La voracidad del Estado español, en sus múltiples variaciones (municipio, diputación, comunidad autónoma y Estado), va camino de convertirse en un problema irresoluble.
Hasta hace poco, para aplacar la voracidad del Estado y ante la falta de crecimiento económico, la solución era endeudarse. Aunque lo lógico hubiera sido revisar el gasto público. Pero muy pocos se planteaban hacer una revisión a fondo del gasto. Dejar de gastar y gastar es un anatema. Hoy, tras el periodo Rajoy-Montoro en el que se endeudaron en 418.000.000.000 (cuatrocientos dieciocho mil millones de euros, algo más del 40 por ciento del PIB), vivimos el periodo Sánchez-Montero que ha incrementado la deuda en casi otros 300.000.000.0000 (trescientos mil millones). Es decir, en apenas una década nos hemos endeudado en casi el 70 por ciento de lo que producimos todos los españoles.
Parece que estirar la deuda se complica cada vez más, y como sigue sin haber la más mínima intención de reducir el gasto público, pues toca subir la presión fiscal. De ahí el anuncio de la subida generalizada de impuestos y otros ingresos públicos (peajes en las autovías, por ejemplo).
Necesitamos datos claros de la procedencia de cada uno de los trabajadores públicos y su función
Una de las causas de la decadencia europea es el aquelarre de los gastos públicos. Tengo un buen amigo, algo extravagante, que suele decir que sus finanzas personales sólo pretenden sufragar su forma de ser, no su forma de vida. Con las finanzas públicas pasa lo mismo. Hemos perdido cualquier ambición de poner orden, tratar de comprender la utilidad pública, el papel de los trabajadores públicos y ahora sufragamos un Estado que es de tal forma, etéreamente bueno al parecer; esa sería su forma de ser.
Urge, por tanto, parar. Sí, parar y negar cualquier aportación adicional al fisco por los ciudadanos. Ni una subida de impuestos, precios, tasas, cánones y demás etcéteras con las que se disfrazan las exacciones públicas. Hay que parar hasta saber dónde va el dinero de los ciudadanos, hasta que informen con claridad el estado de las cuentas públicas. De todas ellas.
Por tanto, es urgente plantear una revisión total de los presupuestos, lo que técnicamente se denomina presupuesto cero. Empezar de cero revisando todas las partidas de gasto y de ingreso. Hay muchísimas inercias en las administraciones. Departamentos enteros no sirven para nada o perdieron su eficacia hace muchos años y se mantienen porque nadie quiere ponerse colorado y cerrarlos. Es más fácil cerrar los ojos y evitarse problemas desagradables. ¡Y a eso le llaman gestión pública!
Las pocas cifras oficiales que tenemos indican que los sueldos públicos son un 40 por ciento más altos de media que los privados
También es prioritario revisar toda la nómina del Estado. Los empleados públicos suman algo más de dos millones y medio de personas, de las cuales un millón y medio son funcionarios de oposición. Necesitamos datos claros de la procedencia de cada uno de los trabajadores públicos y su función. Hay muchísima función duplicada, triplicada o que perdió su eficacia hace tiempo.
También es importante conocer la diferencia de sueldos entre el sector privado y público. Hay ocupaciones, en particular las más bajas, en las que las diferencias llegan al doble. El gestor público rehúye la confrontación —no se juega su dinero— y es mucho más fácil ceder la presión de los sindicatos y subir los sueldos. Las pocas cifras oficiales que tenemos indican que los sueldos públicos son un 40 por ciento más altos de media que los privados. Esto es insólito entre los países de nuestro entorno, incluso en la muy estatista Francia, donde la brecha salarial es mucho más baja. Reitero, la explicación es evidente, la falta de voluntad de negociación de los gestores públicos ante la presión sindical.
Un partido de derechas con convicciones debería asumir la prioridad de liberar al ciudadano de las exigencias irracionales —o más bien sádicas en acertada expresión del diputado de Vox José María Figaredo— de nuestro entramado público.
