Bien conocida y repetida a lo largo de los siglos es la sentencia de Ulpiano, que define la justicia como la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. En esa fórmula, sencilla y majestuosa, se encierra la raíz del derecho y la esencia misma de la vida civil. Desde Roma hasta la tradición jurídica hispánica, el eco de esa máxima ha recordado siempre que donde se respeta la justicia nacen el orden y la paz, y donde se desprecia o se olvida, reinan la violencia y la injusticia.
Hoy, sin embargo, esa verdad elemental ha sido traicionada en nuestra nación. Lo suyo ya no se reconoce al español que trabaja, ahorra y cumple la ley, sino al que irrumpe, usurpa y desprecia las normas. La okupación, presentada con eufemismos por el socialismo como un problema menor o incluso como un remedio social, es la negación práctica de la justicia. Se ha convertido en un despojo impulsado por unas instituciones que abandonan al propietario legítimo para amparar al intruso.
La propiedad privada es un derecho individual y, además, una institución social. Existen además múltiples situaciones de propiedad privada colectiva que tienen asimismo gran importancia en la vida comunitaria. Por ello, proteger la propiedad no es aceptar un privilegio. Es asegurar para todos el marco más justo de convivencia. Defenderla es defender lo social en su raíz más profunda. La justicia social más elemental es querer que haya más propietarios, que la ley les proteja, que el fruto del trabajo sea seguro y que también lo sea el patrimonio transmitido. No es individualismo, es la forma más concreta de lo social.
La protección de la propiedad privada constituye uno de los pilares esenciales de la seguridad jurídica. Allí donde este derecho se respeta, existe un marco de estabilidad que fomenta la confianza, la inversión y la prosperidad. Sin propiedad segura no hay incentivos para emprender, innovar ni generar riqueza. Cuando se debilita este principio, se abre la puerta a la arbitrariedad del poder, a la incertidumbre económica y a la injusticia. Defender la propiedad privada es defender la justicia, la libertad individual y colectiva, la estabilidad y, en definitiva, el orden social sobre el que se asienta toda comunidad próspera. La propiedad arraiga el patriotismo, superando tanto la lucha de clases marxista como el individualismo liberal. Bien distribuida, se convierte en fundamento moral, escudo frente a ideologías y garantía de regeneración social y económica, sosteniendo el equilibrio y la fortaleza de la nación.
La situación en España, marcada por la aceptación de la ocupación ilegal, es insólita en Europa. El propietario legítimo se ve desprotegido, mientras los delincuentes disfrutan de garantías injustificadas, y se benefician de dilaciones judiciales que éstas provocan, convirtiendo todo ello el derecho de propiedad en una parodia. Han invertido la finalidad de la seguridad jurídica, ya que a quien protege es al delincuente. Este atentado repercute asimismo en el mercado del alquiler: menos oferta, precios más altos y mayores dificultades para las familias honradas. La inseguridad jurídica está el núcleo mismo de la crisis nacional de la vivienda. Un Estado que tolera semejante desorden mina la confianza social y erosiona la convivencia civilizada.
El contraste europeo es contundente. En Francia, la ley Kasbarian-Bergé, aprobada en 2023, endureció las sanciones contra los okupas hasta tres años de prisión y permite su desalojo en apenas 48 horas. En el Reino Unido, desde 2012 ocupar una vivienda es un delito contemplado en las leyes penales, la policía actúa de inmediato y el intruso se enfrenta a multas y cárcel. En Alemania e Italia, la ocupación se persigue como allanamiento o usurpación, con desalojo inmediato y responsabilidad penal.
En España, en cambio, el ocupante goza de cobertura legal. Mientras el propietario debe esperar meses (a menudo años) para recuperar su vivienda, el okupa se instala con el respaldo de un sistema que convierte la justicia en burla. Esta flagrante injusticia, genera inseguridad jurídica, mafias que se lucran y propietarios que retiran pisos del mercado, reduciendo la oferta y encareciendo los alquileres. Es una política suicida que agrava la crisis nacional de vivienda y que erosiona la confianza en la Justicia y en el Estado de Derecho.
No sorprende este desorden cuando recordamos que el Partido Popular, en las reformas legales y del Código Penal de 2015, no agilizó los procedimientos de desalojo y rebajó las penas, ya de por sí irrisorias, para la usurpación no violenta. Fue otra grave insensatez que hoy pagamos los españoles.
El resultado de tanta incompetencia e intencionalidad ideológica es una mayúscula injusticia. Según el Consejo General del Poder Judicial, en 2024 se registraron 16.426 denuncias por allanamiento y usurpación, un 7,4 % más que el año anterior. Son 342 denuncias semanales, un incremento del 34,5 % desde 2018. Y todavía peor; las cifras reales, contando procedimientos civiles y denuncias invisibles, podrían superar las 80.000 viviendas ocupadas.
Cataluña concentra el 42% de las okupaciones, unas 19 al día, mientras Andalucía, Valencia y Madrid siguen la misma senda. Las normas, en lugar de ofrecer soluciones, condenan al propietario y, así, los juicios verbales posesorios han pasado de tardar 4,9 meses en 2018 a 12 meses en 2023: un año entero para que alguien pueda recuperar lo que es suyo.
A esto se suma la inquiokupación, disparada un 75% en Madrid en este año, siendo un fenómeno que todavía irá más con el bipartidismo. Y es que los delitos de usurpación cometidos por extranjeros se multiplicaron por diez desde 2018, hasta suponer el 52% del total en 2023.
Mientras tanto, las mafias hacen negocio, los okupas disfrutan de garantías procesales infinitas y los españoles honrados se convierten en víctimas por partida doble, ya que los que pierden su casa además pagan con sus impuestos un sistema que los abandona. Y, mientras tanto, todos sufrimos un alza de los precios del alquiler.
Por eso, este es un problema social. Cada piso retirado del mercado por miedo a la ocupación es una vivienda menos para alquilar, un precio más caro para las familias y una dificultad añadida para los jóvenes. La injusticia recae sobre quien pierde su propiedad, algo que clama al cielo, y la injusticia social sobre toda la sociedad que ve perjudicado su acceso a la vivienda.
Una nación que no protege la propiedad castiga, en realidad, a quienes trabajan, ahorran y cumplen la ley. A todos. Y eso es una injusticia que no podemos tolerar. Porque defender la propiedad es defender a la familia, al trabajador, a la decencia y al joven que busca un futuro. Sin propiedad segura no hay libertad; y sin libertad, no habrá jamás justicia social.
