“La soberanía nacional reside en el pueblo español” proclama la Constitución. Pero también es el pueblo español quien paga la fiesta estatal.
Muchos políticos —y no sólo de izquierdas— hablan del dinero público como si fuera algo esotérico que viene del cielo. No es rara la expresión, en boca de algún gobernante, que afirma que hay que gastar el dinero presupuestado porque, si no, se pierde. Desde el Gobierno se pone mucho énfasis en el dinero a fondo perdido, el que viene de Europa y de manera gratuita, pero aunque supongo que tanta propaganda provoca un tic psicológico reconfortante, la realidad es que supone una parte muy pequeña de lo que gasta el Estado. Gasto que en su abrumadora mayoría hay que sufragar con impuestos.
Carlos Rodríguez Braun abogaba hace poco por acabar con las retenciones y también pronosticaba que se montaría una revolución si la gente tuviera que ir a pagar de golpe todo lo que le han retenido a lo largo del año. Pero es que aunque dedicamos ya mucho más de la mitad de nuestro año laboral a apechugar como desgraciados a base de retenciones, parece que no nos enteramos o no nos queremos enterar.
Hace poco el Tribunal Constitucional tuvo a bien —era lo justo— reformular el impuesto de la plusvalía municipal, pues éste se pagaba hubiera o no ganancia, que es lo que ésta supone. Pero como tenemos unos tribunales demasiado timoratos, el alcance de la decisión fue sólo legislativo, en el sentido de que no se dijo a los ayuntamientos: “¡Cumplid con la sentencia y devolved el dinero”! Al contrario, sólo sirvió para que los ayuntamientos ajustaran el impuesto para que no se les escapara un céntimo. La sentencia no paso de ser una advertencia.
Lo único que de verdad funciona en España son las agencias recaudatorias de impuestos. El sadismo fiscal de la Agencia Tributaria y sus semejantes se está convirtiendo en apocalíptico
Nuestra mentalidad de esclavitos “apechugadores” se rebela poco ante un Estado que empieza a ser de una inutilidad flagrante. Despilfarra en las autonomías y su corolario de personal y altos cargos mientras sigue siendo el peor pagador del Reino. No garantiza sus funciones básicas, como son la seguridad (con un gasto militar ridículo y un problema permanente en las fronteras con la inmigración ilegal que afecta también a la seguridad interior), la educación (tenemos los peores ratios de occidente en todos los tramos educativos) o la capacidad de garantizar las pensiones después de haber contribuido durante décadas a un sistema que se cuestiona constantemente y que puede acabar siendo un timo colosal. Pero es que, además, donde interviene en lugar de ceder protagonismo al sector privado, lo encorseta como hace con el mercado de trabajo provocando récords de paro. Sólo se salva la Sanidad y porque, según los expertos, es relativamente reciente, pero puede acabar convirtiéndose en una bomba de relojería de gasto y despilfarro.
Lo único que de verdad funciona en España son las agencias recaudatorias de impuestos. El sadismo fiscal de la Agencia Tributaria y sus semejantes se está convirtiendo en apocalíptico. Es incomprensible que le queden a alguien ganas de iniciar una aventura empresarial. Vivimos un auténtico infierno fiscal donde muy pocos pagan mucho, pues la población activa española es muy reducida y muchos de los que trabajan lo hacen en precario y con apenas sueldos de subsistencia, por lo que la carga tributaria cada vez recae más sobre las espaldas de las clases medias, que menguan a una velocidad brutal. Y además está volviendo a aparecer la corrupción. Debería solicitarse de inmediato una investigación a todos los niveles de las compras de Equipos de Protección Individual (EPI) durante la pandemia. Me temo que el caso de Medina y su amiguete no va a ser el único, ni mucho menos.
Sufrimos una gestión del Estado, paradójicamente dado su tamaño y por desgracia, a imagen y semejanza de su máximo representante, Pedro Sánchez. Una gestión arrogante, sin criterio, cortoplacista, una rémora para el bienestar, el progreso y el futuro de los españoles. Urge revisarlo, urge cambiar la actitud del Estado hacia sus sufridos ciudadanos.
