Lo dijo Francesc Cambó, hay dos caminos seguros al fracaso, pedir lo imposible, retrasar lo inevitable. España se encuentra en la peor situación imaginable porque se han juntado el hambre con las ganas de comer, los independentistas se empecinan en exigir lo imposible, Rajoy en posponer lo ineludible. Y como Puigdemont y compañía no cejarán en su propósito suicida, el Presidente del Gobierno en funciones ha de actuar sin más demora antes de que el derrumbe sea general. A ningún español de bien le va a servir de consuelo que Cataluña se vaya al precipicio si la Nación de todos es arrastrada también al vacío.
Hay una cosa que ha quedado ya clara en este malhadado proceso; ni las inhabilitaciones ni las sentencias ni las multas ni las prohibiciones tendrán el menor efecto sobre la tropa secesionista. Han demostrado hasta la saciedad que para ellos el orden jurídico y el imperio de la ley son temas que no les afectan y que cualquier decisión de los tribunales del Estado les trae al fresco y será desobedecida. Han trazado un plan detallado y con un calendario preciso que han explicado en sede parlamentaria: en dieciocho meses las instituciones catalanas se “desconectarán” de las españolas y dejarán de ser eso, españolas, para nacer como nuevas estructuras de una república soberana y separada del resto del territorio nacional. Lo han proclamado alto y diáfano desde la tribuna del hemiciclo del Parc de la Ciutadella y han empezado a trabajar para materializarlo. El hecho de que la operación sea inconstitucional, ilegal, disparatada y ruinosa les importa un comino, están resueltos a llevarla a cabo y han proporcionado toda clase de pruebas de que no se detendrán.
Llegados a este punto de rebeldía abierta, ¿qué sentido tiene esperar a que legislen fuera del marco legal vigente, a que tomen decisiones ejecutivas para crear organismos fantasma y a que ignoren las normas que les obligan en derecho? Existe suficiente evidencia de que están perpetrando un golpe incruento y de que se dan sobradamente las condiciones establecidas en el artículo 155 de nuestra Ley Fundamental. El método del goteo doloroso de un recurso tras otro ante el Tribunal Constitucional para asistir al desprecio olímpico con el que serán recibidas las subsiguientes resoluciones de sus magistrados, las suspensiones de funciones que asimismo caerán en saco roto y las burlas y befas de acompañamiento a cada uno de estos episodios que se prodigarán desde la Generalitat y sus corifeos humillando una y otra vez a la Corona, al Gobierno de la Nación y al conjunto de sus ciudadanos, sólo contribuirán a nuestro desprestigio a los ojos de la comunidad internacional, al hundimiento de la Bolsa, a la huida de los inversores y a la reversión de la incipiente recuperación.
Bien están los gestos de frialdad emitidos por el palacio de La Zarzuela, las declaraciones solemnes de La Moncloa y el apoyo de los otros dos grandes partidos constitucionalistas, pero es urgente una muestra decidida de autoridad de acuerdo con las previsiones de nuestra Carta Magna. En todos los Estados federales del planeta si un componente de la Federación vulnera la ley y se alza contra la soberanía común y compartida, está previsto que caiga sobre el levantisco la fuerza legítima coactiva que le devuelva a la cordura. El Gobierno no ha de estar quieto ni un día más, ha de acudir al Senado y obtener la autorización para poner a las autoridades sediciosas de Cataluña bajo su control y terminar con esta farsa trágica y grotesca. Al fin y al cabo, la paciencia ha sido demostrada hasta límites peligrosos y nadie podrá reprochar a Rajoy que a estas alturas ponga los puntos sobre las íes.
Se puede pecar por acción y por omisión. Lo primero es propio de malvados, lo segundo de cobardes. ¿Será posible que por una vez la cachaza fatalista que nos gobierna se transmute en el coraje inteligente que necesitamos?
