El otro día estuve en el Parlamento catalán. En una rueda de prensa de sindicatos policiales invitados por VOX. Estaban todos. Tanto de la Policía como de la Guardia Civil: SUP, JUPOL, UFP, JUCIL, AUGC, AEGC, UO e IGC. Para protestar contra la cesión de competencias en materia de fronteras a los Mossos.
La verdad es que Isabel Rodríguez, la representante de la Unión Federal de Policía, dijo una verdad como un templo: «El cuerpo de Mossos d’Esquadra —afirmó— tiene delegadas las competencias en materia de seguridad ciudadana y un año más, según los datos facilitados por el Ministerio del Interior, los robos con violencia e intimidación en Cataluña encabezan el fatídico ranking nacional con un 39,9% frente a un 18,8%, es decir casi el 50% más, de Madrid, que triplica casi la población».
Luego añadió: «En cuanto a los municipios con mayor tasa de criminalidad, dentro de los diez primeros se encuentran nueve de la provincia de Barcelona». Y terminó con una pregunta de una lógica aplastante: «¿Cómo vas a asumir competencias si no eres capaz de reducir la criminalidad en las que ya tienes?». Pues, eso. En efecto, ¿por qué piden Junts las competencias en puertos y aeropuertos si ni siquiera son capaces de garantizar la seguridad ciudadana?
De hecho, Jorge Soriano, el secretario del SUP en Cataluña, aportó otra razón: «Incumpliría la legalidad de forma manifiesta y clara». «La Constitución, en su artículo 149 y 150, deja claro que las competencias exclusivas en tema de fronteras, extranjería e inmigración corresponden a Policía y Guardia Civil», recordó de memoria. Aunque, la verdad, es que no creo que eso importe mucho a Pedro Sánchez. Un hombre habituado, como saben, a cambiar de opinión.
Pero, efectivamente, cómo vas a ceder más competencias a los Mossos si ni siquiera fueron capaces de detener al fugado más famoso de España, Carles Puigdemont, en una operación en pleno centro de Barcelona. Les dio esquinazo en sus mismas narices. Un canto en los dientes. Ya puestos: ¿para qué quieren competencias sobre inmigración? Pero si los de Junts se manifestaban en el 2021 delante del CIE de la Zona Franca, el centro de internamiento de extranjeros, para pedir su cierre. Como los de la CUP.
También piden el traspaso de Rodalies. Obviando que, en realidad, fue traspasado en el 2010. Siempre han dicho que fue un mal traspaso. Sin vías, sin trenes y sin estaciones. Pero no debía ser tan malo cuando el entonces consejero de Política Territorial era el socialista Quim Nadal (2003-2010). Años después, titular de Universidades (2022-2024) con Esquerra. ¿Aragonès no habría nombrado a un mal consejero, no?
Yo desconfío hasta de esto. De momento, Salvador Illa les ha metido un gol creando una empresa pública mixta entre el Gobierno central y la Generalidad, que pese a que lo que diga Esquerra no es un traspaso.
Un servidor, que es usuario de Rodalies, no ha notado ninguna mejoría desde que el gobierno catalán se hizo cargo de las Cercanías. Viajar en tren es un calvario entre los que se cuelan —ahora menos con el bono de Pedro Sánchez—, los que escuchan música sin auriculares, los que ponen los pies encima del asiento de delante o incluso los que fuman tabaco o hasta otras sustancias adictivas.
Ni siquiera han sido capaces, quince años después del citado traspaso, de garantizar unos trenes límpios. Todos van llenos de grafitis. El otro día inauguraron un nuevo convoy y tardó 48 horas en ser pintarrajeado. Y, créanme, eso no se arregla con nuevos más traspasos. Se arregla con más revisores, vigilantes privados y mossos. Pero la izquierda —y el independentismo— tiene un problema con la autoridad. Por eso se hunden en toda Europa.
