Pasado el mes horribilis de la corrupción en España, se esperaba que los partidos políticos no solamente se rasgaran las vestiduras, sino que reunidos en cónclave, juntos o por separado, formularan a la sociedad sus compromisos legislativos para combatir en serio, desde la raíz y con eficacia, esta lacra que hace irrespirable el país y que además amenaza con llevárselos por delante. Amén de ocurrencias sueltas, lo único que hoy nos han dejado claro es que ‘van a hacer algo’ cada uno por su cuenta y fundamentalmente para atajar la corrupción del contrario. El PP, por boca de Cospedal, dio a entender que “no pueden hacer nada más” y el PSOE, por boca de César Luena, afirmó que no puede pactar nada con el PP por ser “el partido de la corrupción”. Habrá propuestas de cada uno de ellos, pero es de temer que serán medidas parche que irán como siempre a los efectos y no a las causas. La corrupción se facilita por toda legislación que suponga la posibilidad de los gobernantes de alterar el libre mercado. Cada vez que se legisla la necesidad de ‘un permiso’ o de figurar en un ‘plan previo’, se facilita que el mundo económico busque como desatascar cuestiones o acelerar procesos que dependen de alguna autoridad o disposición gubernativa. Leyes como la de La Función Pública (1984) que facilitó el nombramiento a dedo, La Ley de Cajas (1985) que politizó sus Consejos convirtiéndolas a instrumentos financieros solo de lo público y un sinfín de leyes que, al no ser especialista, no oso ni mencionar. Si reaccionar ante la corrupción es crear dos plazas de jueces en la Audiencia Nacional y hacer dimitir a los imputados, vamos finos.
No entiendo nada. Sin separación radical de poderes y sin reducir radicalmente la intromisión del Estado en la esfera privada, es del todo imposible erradicar las causas de la deshonestidad pública. ¿Algún partido propondrá atajar realmente las causas o preferirán el maquillaje tan habitual en nuestra clase política? ¿Alguien me lo explica?
