Los fontaneros de Ferraz se aliaron en el otoño de 2021 con el exdirigente andaluz Gaspar Zarrías con el objetivo de reunir material sensible sobre miembros de la judicatura, fiscales y fuerzas de seguridad que habían intervenido en investigaciones de corrupción vinculadas al socialismo andaluz, según diversas fuentes internas.
Esta colaboración, en la que participaron activamente la militante Leire Díez Castro y el empresario Javier Pérez Dolset, habría buscado debilitar los procedimientos judiciales que afectaban a antiguos responsables de la Junta de Andalucía. En ese momento, estos casos suponían uno de los principales focos de desgaste para el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Zarrías, que había sido una figura clave durante décadas en la estructura del partido en Andalucía, se encontraba entonces pendiente de la resolución de los recursos presentados ante el Tribunal Supremo por el conocido caso de los ERE. Este proceso judicial ya había derivado en condenas en 2019 por parte de la Audiencia Provincial de Sevilla, que le impuso una inhabilitación de nueve años por prevaricación continuada, fallo que posteriormente fue ratificado en 2022.
El propio exconsejero ha reconocido que mantuvo varios encuentros con Díez y Pérez Dolset. Según su versión, estos le trasladaron que disponían de documentación relevante relacionada con el caso, incluyendo material procedente de grabaciones atribuidas al comisario Villarejo. A cambio, Zarrías les facilitó acceso a resoluciones judiciales y les explicó aspectos técnicos del procedimiento para ayudarles a comprender mejor el entramado jurídico.
De acuerdo con las fuentes consultadas por El Confidencial, la actividad de este grupo no se limitó a este caso. También habrían prestado apoyo a otros antiguos cargos investigados en diferentes causas, como el caso Invercaria, el escándalo urbanístico Astapa o el procedimiento relacionado con la mina de Aznalcóllar. Las reuniones se celebraron principalmente en Madrid, aunque también se produjeron desplazamientos a Andalucía.
En paralelo, la situación personal de algunos de los implicados también estaba bajo escrutinio judicial. Pérez Dolset afrontaba causas por presunto fraude en subvenciones, mientras que Díez ocupaba cargos en empresas públicas, primero en Enusa y posteriormente en Correos, donde desarrolló funciones institucionales hasta 2024.
La relación entre Zarrías y Díez se estrechó aún más en 2024, cuando esta última se incorporó a su consultora privada. Poco después, el Tribunal Constitucional anuló las condenas del caso ERE, lo que supuso un giro significativo en el panorama judicial para varios de los afectados.
Ese mismo año, en un contexto marcado por nuevas controversias políticas, Díez y Pérez Dolset mantuvieron encuentros con responsables del partido y del entorno gubernamental en Madrid, en los que habrían entregado distintos materiales relacionados con otros asuntos sensibles.
Sin embargo, la colaboración entre los implicados terminó poco después de que salieran a la luz informaciones sobre supuestas actividades de presión y recopilación de datos contra actores considerados hostiles. Tras ello, la consultora de Zarrías fue disuelta, mientras continúan las investigaciones judiciales sobre estas actuaciones.
El exdirigente andaluz está citado a declarar como testigo en un juzgado de Madrid que instruye la causa relacionada con estas supuestas maniobras, en un caso que sigue generando repercusión política y judicial.
