Durante muchos años, los partidos que ocuparon la Moncloa mantuvieron contactos con la banda terrorista ETA, sangrienta herramienta del secesionismo vasco convertida hoy en innecesaria, toda vez que los vericuetos del régimen —«la democracia que nos hemos dado»—, desde los franquistas días en los que se diseñó, permiten la sobrerrepresentación de estas sectas hispanófobas. Tras efímeros acuerdos, los portantes de la capucha y la boina, solían revelar el contenido de aquellas conversaciones de las que, en consonancia con la tradición vascongada —recordemos el cervantino, «Yo, señor, porque sé leer y escribir, y soy vizcaíno»— levantaban acta.
De aquella serie de negociaciones destacan las de Argel, santuario etarra alternativo al francés, en el que representantes del gobierno de González se sentaron con la cúpula etarra. Con Aznar en el poder, las negociaciones se retomaron en Suiza, actual santuario de lazis como la prófuga de la justicia española, Marta Rovira, en el que los emisarios de Sánchez negocian una financiación privilegiada para Cataluña de la que también hay actas convertidas en herramientas de un nuevo chantaje. A esta enumeración de charlas nada transparentes, podemos sumar las que el PP estableció con Junts tras las elecciones generales de hace un año. Sin que se haya exhibido prueba documental alguna, queda la evidencia de unas reuniones reducidas a la condición de «café entre concejales» que vuelve a situar a la cafeína como el estimulante por excelencia de la política española.
Que los arcana imperii son una parte constitutiva del quehacer político, es algo sabido. Ahora bien, que los interlocutores de negocios más o menos secretos sean el Gobierno de una nación y un colectivo de nacionales que trabajan para destruir esa misma nación es, por decirlo suavemente, un exotismo. Una anomalía aceptada por el bipartidismo, que siempre ha buscado en estos partidos, inauditos en otras democracias homologadas, apoyos para gobernar y, de paso, mantener su maquinaria, enfangada o no.
Junto al diálogo, la invocación a la transparencia es una constante en los discursos de los socialistas. Si el diálogo, un muy sectario diálogo, fue el denominador del gobierno de Zapatero, la transparencia es la alternativa a la máquina del fango, que los publicistas han diseñado para Sánchez, blanco preferido de este artefacto. Sin embargo, la política española, por más propaganda que la envuelva, cada vez acumula más censura y oscurantismo. Prueba de ello han sido las negociaciones que el PSOE y el PP han mantenido, durante dos años, para el reparto de los jueces del CGPJ, entre acusaciones de incumplimiento de la Constitución, lanzadas por los de Ferraz y manifestaciones callejeras del PP repletas de banderas azules que preludiaban la tutela europea. Tormentas en el vaso de agua en el que chapotean estos dos partidos socialdemócratas, de las que suele salir victorioso el de Sánchez, que ahora pretende limpiar la atmósfera de bulos con una ley que combatirá a los pseudomedios y que censurará datos como que la mitad de los asesinatos de mujeres en lo que va de año han sido cometidos por extranjeros, práctica, la de la ocultación de la nacionalidad de los delincuentes que, tal y como ha reconocido la presidenta de TVE, está pactada por el PSOE y el PP desde 2003.
