Hasta no hace tantos años, la política llevaba la delantera en materia de agenda; se debatían los temas que ella imponía y, tanto la sociedad como los medios de comunicación, se mantenían dentro de tales parámetros.
En la actualidad, también eso ha cambiado. Esta novedad puede interpretarse como otra de las consecuencias del divorcio entre la política y la sociedad; se trata de un proceso lento que lleva en marcha bastante tiempo y que responde al progresivo encierro de la clase dirigente en sí misma, dedicada a tejer su telaraña de privilegios y negocios, olvidando el objetivo primordial de su existencia y del que se desprenden sus obligaciones: los políticos existen para organizar el desenvolvimiento general de las comunidades, elaborar el marco de referencia y garantizar su cumplimiento. Dentro de ese marco, las personas debieran poder desarrollarse con libertad.
La sociedad civil viene haciéndose escuchar por distintas temáticas y con distinto grado de exposición. La rebelión de los agricultores en las grandes capitales europeas es el hecho más reciente pero no el único. Hoy la población en distintos países ha puesto sobre la mesa el tema de la corrupción política y su sola mención hace temblar la estructura institucional completa porque atañe a los tres poderes del Estado y también al sector privado.
Que el hombre común haya depositado su mirada en la deshonestidad de sus políticos es la mejor medicina para el sistema porque expone sus inconsistencias y la interpela. ¿Qué están haciendo y a cuánta distancia se encuentran de los auténticos intereses de los ciudadanos? La corrupción es el último eslabón de una cadena de reproches cívicos.
Recientemente se conocieron los detalles de un oscuro entramado de corrupción que involucra al gobierno de Pedro Sánchez y tiene investigado al exdirector del Servicio de Salud de Canarias por la compra de 4 millones de mascarillas que nunca llegaron, en oportunidad de la emergencia sanitaria provocada por el covid. La red es enorme y tendría su inicio en una empresa creada al solo efecto de conseguir los contratos públicos. Tráfico de influencias y suculentas comisiones a cambio de mediar son parte de la trama que involucra no sólo a gobiernos regionales sino al mismo gobierno central ya que varias administraciones del Estado como el Ministerio del Interior, el de Transportes y Puertos del Estado habrían suscripto acuerdos con la mencionada empresa «pantalla».
En cuanto a la Argentina, los ejemplos de la inmoralidad y delito de su dirigencia, sobran. Desde la condena de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión (en suspenso) y proscripción perpetua para ocupar cargos públicos tras encontrarla culpable del delito de administración fraudulenta, al despilfarro de dineros público en el otorgamiento indebido de miles de supuestos planes de ayuda social; sueldos millonarios a empleados fantasmas y un festival de nombramientos en la estructura del Estado dan cuenta de un modus operandi de la política.
Según el informe elaborado por la organización no gubernamental Transparencia Internacional el Índice de Percepción de la Corrupción medido en 180 países alrededor del mundo durante el período 2022-2023 muestra que la mayoría no está logrando detener los casos de corrupción, lo que hace que pasen de ser «casos» y se convierta en una forma de gestión.
Los niveles percibidos de corrupción en el sector público se miden entre una puntuación de 0 (altamente corrupto) a 100 (muy limpio). El informe indica que durante más de una década el promedio mundial se mantiene sin cambios; más de dos tercios de los países tienen una puntuación inferior a 50 y 26 han caído a puntuaciones más bajas que las que tenían, o sea que la corrupción ha aumentado. «155 países no han logrado avances significativos contra la corrupción», dice el informe lo que significa, no sólo un estancamiento sino un despliegue del flagelo porque no mejorar, en la práctica, significa empeorar.
Concretamente, España está en un rango de 60 puntos mientras que la Argentina luce un número preocupante: 38.
Lo más grave de este proceso es el trasfondo: la amenaza que el auge de la corrupción significa para el estado de Derecho por parte de las autoridades que, paradójicamente, deberían velar por él.
La corrupción disminuye la eficacia de los gobiernos que, en lugar de enfocarse en sus tareas esenciales, avanzan con restricciones y ataques a las libertades básicas en pos de sus propios objetivos. Ello produce las crisis que estamos viendo en distintos países y esas crisis amenazan la seguridad, la estabilidad, la democracia y los derechos humanos de la población.
Otro signo de estos tiempos es el autoritarismo, que también diluye las funciones esenciales del Estado, trastoca la escala de valores e intenta la imposición de un nuevo orden. En esta instancia adquiere protagonismo la influencia de la Agenda 2030 que, con sus prioridades, sigue alejando la gestión política de los auténticos intereses de los pueblos.
Por último, estamos atravesando una época en la que muchos líderes priorizan la recuperación económica sobre los esfuerzos anticorrupción y la consecuencia de esa elección provoca la degradación de todo el sistema. La corrupción de la política está socavando los procesos democráticos, provocando disturbios civiles cada vez más frecuentes, alimentando la violencia y lo peor, alimentando la desconfianza del individuo en nuestro sistema de organización social.
La realidad hoy habla de un entramado de mafias de la que la clase política no es ajena. Ya no se trata de hechos aislados y el peligro de ello es que se esté transitando un camino sin retorno.
