El Departamento de Seguridad Nacional (DSN) del Gobierno de España ha publicado un informe donde, entre otras cosas, evalúa los mayores riesgos para nuestra seguridad colectiva. Según ese informe, la amenaza más grave que España debe afrontar es la «desinformación». La conclusión le deja a uno bastante perplejo. Tenemos unas elevadas cifras de inseguridad ciudadana vinculadas a la inmigración ilegal masiva, tenemos al reino de Marruecos haciendo maniobras militares cerca de las costas canarias, tenemos a los narcotraficantes desatados embistiendo a la Guardia Civil, tenemos una presión constante sobre las ciudades de Ceuta y Melilla y tenemos varios procesos separatistas en marcha dentro del Estado, pero, según ese departamento, el mayor riesgo para la seguridad nacional son las «campañas de desinformación». Cabe preguntarse qué entiende por «nacional» ese departamento.
Es interesante leer lo que dice ese informe (páginas 101 y siguientes del texto general). De forma muy reveladora, nuestro Departamento de Seguridad Nacional cita como fuente de autoridad la clasificación del Foro Económico Mundial (el Foro de Davos de Klaus Schwab) y se apresura a concretar que el enemigo fundamental es la narrativa prorrusa en el contexto de la guerra de Ucrania. Después amplía el foco y alude a la narrativa anti-israelí en el conflicto de Gaza, pero también a la propaganda antiespañola en Iberoamérica (no llega a señalar como desinformador, sin embargo, a nuestro ministro de Cultura). Acto seguido cita las campañas en procesos electorales, aunque sin terminar de precisar gran cosa. En todo caso, podemos estar tranquilos: nuestro Departamento de Seguridad Nacional vela por nosotros y dispone de instrumentos y herramientas, estrechamente vinculados con «los países de nuestro entorno», para frenar tan insidiosas campañas. Uno termina de leer el informe y llega a la conclusión de que hay algo que no nos están contando. Lo cual, por otro lado, no deja de ser lógico en un departamento de seguridad nacional. Aunque siempre nos queda la duda de qué hay exactamente de «nacional» en todo esto.
Lo de la desinformación merece un par de aclaraciones suplementarias. Desde hace unos pocos años, el fantasma favorito de nuestras oligarquías es precisamente ése. Todos podemos estar de acuerdo en que la ley persiga y sancione las informaciones falsas o erróneas, pero el propio informe de la DSN especifica que aquí no se trata de eso, sino de otra categoría nueva y cuya definición queda al albur del definidor. Por todas partes nos advierten, nos previenen o nos amenazan acerca de los riesgos de esa «desinformación». En su nombre, los poderosos adoptan políticas que infaliblemente apuntan en la dirección de una merma sensible de las libertades. Lo hemos visto en Canadá, en Polonia, en Escocia y en la propia Unión Europea: el poderoso denuncia la “desinformación” y su reacción inmediata es prohibir algo. Al final, la denuncia de la desinformación se convierte en un simple pretexto para controlar la información, es decir, para limitar la libertad de transmitir y recibir opiniones. El ciudadano que recibe las informaciones «correctas» está informado; el que no, es un «desinformado» que debe ser reeducado y devuelto al buen camino.
No es inútil poner esto en relación con el ambiente que se vivió durante los peores meses de la pandemia, banco de pruebas para tantas cosas en nuestras cada vez menos libres sociedades. En aquellos meses —recuérdese—, «desinformar» era explicar que lo del pangolín era inverosímil, que las llamadas «vacunas» COVID no prevenían el contagio, que la utilidad de las mascarillas era limitadísima y que la estrategia de aislamientos masivos era contraproducente. O sea, «desinformar» era decir la verdad. Como la «desinformación» causaba estragos, el Gobierno puso a la Guardia Civil a «monitorizar las opiniones desafectas» y repartió decenas de millones de euros entre los grandes medios de comunicación para asegurarse una narrativa «correcta». La mentira se convirtió en verdad oficial en nombre de la lucha contra la desinformación.
Supongo que, hoy, también habrá alguien encargado de «monitorizar» a quienes pensamos que los mayores riesgos objetivos para la seguridad nacional son la ruptura separatista de la nación, la delincuencia vinculada a la inmigración ilegal, la agresividad de Marruecos o la impunidad del narcotráfico. Por no hablar de las consecuencias de embarcarnos en una nueva guerra fría en la que España, objetivamente, no tiene nada que ganar. Claro que, tal vez, España no sea la nación a la que se refiere esta «seguridad nacional». Seguiremos informando. O, mejor dicho, desinformando.
