Hay un juez en la Audiencia Provincial de Barcelona que se llama Vidal. Santiago Vidal. Ese juez ha adquirido notoriedad pública porque es uno de los “cerebros” de la Constitución independentista catalana. El Consejo General del Poder Judicial ha dicho que va a investigar a Vidal. Y Vidal, dolido, se lamenta de que en un Estado de Derecho se persiga a la gente “por pensar”. Lágrimas de cocodrilo. Y pensamientos de algún animal menos amable.
A Vidal no le van a investigar por “pensar”; no se le ha puesto en entredicho por sus reflexiones de naturaleza jurídico-política sobre la nación catalana. A Vidal le van a investigar –y esperemos que algo más- porque, siendo juez en un Estado, conspira abiertamente para violar la ley en ese Estado. Ni más, ni menos.
Imaginemos a un coronel del Ejército que, en sus ratos libres, se dedica a estudiar la forma más eficaz de dar un golpe de Estado en su propio país. Imaginemos a un funcionario docente –un profesor, vaya- que, en sus ratos libres, se dedica a alimentar fantasías pederastas. Uno y otro serían inmediatamente apartados de la función pública, y con razón. Porque las fantasías pederastas o los estudios golpistas “en sus ratos libres” pueden no ser delito, pero son inaceptables en un funcionario que ha de defender la educación de los niños o el orden legalmente constituido, respectivamente. Del mismo modo, la conspiración para romper la estructura legal del Estado es inaceptable en un funcionario cuya obligación es, por definición, hacer que impere la ley.
El juez Vidal, en efecto, debe ser no sólo investigado, no sólo expedientado, sino también apartado de la carrera judicial. Sencillamente porque no puede confiarse la tarea de aplicar la ley a un señor que sueña con quebrarla. Y menos aún, por cierto, en un Estado de Derecho.
