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Este artículo se publicó en La Gaceta antes de convertirse en La Gaceta de la Iberosfera, no siendo entonces propiedad de Fundación Disenso.

Esta mujer mató al violador de su hija

El indulto nació como una institución reparadora de las injusticias materiales que la aplicación estricta de la Ley podía producir. Cicerón sostuvo en Los Oficios que la justicia extrema es la extrema injusticia y dos mil años después uno tiene que seguir dándole la razón.

La Sala Tercera del Tribunal Supremo, de lo contencioso administrativo, ha resuelto sobre la petición de indulto solicitado para María del Carmen García, la mujer que mató al violador de su hija de 13 años y fue condenada a cinco años y medio de prisión. Hoy se ha conocido el fallo y, en los próximos días, se conocerá la decisión completa del Tribunal, de modo que podremos conocer sus fundamentos. Según lo publicado,  los Magistrados han considerado que el Gobierno goza de discrecionalidad a la hora de decidir si concede o no el indulto y que, por eso, su decisión apenas debe estar motivada.

El abogado defensor de Mª del Carmen pidió a la Audiencia Provincial de Alicante la suspensión de la pena alegando que la condenada padece desde la violación de su hija de 13 años –sufrida en 1998- un trastorno adaptativo mixto, de modo que su encarcelamiento sería “desestabilizador” para su estado psíquico y físico a causa de su enfermedad mental. El defensor sostiene que es incurable. La Audiencia desestimó la petición y acordó el ingreso en prisión. Entonces, el abogado pidió el indulto, que el Gobierno denegó. Por último, recurrió ante el Supremo, que ahora ha resuelto, de nuevo, en contra de la madre condenada, que por cierto está cumpliendo condena en prisión.

Sin duda, el asunto es delicado. Uno de los pilares de nuestro ordenamiento jurídico y de la propia convivencia de una sociedad civilizada es que nadie puede tomarse la justicia por su mano. Otro de esos pilares es que a todos nos cabe esperar una decisión fundada sobre nuestras pretensiones. En algunos casos, esas decisiones son incluso justas. Decía Calamandrei que la justicia se manifiesta solo a quien cree en ella. Pues bien, en días como estos la Justicia pide unos actos de fe que no a todo el mundo se le pueden exigir.

Bolinaga está en su casa con una condena muy superior a la de Mª del Carmen. El Gobierno ha indultado a políticos corruptos o a un conductor kamikaze -pongo sólo algunos ejemplos- pero no a esta mujer. Conozco otros casos, incluido el de un hombre que fue condenado por una conducta que hoy ni siquiera sería constitutiva de delito. Tampoco a ese lo indultaron. Si el indulto nació para remediar las injusticias, parece haberse convertido en un instrumento para confirmarlas o alumbrar otras nuevas. Alguno dirá que el Supremo anuló el indulto al conductor kamikaze pero tendrá que admitir que su concesión fue una ignominia además de una arbitrariedad.

He aquí uno de los problemas de este asunto. Una decisión del Gobierno puede ser discrecional, pero no arbitraria. Debe someterse a criterios como la racionalidad o la razonabilidad. De lo contrario, caemos en la arbitrariedad de los poderes públicos que prohíbe nuestra Constitución (art. 9.3º). No se me ocurre otro modo de concebir el indulto si no es a la vista de los principios que inspiran nuestro ordenamiento jurídico (art. 1.4º del Código Civil) y creo que el Gobierno los ha traicionado en este caso y en otros. Prefiero esperar a leer qué ha resuelto el Supremo para escribir algo sobre su decisión.

Un gran abogado, Ángel Ossorio y Gallardo, afirmó que “se puede vivir sin trabajo, sin dinero y hasta sin salud, pero sin justicia no se puede vivir. Los hombres tenemos cierta tolerancia –bastante inmoral ciertamente– para perdonar las faltas del ministro, del diputado o del senador, del gobernador y del alcalde, pero no se perdona la del juez, porque en él pretendemos hallar nuestro último y definitivo amparo”. Otro día veremos si se puede vivir sin trabajo ni esperanza de encontrarlo. Por lo pronto, el Gobierno tendrá que hacer un gran esfuerzo para justificar su decisión –y confío en que el Supremo haya hecho lo propio para confirmarla- porque el doble rasero en la concesión de algunos indultos y la denegación de otros comienza a ser escandalosa.

No me justificaré diciendo que esta mujer hizo mal en matar al violador de su hija de 13 años. Cometió un delito y la ley dice que debe sufrir un castigo. Ahora bien, esto no legitima al Gobierno para ser arbitrario ni sana la injusticia que puede tener una decisión. Lo legal no siempre es justo.

Mª del Carmen cometió un delito –mató al violador de su hija de 13 años- pero ha padecido una doble injusticia: la primera fue la espantosa tragedia de la violación –a ver si ahora el violador va a ser solo víctima- y la segunda es que le hayan resuelto la petición de indulto como si pedir una gracia impusiera al condenado la carga de soportar la arbitrariedad en lugar de someterse a la discrecionalidad, que no debería ser lo mismo.

Esta mujer –que mató al violador de su hija- sigue siendo una ciudadana con derechos y el Gobierno sigue teniendo obligaciones hacia ella; por ejemplo, la de dictar una resolución discrecional pero no arbitraria. Sigue mereciendo obtener la tutela judicial efectiva de los Magistrados del Supremo, esa misma que han obtenido terroristas, políticos corruptos y que hubiese gozado incluso el miserable violador de una chica de 13 años.

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