo en medio de un entorno cada vez más competitivo, ha creado generaciones a buena parte de las cuales el choque con la realidad les está deparando consecuencias traumáticas.
El dato de las faltas de ortografía en especialidades que, para mayor abundamiento, se enmarcan en el ámbito lingüístico, resulta lo bastante elocuente como para permitirnos algunas reflexiones desilusionadas. El desconocimiento de las normas básicas de escritura en personas que optan a un puesto de trabajo entre cuyos cometidos más elementales se cuenta el de enseñar ortografía a niños y adolescentes revela la profunda perversión de un sistema en el que resulta posible promocionar hasta los niveles académicos más altos sin necesidad de haber aprendido a escribir.
La ortografía es un síntoma. Quien no la domina, difícilmente habrá adquirido la capacidad de elaborar un texto escrito con mediana solvencia, que es, por cierto, otra de las deficiencias que los tribunales de oposición han detectado en muchas de las personas que se presentaban a las pruebas. Que dichas personas hayan ido ascendiendo por los sucesivos niveles educativos arrastrando tales carencias significa que a través de cada uno de los títulos con que la administración corroboraba su supuesto progreso (Secundaria, Bachillerato, universidad) se estaba consumando un fraude. La ortografía es un síntoma, sí, pero no sólo de la clamorosa caída del nivel académico, sino ante todo de la irresponsabilidad y la desfachatez escalofriantes con que nuestros gobiernos de progreso y sus frívolos experimentos pedagógicos se han dedicado a jugar con el futuro de las generaciones jóvenes.
La casualidad ha querido que, a la vez que se conocía la noticia del descalabro de las oposiciones, anduviera yo ocupado en la lectura de una excelente colección de artículos de Gustave Thibon («En defensa de lo evidente». Rialp, 2025). En uno de ellos, escrito hacia la década de los setenta del siglo pasado, el autor reflexiona sobre la complicada situación que ya por entonces atravesaba la educación en Francia. En los términos nítidos en los que solía expresarse, Thibon escribe: «¿Cuál es la solución? Rebajar la edad de escolarización obligatoria, diversificar la enseñanza a una edad muy temprana en función de un amplio abanico de aptitudes y vocaciones (aprender un oficio en la práctica es más importante que amasar el cerebro) y, por último, seleccionar las escasas vocaciones intelectuales mediante un estricto examen de ingreso, acompañado de becas para los alumnos más dotados cuyos padres no tengan los medios suficientes». Salvo la primera de sus propuestas, algo más discutible, el resto parece de sentido común. Razón de sobra, me temo, para que abandonemos toda esperanza de verlas aplicadas aquí.
