El histórico dirigente socialista Gaspar Zarrías envió un mensaje a la fontanera del PSOE, Leire Díez, con un listado que incluía la identidad de varios agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) que habían declarado como testigos en el juicio de los ERE de Andalucía, acompañado de sus respectivos números de Tarjeta de Identidad Profesional (TIP).
La conversación figura entre la documentación intervenida por la Guardia Civil durante la investigación y ha sido incorporada al procedimiento judicial. Según la información recogida en el escrito del Ministerio Público, este intercambio de mensajes sirve para reforzar la tesis de que Zarrías desempeñó un papel activo dentro de la presunta estructura investigada.
El mensaje remitido por el exdirigente socialista era breve pero explícito. «Y estos son todos los UCOS que declararon en juicio», escribió a Leire Díez antes de enviar la relación de agentes que habían comparecido durante el proceso judicial por el caso de los expedientes de regulación de empleo en Andalucía.
Para la Fiscalía, este episodio no constituye un hecho aislado. El Ministerio Público sostiene que la obtención de la identidad profesional de los investigadores se enmarcaba en una estrategia más amplia destinada a recopilar información sobre los guardias civiles responsables de las principales investigaciones por corrupción que afectaban al PSOE y a personas de su entorno.
Los investigadores consideran especialmente relevante el contexto en el que se produjo ese intercambio de información. A su juicio, el objetivo no se limitaba a identificar a quienes habían participado en el juicio de los ERE, sino que respondía a una dinámica orientada a conocer datos personales y profesionales de los agentes que intervenían en procedimientos especialmente sensibles.
El informe elaborado por la UCO, asumido posteriormente por la Fiscalía e incorporado íntegramente a la causa, atribuye a la organización investigada distintas actuaciones encaminadas a obtener información sobre los responsables de esas investigaciones judiciales. Entre ellas figura el envío del listado con los nombres y números de identificación profesional de los agentes que prestaron declaración en uno de los procesos por corrupción más relevantes de la historia reciente de Andalucía.
A partir de esos elementos, el Ministerio Público sostiene que la recopilación de esa información formaba parte de una actuación dirigida a intentar neutralizar las investigaciones mediante el conocimiento de la identidad de los miembros de la Guardia Civil encargados de desarrollarlas, una circunstancia que considera relevante dentro del conjunto de diligencias que integran la causa.
