Después de cinco años de desafío, el Estado ha reaccionado. Se cesará a Puigdemont y a todo su gobierno, las consejerías serán dirigidas por Madrid y en un plazo máximo de seis meses se convocarán unas nuevas elecciones autonómicas. Es la teoría. Pero la teoría no se cumplió el 1 de octubre.
Y llegó el día. El Gobierno de España, en comunión con el PSOE y C’s, restaurará el orden constitucional en Cataluña. Tras una escalada de tensión que ha durado cinco años, y sólo cuando la Generalitat de Cataluña empujaba definitivamente a la nación hacia el abismo, el Estado ha reaccionado.
En una comparecencia de prensa con varios centenares de periodistas acreditados, un importantísimo número de ellos extranjeros, Mariano Rajoy Brey ha invocado el ya por todos conocidos Artículo 155. Lo ha hecho apelando a los dos supuestos que prevé el texto: como respuesta a la «desobediencia rebelde, sistemática y consciente» de la Generalitat y como freno a las actuaciones que «atentan gravemente» al interés general de España.
Un Consejo de ministros extraordinario se reunía a las diez de la mañana en el Palacio de La Moncloa. Pasaban las horas y la sala de prensa se iba quedando pequeña. Los periodistas veteranos advertían de lo excepcional de la situación. Se escuchaban conversaciones en inglés, francés, alemán, catalán.
Dos caras muy conocidas de la profesión leen un teletipo en el teléfono móvil e intercambian impresiones:
-Proponen que Puigdemont traslade el Govern a Perpiñán.
-Definitivamente esto se ha convertido en una locura todo.
-Una ya no sabe si son noticias o ‘fake news’…
Pasadas las trece horas empiezan a desfilar ministros con semblante grave. Toman asiento en las primeras filas. Llega luego Jorge Moragas, director del Gabinete de Mariano Rajoy. Y por fin el presidente del Gobierno de España. Cámaras fotográficas disparando compulsivamente anuncian su llegada.
Rajoy anuncia un 155 ‘duro’
Rajoy aparenta tranquilo. Apenas lee. Ofrece un discurso perfectamente compartimentado. La primera parte insiste en el relato del Gobierno. En el cómo se ha llegado hasta aquí. Enumera las manos tendidas al diálogo, los incumplimientos de la Generalitat, el cierre del Parlament, el ninguneo a la oposición, el rechazo de Puigdemont de acudir al Congreso… Sabe que todas las cancillerías de Europa le observan. Busca fijar una narrativa oficial y hacerla hegemónica. Para eso estuvo en Bruselas hace 48 horas y para eso viajó también Pedro Sánchez. Ya nadie ignora que el conflicto se ha internacionalizado.
Por fin anuncia las medidas que propondrá al Senado para, vía 155, restaurar el orden constitucional en Cataluña. Su enumeración es breve, pero su calado es enorme. Se cesará a Puigdemont y a todo su gobierno, las consejerías serán dirigidas por el Estado y en un plazo máximo de seis meses se convocarán unas nuevas elecciones autonómicas. Lo que viene a significar que el Gobierno de España se hace con el control total de la Generalitat. No es, pues, un 155 ‘light’ ni limitado, como venía anunciándose.
Soraya hace pedagogía ante la prensa
El presidente del Gobierno, y luego la vicepresidenta en una reunión con los periodistas, insisten en que no hay suspensión de la autonomía sino sustitución de los líderes al frente del gobierno regional. Y en todo caso será “temporal”.
Soraya Sáenz de Santamaría, número dos del Gobierno pero sobre todo, al menos en esta ocasión, abogada del Estado, hace pedagogía de la propuesta que habrá de aprobar el Senado. Explica a la prensa que nuestro 155 no es en absoluto inédito en el contexto europeo y que naciones como Alemania, Italia o Portugal cuentas en sus textos constitucionales con normas muy parecidas. Incluso “más rigurosas”, caso del Ulster; “allí sí se suspendió la autonomía”.
Insiste también la vicepresidenta en que el objetivo último es volver “a la Constitución y el Estatuto de Autonomía”. Una operación que debería tener éxito “en tiempo muy acotado”, si bien no confirma que las elecciones que habrán de llevar a Cataluña a una nueva etapa vayan a celebrarse en el mes de enero, tal y como se viene especulando.
¿De nuevo un diagnóstico equivocado?
Explica que Puigdemont, Junqueras y los consejeros del Govern conservarán sus escaños una vez depuestos de sus cargos. Y que el Parlament, mientras dure la situación, será operativo sólo parcialmente. Podrá aprobar leyes siempre que no entren en conflicto con el lo establecido por el Estado. Los diferentes ministerios asumirán las consejerías y podrán incluso designar dirigentes ad hoc y sustituir a los que así considere. Confía la presidenta en que los funcionarios autonómicos “serán profesionales” ante el nuevo estatus quo.
Soraya se muestra locuaz y hasta dicharachera. Habla del cese del Govern al completo como lo haría de la variación de la prima de riesgo. No hay solemnidad. Pareciera que ella y Mariano Rajoy, dos técnicos del Estado, duchos en leyes, creyeran que la invocación del Artículo 155 y su posterior puesta en práctica se producirá sin solución de continuidad. Sencillamente porque así lo reflejan las normas jurídicas. Parecen de nuevo ignorar que sus homólogos no operan en las mismas coordenadas. Parecen de nuevo ignorar que se enfrentan a una excitada revolución nacionalista que, tal y como se demostró con la actuación de los Mossos d’Esquadra el primero de octubre, ya no reconoce “la legalidad española”. Aquél día el Estado no logró restablecer el orden legal. Y en esta ocasión el desafío es inmensamente mayor.
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El Gobierno solicita al Senado el cese de Puigdemont y sus consejeros
