La titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, investiga un delito que podría alcanzar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el marco de la causa abierta por la invasión de inmigrantes ilegales en Ceuta de los días 30 y 31 de julio. Se trata del delito de comprometer la paz o la independencia del Estado, contemplado en el artículo 590.1 del Código Penal y castigado con penas de ocho a quince años de cárcel cuando el responsable es una autoridad o funcionario público. La investigación se encuentra todavía en una fase inicial y la calificación jurídica recogida por la magistrada es provisional.
La magistrada asumió la investigación después de recabar el criterio favorable de la Fiscalía y considera que los hechos podrían encajar, además, en otros delitos: contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, homicidios y lesiones por imprudencia y organización criminal. En su resolución, Tardón aprecia provisionalmente una posible «intencionalidad de atentar contra el Estado, vulnerando su integridad territorial» y aborda la hipótesis de que la entrada masiva fuera utilizada como una herramienta de «guerra híbrida» o «zona gris».
El artículo 590.1 castiga a quien, mediante actuaciones ilegales o carentes de la autorización correspondiente, exponga a ciudadanos españoles a sufrir vejaciones o represalias sobre sus personas o bienes. En el caso de una autoridad o funcionario, la horquilla penal se sitúa entre los ocho y los quince años de prisión; para el resto de responsables, entre cuatro y ocho. Si esas vejaciones o represalias finalmente no llegan a materializarse, el Código Penal prevé una pena inferior.
Fuentes jurídicas citadas por Libertad Digital sostienen que este es el tipo penal que podría afectar eventualmente a Sánchez o al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, si durante la instrucción apareciesen indicios sobre su actuación. Esa posibilidad no equivale, por ahora, a que ambos estén investigados por dicho delito. Además, el presidente está aforado ante el Tribunal Supremo, por lo que Tardón tendría que elevar una exposición razonada al Alto Tribunal si encontrase indicios contra él.
La causa ha incorporado asimismo las actuaciones que hasta ahora se tramitaban en Ceuta sobre el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano. El órgano judicial ceutí ha acordado inhibirse y enviar íntegramente la documentación a la Audiencia Nacional, donde se investigará conjuntamente la posible responsabilidad derivada de la actuación de las autoridades durante la crisis.
De esta forma, Tardón concentra en la Audiencia Nacional las distintas líneas abiertas alrededor de los sucesos de finales de julio: desde la posible organización de la entrada masiva y las muertes y lesiones producidas durante los hechos hasta la respuesta ofrecida por las autoridades españolas. Será el desarrollo de las diligencias el que determine si existen indicios suficientes para dirigir el procedimiento contra responsables concretos.
