«Democracia» y «Europa» son dos términos capaces de poner en blanco los ojos de muchos españoles, y el PSOE, principal constructor de nuestra actual sociedad, lo sabe. Por ello, no es de extrañar que el plan con el que la empresa radicada en Ferraz pretende implantar algo así como un Ministerio de la Verdad, un método contra las, en jerga cosmopaleta, fakes, contenga esas mágicas palabras. Aprobado la semana pasada en el Congreso de los Diputados, el Plan de Acción por la Democracia está preparado para implantarse, pilotado por un presidente aferrado al embuste, que se dio cuenta de los déficits de veracidad que sufre España después de que parte de la prensa destapara una serie de informaciones que han llevado a la imputación de su esposa por los delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. A las acusaciones que pesan sobre doña Begoña Gómez se suman las que recaen sobre quien se anuncia en los carteles como David Azagra, es decir, sobre David Sánchez Pérez-Castejón, al que el juzgado número 3 de Badajoz ha abierto diligencias por los presuntos delitos fraude fiscal, prevaricación, malversación, delitos contra la Administración Pública y tráfico de influencias.
Después de acusar a la «máquina del fango» de ensuciar su impoluta imagen, Sánchez, con quien Conchita Pérez tendría harto trabajo, ha impulsado un plan apoyado por sus periodistas afines e incluso por el PP, a pesar de que el diputado madrileño Juanjo Marcano, haya detectado el origen de la envidia que rezuma Génova: «lo bueno que está Pedro Sánchez». Así las cosas, una serie de medidas, como anuncia un plan que al referirse a la democracia parece hablar de una adolescente desvalida que requiere de paternalistas cuidados, tratarán de «fortalecer la transparencia, pluralidad y responsabilidad de nuestro ecosistema (sic) informativo». Gracias al Plan, que se vincula a la Agenda 2030 y busca nada menos que «promover sociedades pacíficas e inclusivas, facilitar el acceso a la justicia para toda la población y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles», los españoles podrán consumir ingentes cantidades de «transparencia, independencia, pluralismo y protección» en materia informativa. Provistos de verdades incontrovertibles, pues habrán pasado el filtro verificador gubernamental, los ciudadanos, a quienes el poder siempre adula, podrán emitir juicios equilibrados, alejándose de las opciones políticas extremas, esas que se deleitan chapoteando en sus propias ciénagas.
Ocurre, sin embargo, así lo demostró Gustavo Bueno en dos magníficos ensayos (Televisión: Apariencia y Verdad y Telebasura y democracia), que las cosas que tienen que ver con «la verdad», siempre envuelta en sombras, son algo más complejas, y que el hostigamiento a aquellos medios que no reproducen el discurso oficial construido por el PSOE, el PP y sus habituales y abiertamente hispanófobos, socios, no garantiza nada. Ocurre tal y como sentenció el maestro, pues los medios de comunicación están íntimamente unidos, no sólo por la publicidad institucional, a las democracias de mercado, adjetivo que siempre olvidan nuestros mandatarios. La máxima acuñada por Bueno, que podría ilustrarse con la pugna que mantienen broncanistas y pablomotistas fue la siguiente: «Cada pueblo tiene la televisión que merece».
