El Gobierno de la Generalitat catalana ha manifestado su intención de explicar en el Senado su demanda de celebración de un “referéndum acordado”, para afirmar a continuación que en cualquier caso la consulta tendrá lugar, tanto si se acuerda como si no con las autoridades del Estado. Si su intención es colocar las urnas pase lo que pase y digan los que digan el Ejecutivo central, las Cortes, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, ¿para que solicitan comparecer en la Cámara Alta con el fin de exponer un referéndum pactado? Si no hay voluntad ninguna de llegar a un acuerdo, ¿por qué dicen que lo pretenden? ¿A quién quieren engañar, a los senadores o a sí mismos?
Otro aspecto incomprensible de su planteamiento es su insistencia en establecer una negociación con el Gobierno de la Nación para articular algún tipo de arreglo que les permita llamar a los ciudadanos de Cataluña a votar sobre su pertenencia a España, cuando saben perfectamente que semejante operación es imposible por ser flagrantemente contraria a la Constitución y que sin proceder a su reforma no es que Rajoy o quién se encuentre en La Moncloa en el futuro no quiera acceder a su petición, es que sencillamente no puede. Por tanto, no se entiende que en vez de insistir machaconamente en que se les deje convocar el referéndum, no centran sus exigencias en la reforma del Título I de la Ley Fundamental para incorporar el derecho de secesión de las Comunidades Autónomas, cuestión que, en caso de prosperar, sí les abriría la puerta a decidir sobre algo que ahora no puede ser objeto de decisión por una parte del único sujeto soberano, que es el pueblo español en su conjunto.
La primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, también quiere que los escoceses se vuelvan a pronunciar sobre la unión de su país con Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte para que el Reino Unido siga o no existiendo. Sin embargo, su presentación del tema está dentro de la lógica. En primer lugar, un referéndum de este tipo es constitucional dentro del ordenamiento británico y, en segundo, dado que se requiere la conformidad del Parlamento de Westminster para poder realizarlo, a la señora Sturgeon ni se le pasa por la cabeza desobedecer a lo que determinen en Londres. Si los Comunes deciden que no procede, la primera ministra escocesa protestará, pero acatará la ley.
Siguiendo con los elementos surrealistas del proyecto de Junts pel Sí y la CUP, es de todos conocido que la Generalitat está quebrada, que su deuda se sitúa en la categoría de bono basura y que sobrevive gracias al crédito a interés cero que le suministra el Tesoro nacional, merced a lo cual paga a su personal y a sus proveedores. También es del dominio público que el sistema de pensiones es deficitario en Cataluña y que los jubilados catalanes perciben puntualmente su pensión porque la Seguridad Social española provee los fondos necesarios. Pese a tales evidencias, Puigdemont, Mas, Junqueras, Gabriel y demás iluminados anuncian que la independencia traerá la prosperidad, la abundancia y el superávit. Cualquiera que, dotado de una mínima capacidad de raciocinio, reflexione sobre las consecuencias de salir del euro, del mercado europeo y del mercado español, y todo ello sin acceso a financiación, concluirá que la separación de España sería para Cataluña una catástrofe económica de proporciones apocalípticas, que condenaría a millones de catalanes al paro y a la pobreza. Pues eso es exactamente lo que proponen los independentistas y hacen enormes esfuerzos para conseguirlo. Es como si viéramos a un individuo pegándose martillazos en la cabeza con cara de absoluta felicidad.
Si se invirtieran todas las energías, recursos y tiempo que el Gobierno separatista dedica a intentar destruir el marco institucional, jurídico, económico y político que hace que Cataluña sea una de las regiones más ricas de Europa, en trabajar para mejorar su educación, su competitividad, sus infraestructuras y su seguridad, en la esquina nordeste de la península ibérica tendríamos un territorio y una sociedad que serían la envidia del mundo. En cambio, en virtud del deletéreo empeño de los secesionistas en romper los vínculos con España y con la Unión Europea, Cataluña es hoy una comunidad dividida, endeudada hasta las cejas y atormentada por la incertidumbre sobre su futuro. Mientras los angustiados catalanes se debaten entre la frustración y el temor, la diligente Vicepresidenta Saénz de Santamaría se desgañita ofreciendo diálogo a los dirigentes nacionalistas cuando en realidad lo que debería buscarles es un confortable manicomio en el que se les tratase de sus dos graves patologías, el narcisismo obsesivo y la cleptomanía compulsiva.
