Ante el clima real de corrupción en lo público en España (partidos políticos, sindicatos,…) es imprescindible que lo que queda decente dentro de ese sector dé un paso al frente y deje de ser un silente consentidor, por lo tanto cómplice necesario, de los desmanes de la cosa. Cualquier anuncio de nueva ley de transparencia o de financiación de los partidos políticos es un insulto a una ciudadanía que está harta de tanto mamoneo.
¿Quién va a liderar una nueva ley de transparencia? ¿El PP cuyos presidente y secretaria general se dedican a la invisibilidad de cuentas eliminando discos duros? ¿El PSOE que esconde y protege al Griñán de los ERE con el aforamiento en el Senado o que exige transparencia y dimisiones al Partido Popular y calla ante las cuentas, las desviaciones y la malversación de dinero público de UGT? ¿Rubalcaba, el hombre que miente con más sinceridad de España, va a encabezar una ley para que no se pueda mentir en el Parlamento? ¿CiU o PNV? ¿Izquierda Unida que mantiene en el Gobierno andaluz a los socialistas de los ERE y ha gobernado con Griñán? No queremos leyes tapabocas que son la coartada para seguir haciendo lo mismo. ¿Acaso no hay una ley de financiación de partidos políticos de cuya aplicación y cumplimiento no se responsabilizan ni los secretarios generales de los partidos como han explicado Arenas, Cascos y Cospedal? Ya está bien. Los ciudadanos ya hemos perdido la inocencia y la paciencia.
Queremos hechos. Es un clamor ciudadano la eliminación total de cualquier dinero público para las organizaciones públicas. Los partidos se financian con el dinero de los ciudadanos y lo destinan a los sueldos de sus empleados muy por encima de los precios de mercado que se pagan hoy en las empresas. Para trincar la pasta son organizaciones políticas. Para repartírsela como quieren se definen, en su gestión, como empresa. Pues no. Si quieren pagar esos sueldos internos –muy, muy por encima del que cobran los altos funcionarios que han hecho una oposición, o los altos directivos de las compañías– que se financien exclusivamente de sus cuotas. Son un escándalo los sueldos que paga el PP. Y me temo que, por la opacidad y el secretismo al que están sometidos, los de los demás, como los de los líderes sindicales o los de la CEOE, serán iguales.
¿Por qué un ciudadano, para recibir una legítima ayuda, tiene que tener una conducta ejemplar, estar al corriente de pago de todo y más, y las organizaciones de la cosa no? ¿Cómo puede la UGT seguir recibiendo dinero público vía cursos de formación o subvenciones después de saber que se lo gasta en comilonas o en financiar huelgas? Ya está bien de privilegio y discriminación. Ni un euro público más para la cosa.
