La semana pasada ocurrieron dos hechos, aparentemente inconexos, que muestran la urgente necesidad de articular una nueva oposición en Venezuela. El primero de ellos fue la divulgación del informe de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, en el que se da luz verde a la investigación contra Nicolás Maduro y sus aliados por cometer crímenes de lesa humanidad.
El segundo hecho fue el inicio de un nuevo diálogo entre la oposición oficial de Venezuela y el régimen de Nicolás Maduro, en Ciudad de México, pese al fracaso de casi una veintena de anteriores intentos de negociación y al rechazo que suscitan en la mayoría de los venezolanos.
Evidentemente, ambos hechos son mutuamente excluyentes. Si se cree que una organización es culpable de delitos de lesa humanidad ¿cómo se puede llegar a un acuerdo con ella? Porque al sentarse con una mafia a dialogar ¿no se sobreseen acaso sus crímenes?
Como bien lo señala un análisis del periodista José Gregorio Martínez, con la firma del “Memorando de entendimiento” en México, se da por terminado el interinato de Juan Guaidó y Nicolás Maduro deja de ser usurpador.
Al firmar dicho documento, se arroja al basurero la mil veces repetida promesa de: “cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”, como también quedan fuera del corazón de los venezolanos sus autores.
Por lo tanto, se abre el espacio para la conformación de una oposición real, no oficialista, comprometida con un cambio total de sistema. Una dirigencia que busque un camino diferente que excluya el diálogo y negociaciones con asesinos y elecciones regentadas por autoridades electorales chavistas.
Las banderas a enarbolar por la real oposición están, justamente, en el recién conocido informe de la Corte Penal Internacional y la acusación de Estados Unidos en contra de Maduro por ser el “capo de los cómplices del narcotráfico” en el hemisferio –motivo por el cual ofreció una recompensa de quince millones de dólares por su cabeza–.
Es decir, una oposición seria en Venezuela debe diseñar una estrategia basada en las características criminales del régimen madurista y orientada a activar la Convención de Palermo contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, el protocolo de Responsabilidad de Proteger a los Pueblos (R2P) y el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).
Puede que en este momento tal meta parezca difícil de alcanzar –en parte por las repetidas fallas y omisiones de la diplomacia del gobierno interino– pero tarde o temprano los gobiernos afectados por la “brisita bolivariana” comprenderán la necesidad de promover un cambio en Venezuela o, de lo contrario, ser derrocados por medio de protestas vandálicas orquestadas por el chavismo o derrotados electoralmente por candidatos del Foro de Sao Paulo.
Venezuela cuenta con muchos dirigentes políticos de prestigio, entre ellos, María Corina Machado, Enrique Aristeguieta Gramcko, Antonio Ledezma, Diego Arria, Asdrúbal Aguiar, Humberto Calderón Berti y Carlos Ortega, por mencionar unos cuantos. También cuenta con más del 90 por ciento de los ciudadanos que anhela un pronto cambio de gobierno. Falta ahora que estas fuerzas se articulen con un solo propósito: el cese de la usurpación y la implementación de la justicia.
Están dadas las condiciones para el surgimiento de una genuina dirigencia y militancia de oposición luego de la capitulación en México. Una alianza generosa que priorice el objetivo sobre agendas personales o partidistas. El objetivo es el rescate de Venezuela.
