Uno de los grandes dramas de nuestro tiempo es, sin duda alguna, la vulgarización de la política, que ha pasado de ser probablemente el más elevado de todos los afanes del hombre, a devenir en una ciénaga maloliente en la que encontrar alguna excepción constituye un verdadero milagro. Los partidos, y en concreto los dos partidos que han parasitado las instituciones desde la muerte de Franco hasta hoy, han hecho de la política un modus operandi para el expolio del dinero público, para la satisfacción de presuntos derechos de bragueta, y en fin, para el pillaje exento de consecuencias legales.
Es exactamente en este contexto, en el de la insoportable degradación de la vida política, donde debemos enmarcar el penúltimo exabrupto (el último lo puede estar expeliendo en el justo momento en que ustedes leen estas líneas) de la candidata del PSOE a la presidencia de la Junta andaluza, María Jesús «Marichu» Montero, a la sazón ex vicepresidenta del Gobierno español. Su valoración del acto criminal, prácticamente terrorista, que ha costado la vida a dos agentes de la Guardia Civil de Huelva refleja lo que sucede cuando se dan, en un mismo cargo político, la ignorancia y falta de educación, y la ausencia total de principios morales. Para Montero, el doble asesinato fue un simple accidente laboral. No sabemos si «in itinere» o no.
Es bueno recordar aquí que esta señora, que en sus momentos de mayor desparrame verbal consigue que no se la entienda absolutamente nada (y no por andaluza, sino por zafia), formó parte de los gobiernos socialistas de Andalucía que fueron duramente juzgados por haber albergado uno de los más graves casos de corrupción de la historia de España, el caso de los EREs. Montero formó parte de los ejecutivos tanto de Chaves como de Griñán, como consejera de Salud, y posteriormente como responsable de Hacienda, ya con Susana Díaz. Hablamos de casi 800 millones de euros de dinero público «indebidamente utilizado» durante aproximadamente diez años. Es peregrino plantear que la ahora candidata del PSOE a presidir la Junta no supiera nada sobre ello.
Como premio por haber participado en esa curiosa manera de «gobernar», y por haber ensayado en la probeta andaluza sus disparatadas tendencias fiscales (que se resumen en tratar de meter la mano en los bolsillos de los ciudadanos para esquilmar hasta el último céntimo de lo que tengan…, es decir, socialismo de libro), Sánchez, inasequible en la tarea de demoler hasta la última piedra del edificio institucional de España, la hizo primero ministra y luego vicepresidenta del Gobierno. En los últimos años, ha dado numerosas muestras de su modestia intelectual, dejando para la posteridad expresiones como «el señor Mopongo» con la que se refirió a Núñez Feijoo durante un mitin en 2022. O el «mira, Chiqui» con el que se dirigió a una periodista que trataba de saber cómo puede haber un desvío de 1.200 millones de euros en unos presupuestos.
Más allá de la vergüenza ajena que produce tener en el Gobierno de España a personajes de esta ínfima calidad política y personal, sus palabras al calificar el doble asesinato de los guardias civiles como un «accidente laboral» son de una gravedad suprema; desde luego, motivo suficiente para que esta señora fuese inmediatamente apartada de la carrera electoral del 17 de mayo. Además de constituir un insulto intolerable a las familias de las víctimas, supone un desprecio repugnante hacia la heroicidad de esos dos agentes y de todos los guardias civiles que han perdido la vida en acto de servicio, defendiéndonos a todos de las bandas de criminales, malhechores y terroristas. Montero, si hubiese un ápice de dignidad en su partido, debería presentar su dimisión hoy mismo. Pero por supuesto que no lo hará.
España no podrá quitarse nunca esta costra de ruindad que la consume mientras los españoles no comprendan que el acceso a las instituciones no puede consistir en que los partidos coloquen a dedo a sus personajes más siniestros. Si María Jesús Montero encontraría muy serias dificultades para poder trabajar como administrativa, por ejemplo, en una empresa de tornillos (sin que esto constituya ninguna indirecta), tampoco debería poder trabajar en nada menos que el servicio a la nación española desde uno de los puestos de máxima responsabilidad. Para salvar España antes es imprescindible limpiar la democracia de gente incapaz de aplicar el más elemental sentido común en sus actos y en sus palabras. Ojalá que, al menos, los andaluces pongan a esta señora donde corresponde el próximo domingo.
