El anuncio de este lunes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de no dimitir tras tomarse cinco días «de reflexión» señala la peligrosa senda en la que el Ejecutivo socialista ha introducido a España. Del impostado discurso del presidente, la expresión que más ha llamado la atención es la referida a un «punto y aparte«. Una amenaza que casa con el señalamiento que de los jueces se hace desde el Gobierno desde hace meses y que sigue el camino marcado a través de la aprobación de la ley de amnistía para destruir la separación de poderes e intervenir el poder judicial. La continuación, enmascarada este lunes con esa frase de Sánchez, pasaría por una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para atar en corto a los jueces y una ley sobre «noticias falsas» para tener también atados a los medios de comunicación críticos con el Ejecutivo.
En los países que en la actualidad están regidos por dictaduras, como es el caso del régimen de Venezuela, la estrategia seguida por Sánchez suena conocida. El golpe contra la Justicia perpetrado por Hugo Chávez fue el inicio del fin de la democracia en ese país.
La construcción del relato
Chávez entendió muy pronto que la construcción de un relato contra los jueces que calara en la opinión pública era una de los principios necesarios para hacerse con el control de la Justicia.
En 1999, la Asamblea Nacional declaró que el poder judicial se hallaba «en estado de emergencia», creó una comisión para reformarlo y en los meses siguientes esa comisión destituyó a cientos de jueces. Pronto estaba creado el nuevo Tribunal Supremo de Venezuela, que tiene competencias similares a las del Supremo y Constitucional español. Lo integraban 20 magistrados, de los cuales diez eran aliados y diez opositores de Chávez.
Para Chávez no era suficiente, los fallos del Supremo seguían sin ser predecibles para su gobierno. El líder venezolano vio en el levantamiento contra el régimen del 11 de abril de 2002 una excusa perfecta para terminar de controlar el sistema judicial.
En agosto, el Supremo dictó una sentencia en la que se negaba a iniciar una investigación contra cuatro generales acusados de participar en el golpe, Chávez encontró entonces su pretexto y, a partir de ahí, se centró en desarmar los controles que la Constitución imponía contra la concentración de poderes.
Sánchez ha hecho algo parecido estas semanas: ha utilizado la investigación iniciada por un Juzgado de Madrid sobre las informaciones que señalan a su mujer, Begoña Gómez, por un delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios para atacar a los jueces. Aunque ya lo había hecho antes cuando asumió la tesis del lawfare que defienden sus socios separatistas y que finalmente fue incluida en el acuerdo de amnistía entre PSOE y Junts.
La persecución de los magistrados ya la habían perpetrado también antes otros miembros del Gobierno. La ministra de Igualdad, Irene Montero, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell —entre otros—, acusaron a los jueces de ser «machistas» y de «aplicar mal» la ley una vez comenzaron a hacerse públicas las rebajas de penas provocadas por la ley del «sólo sí es sí».
El hostigamiento del Gobierno contra la Justicia también quedó patente durante el debate de la Ley de amnistía en el Congreso de los Diputados. Entonces se produjeron hasta 12 ataques contra los magistrados sin ningún tipo de reproche o censura por parte de la presidenta de la Cámara, Francina Armengol.
Era la construcción del relato que este lunes ha culminado con el «punto y aparte«, apuntalado también por la vicepresidenta del Gobierno segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que este lunes instó al Ejecutivo a actuar de forma «urgente» para «democratizar la Justicia«.
De jueces chavistas… ¿a jueces sanchistas?
Después de centrar esfuerzos en dañar la imagen de los jueces y desprestigiar al sistema judicial venezolano, Chávez culminó su estrategia con la ley que reformó el Tribunal Supremo en mayo de 2004.
La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ) aprobada por la mayoría izquierdista en la Asamblea Nacional, aumentó el número de magistrados de 20 a 32 y permitió que estos nuevos miembros pudiesen ser designados por mayoría simple en la Asamblea. «Un candidato que no reciba el apoyo de una mayoría de dos tercios en las tres primeras votaciones puede ser designado por mayoría simple en la cuarta votación. En contraste a la nueva Ley, los 20 miembros actuales del Tribunal Supremo fueron confirmados con una mayoría de al menos dos tercios», detalló entonces la norma.
Con la reforma, Chávez incorporó a 12 jueces chavistas, se hizo con la mayoría y convirtió al tribunal en un apéndice del Ejecutivo.
Pocas semanas después, los magistrados más críticos con Chávez estaban fuera del tribunal, tal y como denunció en 2008 la ONG Human Right Watch en un informe. «En los años siguientes, el nuevo Tribunal Supremo afín al Gobierno despediría a cientos de jueces y designaría a otros cientos. Este recambio masivo de jueces contribuyó a dañar aún más la credibilidad del poder judicial de Venezuela», detalló ese documento.
El Supremo se convirtió así en un instrumento del régimen para perseguir a opositores y críticos en un sentido muy amplio, incluyendo no sólo a los políticos, sino también, por ejemplo, a periodistas.
El órgano desestimó recursos de constitucionalidad que varios juristas interpusieron contra la propia reforma del Tribunal y el recurso que el canal de tendencia opositora Radio Caracas Televisión (RCTV) interpuso cuando Chávez anunció que no renovaría su licencia de emisión.
Control a la prensa
La desaparición de RCTV de la horquilla televisiva marcó el inicio del fin de la libertad de prensa en Venezuela, generó intimidación y miedo e, incluso, indujo cambios en la línea editorial de algunos medios. Entre 2003 y 2021 los gobiernos de Chávez y su sucesor Nicolás Maduro cerraron al menos 233 emisoras de radio en Venezuela, según un informe de la ONG Espacio Público.
Las palabras que Chávez utilizó en aquel momento para anunciar la persecución contra la prensa recuerdan a las que Sánchez ha pronunciado estos días. «Hemos aguantado demasiado, una cosa es la crítica y otra la conspiración«, afirmó el presidente venezolano a la vez que recordó a los medios audiovisuales que las frecuencias por las que transmiten «no son suyas, sino del Estado».
En su comparecencia de este lunes Sánchez calificó como «máquina del fango» a los periodistas y diarios que durante estas semanas han informado sobre las pruebas que señalan a su mujer. Por la noche, durante su entrevista en TVE, también insistió en la necesidad de controlar a los medios. «Tenemos que protegernos de estos pseudomedios de comunicación, de estas páginas web, estos digitales que difaman y tratan de judicializar casos sin ninguna base de pruebas», exigió.
El líder socialista también aseguro que «defiende la libertad prensa», pero sólo un poco. «Defiendo la libertad de prensa, pero lo que no voy a defender, y creo que es inadmisible, es todo este fango, todos estos bulos y toda esta desinformación», aseguró.
Libertad y democracia a la carta.
