La gestión de los activos intangibles es una tarea harto complicada para cualquier empresa, puesto que la misma es prácticamente imposible de cuantificar económicamente en la cuenta de resultados.
No obstante, las empresas de alto potencial cada vez destinan mayores recursos al objeto de intentar rentabilizar la gestión de lo intangible y, debido a este motivo, esta área gerencial se encuentra actualmente altamente profesionalizada y especializada.
Porque, indudablemente, una óptima gestión de lo intangible potencia el valor de la marca de una compañía, haciéndola más competitiva.
En este sentido, la reputación corporativa es un intangible de alto valor, puesto que es la imagen que perciben los clientes, tanto reales como potenciales, de la empresa.
Y conseguir una buena reputación depende en gran medida de una eficaz política comunicativa. Tanto es así, que una empresa se gana su prestigio en el mercado “haciendo las cosas bien” y, de forma paralela, comunicando perfecta y coherentemente “aquellas cosas que hace bien”. (Productos o servicios para mejorar la vida de la personas).
En relación con lo anterior, el Gobierno tiene la última oportunidad para mejorar su reputación institucional ante los españoles en general y en relación a los votantes tradicionales del PP en particular.
Para ello y de forma definitiva, tendrá que aplicar íntegramente el “plan antiindependentista” que han diseñado de manera coordinada los distintos ministerios (Hacienda, Justicia, Economía, Interior, Presidencia…) al objeto de frenar la independencia de Cataluña. E, igualmente, deberá comunicar de forma magistral a los españoles las acciones que emprenda a tal efecto.
El citado plan consta de dos partes fundamentales. Una parte de índole legal, que consiste en utilizar medidas que van desde la presentación del preceptivo recurso de inconstitucionalidad ante el TC hasta la aplicación del Art. 155 de la Constitución (que acarrearía la suspensión de la autonomía), y pasando por la aplicación del Código Penal a los políticos secesionistas catalanes por parte de la Abogacía y la Fiscalía del Estado. Y la otra parte, relacionada con el aspecto económico financiero y fiscal, basada, entre otras relevantes medidas, en suprimir las nuevas remesas del Fondo de Liquidez.
Si el Gobierno muestra (y comunica) liderazgo, valentía y contundencia ante el desafío secesionista, y evita que Cataluña se convierta en una República independiente, recuperará a gran parte del electorado tradicional del PP y, además, un porcentaje elevado de indecisos se decantará por votar al Partido Popular en las próximas elecciones.
Es la última oportunidad del Gobierno del PP y, tal vez, también de España.
