Cuando escribí mis dos artículos anteriores, de los que no tengo que suprimir ni una coma, no se había producido el segundo golpe de Estado del separatismo catalán contra la legalidad legitimidad del actual régimen español. Recuerden que el primero se produjo el 9 de noviembre del año pasado cuando, a pesar de la prohibición de Tribunal Constitucional, los amos separatistas de Cataluña realizaron la consulta que habían prometido con la apertura de centros y colegios electorales, utilización de papeletas, urnas y listas de electores y recuento de votos. Aquel acto de rebelión sin paliativos se llevó a cabo a pesar de que el gobierno dijera, por activa por pasiva, que no se celebraría. No tendría ningún valor ni legal ni jurídico, pero tuvo un gran valor político. Porque, tras aquel simulacro o como quiera llamársele, los separatistas siguieron percibiendo y percatándose de que quienes mandaba en Cataluña eran ellos.
No fue casualidad que en las elecciones autonómicas celebradas allí el 27 de septiembre, los separatistas las ganaran también sin paliativos, con casi el 50% de los escaños del Parlamento catalán para ellos. Porque, para sus fanatizados seguidores, aquello ya no eran unas elecciones autonómicas sino un plebiscito de aprobación de la secesión. Y, si a ese casi 50% le sumamos los escaños conseguidos por los seguidores del revolucionario y antisistema Podemos y la CUP, separatistas y podemitas, han sobrepasado el 50% de escaños: mayoría absoluta.
De ahí surgió el segundo golpe de Estado: una declaración firmada por estos grupos el 27 de octubre para poner en marcha de forma inmediata el proceso de secesión formal de Cataluña del resto de España. Y, por muchos defectos de forma que pueda tener dicha declaración, el hecho cierto es que estos elementos separatistas y antisistema revolucionarios han puesto, una vez más, a España patas arriba.
Era previsible. A largo plazo y con un Título VIII de la Constitución infumable, los nacionalseparatistas vascos y catalanes hicieron, han hecho y siguen haciendo, lo que les parece mejor en sus respectivos cortijos. Fueron los nacionalseparatistas catalanes los que exigieron que en la Constitución se introdujera el término “nacionalidades” para diferenciarse de las regiones. Fueron todos ellos los que sucesivamente exigieron cada vez más y más traspasos de competencias y que los gobiernos estatales les concedían para tenerlos contentos. Fueron estos gobiernos estatales quienes no quisieron enterarse de la corrupción que desde hace más de 30 años campa por sus respetos en Cataluña con el famoso 3, 10 0 20 % de mordidas. Fue el felipismo quien evitó que Jorge Pujol entrara en prisión por el caso Banca Catalana. Fue Aznar quien, a través del Pacto del Majestic, eliminó a Vidal Cuadras para que no mantuviera a raya el avance del nacionalseparatismo en Cataluña, eliminó la “mili” en nuestro país (¡cómo iban a servir a España los jóvenes catalanes!; de ninguna manera, diría Pujol) y le concedió todos los resortes para que la enseñanza en aquella región estuviera en las exclusivas manos del nacionalseparatismo. Y, por fin, el famoso “bobo solemne”, J. Luis Rodríguez, dio alas para que el nacionalseparatismo –esta vez de la mano del socialismo catalán- redactara una Constitución catalana a la medida de sus objetivos separatistas, es decir, para constituir un Estado independiente. A pesar del pulido que se hizo en el Parlamento español de aquel nuevo Estatuto (Cataluña es una nación, dice= cuando un director de teatro frustrado y gran jerarca socialista, Alfonso Guerra, presidía la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados.
En definitiva, ni el PP ni el PSOE están en condiciones de acusarse uno al otro de nada. Porque ambos partidos son igualmente responsables de lo que hoy sucede en la región catalana. Es decir, de los dos golpes de Estado que estos fanáticos separatistas han dado en aquella región cuando un presidente del gobierno, Rajoy, del PP, tiene que lidiar esta faena y desde que inició su legislatura, como los anteriores presidentes del gobierno, ha permitido, ha cedido, ha pagado y ha salvado de la quiebra a aquella región. Y, como todos esos presidentes, prácticamente ha abandonado a su suerte a los miles de catalanes que también se sienten españoles. Ignominiosamente, pero así lo proclaman quienes allí viven y lo padecen.
Desde 1993, cuando el felipismo perdió la mayoría absoluta, el nacionalseparatismo vasco y, sobre todo, catalán, han sido el apoyo de los gobiernos de España. Apoyo que nos salía a todos por un ojo de la cara y, además, aguantando las imposiciones políticas de unos y otros. Eran ellos, los nacionalseparatistas, quienes imponían sus condiciones para “dar estabilidad al sistema” para que tal o cual gobierno pudieran mantenerse en el poder sin mayoría absoluta. Era la nefasta consecuencia de la dictadura partitocrática que sufrimos los españoles, por muy legítima que pueda serlo como consecuencia de una Ley electoral infame. Pero ni el PP ni el PSOE la han querido modificar. Inexplicable. Porque, hasta ahora, quienes más se han beneficiado de ella han sido los nacionalseparatistas y aquellos dos grandes partidos.
Con estos mimbres, ¿puede resultarle a alguien extraño que estos individuos separatistas intenten por todos los medios lograr sus objetivos? ¿Que lo hacen ahora para tapar sus propias miserias y su corrupción desenfrenada? Con toda sinceridad, a mí estas matizaciones o estos subterfugios no me interesan. Lo que me interesa, me preocupa y me llega a doler en lo más profundo de mi ser como militar, fue y es la actitud de mi gobierno frente a estas rebeliones, frente a estas posturas chulescas, frente a estas traiciones. La actitud de mi gobierno y la de la oposición, supuestamente española.
El mismo día 27 de octubre el señor Rajoy, en una declaración institucional, dijo, en síntesis que, mientras él fuera el presidente del gobierno, no permitiría la secesión de Cataluña. Que tenía –como siempre ha declarado- todo dispuesto para evitarlo. ¿Evitó la consulta del 9 de noviembre del 2014? ¿No hay motivos más que suficientes para aplicarles a los firmantes de la declaración separatista el Código Penal? ¿Va a ser de nuevo el Tribunal Constitucional el escudo con el que se proteja el señor Rajoy para que a España no la descuarticen? No sabe el señor Rajoy que estos elementos ya han declarado, por activa y por pasiva, que no van a hacer ningún caso del Tribunal Constitucional? ¿Acaso no existen otros procedimientos mucho más eficaces y drásticos para evitar la burla, el desgaste, el cansancio y la desmoralización que provocan estos indeseables? Pues no. No, porque “Spain is different”. En cualquier otro país del mundo no se toleraría esta barbaridad. Aquí sí. Aquí hay que actuar con suma prudencia, con enorme cautela y proporcionadamente. Es decir, promoviendo que estos sujetos separatistas sigan creciéndose y ciscándose en el resto de los españoles. ¡Gran ejemplo el que damos al mundo!
¿Y qué hacen, mientras tanto, los partidos supuestamente españoles que debieran ponerse del lado del gobierno sin matizaciones ni fisuras de ningún tipo? ¿Qué dicen los líderes del PSOE, de Ciudadanos o de otros grupos que tendrían que formar piña junto con el gobierno para mostrar a todos los españoles la unidad de la nación frente al golpe de Estado de los separatistas catalanes?
Alguien debó indicar al señor Rajoy que sería necesario llamar a los líderes de todos los partidos políticos para hacer frente a este inaudito desafío separatista. Alguien debió caer en la cuenta de que el PP no debía caer en el tremendo error en que cayó Aznar cuando el terrorismo cometió la salvajada del 11-M en Madrid en el 2004 y aquel presidente, en un acto de voluntarismo suicida, a dos días de las elecciones generales, no tuvo la habilidad política de que todos los partidos se involucraran en la condena a esta atroz matanza de inocentes que se produjo en Madrid. Como ocurrió en los EEUU el 11-S de 2001.Por eso, a partir del 28 de octubre, Rajoy se entrevistó con el líder del PSOE, señor Sánchez –al que invitó a comer en Moncloa- y, dos días después, lo hizo con los líderes de Ciudadanos y Podemos, Rivera e Iglesias. Y, a partir del 2 de noviembre, lo hizo con los de Izquierda unida, UPyD y Unión Democrática de Cataluña.
¿Cuál ha sido la contestación de cada uno de estos grupos al deseo del presidente del gobierno de mostrar una unidad política imprescindible para hacer frente al golpe de Estado separatista catalán? ¿Quién o quiénes se han mostrado unidos y sin fisuras o matización alguna a ponerse del lado del gobierno para apoyar la unidad indivisible de la nación española? ¿Qué o cuáles partidos han dejado de lado el hecho de que el 20 de diciembre próximo se celebraran elecciones generales y mucho antes que los intereses del partido están los de la nación? ¿Quiénes o qué líderes políticos tienen, en este sentido, una auténtica visión de Estado anteponiendo los intereses de España por encima de los suyos?
En un próximo artículo seguiremos informando. Como pretendemos hacerlo desde que escribí el primero de esta serie: “La Historia se tienen que repetir”.
