El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha condenado a Hungría a pagar 200 millones de euros, además de una multa coercitiva de un millón de euros por cada día de retraso en la ejecución de la sentencia previa, por defender las fronteras de la Unión Europea.
El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha tildado de «indignante» e «inaceptable» esta decisión. «Parece que los inmigrantes ilegales son más importantes para los burócratas de Bruselas que sus propios ciudadanos europeos», ha señalado en la red social X.
El Alto Tribunal europeo ha señalado que la decisión de Budapest de «eludir» la aplicación de una política común de la Unión Europea —para defender su identidad nacional y la seguridad de su pueblo— constituye «una violación inédita y excepcionalmente grave».
En su sentencia, el tribunal declara que Hungría no ha adoptado las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia de 2020, «lo que supone una vulneración del principio de cooperación leal».
El ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, ha declarado que «la sentencia del TJUE es un ataque directo a nuestra soberanía y una afrenta a los ciudadanos húngaros que han confiado en su Gobierno para proteger las fronteras nacionales y garantizar la seguridad», y ha reiterado que Hungría seguirá defendiendo sus políticas y no se dejará intimidar por las sanciones económicas impuestas desde Bruselas.
