El grupo parlamentario de VOX ha pedido en el Congreso, a través de una Proposición No de Ley (PNL), que el Gobierno vete el Reglamento de Restauración de la Naturaleza en el seno del Consejo europeo, junto con los representantes del resto de gobiernos «que han defendido sus intereses nacionales y los de su sector agroalimentario».
La PNL ha sido presentada para su discusión en la Comisión de Transición Ecológica y por la portavoz de Pepa Rodríguez de Millán; el portavoz adjunto, José María Figaredo, el diputado Ricardo Chamorro, y la diputada Patricia Rueda.
En el texto de la PNL VOX afirma que la propuesta del Reglamento criminaliza a agricultores, ganaderos y pescadores «bajo una apariencia medioambientalista» y recalca que los intereses de estos colectivos «no han sido debidamente considerados». En este sentido, remarca que es «imprescindible» proteger los intereses del mundo rural frente a las políticas ecologistas impulsadas desde Bruselas, «las cuales obedecen a agendas externas y no reflejan la realidad y necesidades del campo».
Asimismo, critica la «imprecisión» de conceptos utilizados en la propuesta del Reglamento tales como «ecosistemas dañados», lo que a su juicio «deja abierta la interpretación sobre qué terrenos podrían resultar afectados». A su vez, remarca que la «pretensión» de devolver los ecosistemas a su estado originario implica la reducción de superficies agrícolas, lo que perturba la cadena de suministros, y provoca la disminución de la producción de alimentos y el aumento de los precios para los consumidores.
A juicio de la formación liderada por Santiago Abascal deben ser eliminadas las exigencias sobre la conversión de terrenos destinados a la agricultura «para lograr una supuesta restauración de la naturaleza». VOX busca así preservar la preeminencia de la industria agroalimentaria española y europea, especialmente en el contexto de competencia desleal con países extracomunitarios.
Para VOX el Reglamento cercena la posibilidad de ejercer la agricultura y la ganadería «en amplios territorios donde lleva siglos practicándose», implicará una carga adicional para los agricultores, así como mayores restricciones a su competitividad, y un aumento en los costes de producción.
A su vez, VOX considera que el Reglamento ignora el papel que desempeña la actividad agraria y forestal en el mantenimiento del medio ambiente y señala que los principales beneficiados por su aprobación de serán Marruecos, Sudáfrica o Egipto, naciones a las que se les permite competir de forma desleal, es decir, sin tener que someterse a las mismas exigencias medioambientales que los países de la UE. «Amenaza los intereses nacionales, la seguridad de España, la soberanía alimentaria y la estabilidad del sector agrícola español», concluye.
