Se cumplen cinco años del acuerdo con los terroristas de las FARC con las presidenciales de 2022 en el horizonte

El pasado sábado 2 de octubre se conmemoraron en Colombia cinco años del plebiscito al que fue sometido el acuerdo entre la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno de Juan Manuel Santos, cuyo punto de partida fue el “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, firmado en secreto por delegados del gobierno de Colombia y de las FARC en La Habana, Cuba.

Allí estuvieron los gobiernos de la isla caribeña y de Noruega como garantes, además del de Venezuela como facilitador, en medio de un encuentro que se concretó en febrero de 2012.

El anuncio de un proceso de negociación cayó como balde de agua fría en los sectores que apoyaron al entonces Presidente colombiano a ganar la elección de 2010, pues Santos se había presentado a sí mismo como el sucesor de la política de “Seguridad Democrática” que lideró desde 2002 Álvaro Uribe Vélez como Jefe de Estado.

La opinión pública respaldaba ampliamente la ofensiva militar en contra del grupo subversivo, reconocido como terrorista por la comunidad internacional. Por lo cual a tan solo dos años de la existencia de un nuevo gobierno, generaba mucho desconcierto el anunció del posible inicio de un proceso de negociación. Uribe desde el primer momento se opuso y exigió el cese unilateral del fuego por parte de la guerrilla y suficiente firmeza al gobierno para no ceder la institucionalidad. Las FARC respondían siempre en tono airado, obligando al gobierno de turno a exigir “respeto a la dignidad del expresidente Álvaro Uribe Vélez”.

Como Jefe Negociador del gobierno de Santos fue designado Humberto de la Calle Lombana, recordado Ex Vicepresidente de la República que renunció a su cargo en 1996, pues tuvo entonces “la convicción de que entró dinero del narcotráfico a la campaña presidencial” en la que resultó elegido en fórmula con el entonces Presidente Ernesto Samper Pizano. Dicho escándalo fue conocido como el “Proceso ocho mil”.

De La Calle ejerció como Ministro del Interior del conservador Andrés Pastrana, sucesor de Samper y presidente de Colombia entre 1998 y 2002, y fue además Embajador de Colombia ante la OEA en 2002. Desde entonces había estado al margen de la política nacional y su reaparición no cayó bien en quienes rechazaban todo acercamiento con las FARC.

Fue el mismo De la Calle quien enfatizó el hecho que si en el plebiscito del 2 de octubre de 2016 ganaba la opción del NO, el acuerdo se caía: “Si gana el no, pues el acuerdo se cayó, no hay acuerdo. No solo porque lo digan en La Habana, los que estuvimos allá. Es que el acto legislativo que se aprobó dice todo esto queda sujeto a la refrendación”.

En efecto, el artículo 5 del acto legislativo 01 de 2016 dice textualmente: “El presente acto legislativo rige a partir de la refrendación popular del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.

Tal era la confianza de Juan Manuel Santos en la refrendación del acuerdo con las FARC que no existía un plan alternativo en caso de que la misma no se diera. Las encuestas lo acompañaron hasta el final y apenas un mes antes de la votación, la opción SI tenía una ventaja de al menos 30% en los sondeos de opinión frente al no.

El gobierno había emprendido una agresiva campaña de divulgación de los acuerdos, al punto de obligar a todos los medios de comunicación a transmitir en horario estelar sus piezas audiovisuales. Muchas universidades exigieron a sus profesores compartir los materiales “didácticos” que había publicado el gobierno y algunos profesores -como quien esto escribe- sufrieron llamados de atención por atender al llamado, pero compartiendo a su vez los argumentos que publicaba la campaña del NO, como corresponde en una democracia y, más aún, a la libertad de cátedra en las academias.

Para resultar exitosa, la opción SI del Plebiscito debía lograr al menos el 13% de los votos del censo electoral (pues el gobierno había logrado reducir dicho umbral, previamente en 25% de participación electoral) y, como es lógico, superar a la opción del NO.

Cumplido el tiempo de la jornada electoral del 2 de octubre de 2016 y escrutados los votos, la organización nacional electoral anunció que el NO ganaba con el 50,2 % de los votos, frente al 49,7% del SI. Unos y otros estaban sorprendidos y la confusión reinó durante horas hasta que, en alocución presidencial, Juan Manuel Santos reconocía el resultado. Pero recordaba que mantenía intactas sus facultades constitucionales y que buscaría salvar el acuerdo como fuera.

Finalmente, después de que los representantes del NO -entre ellos el ex Presidente Uribe- abrieran la puerta para una negociación con el gobierno y modificar así el acuerdo rechazado en las urnas, el Congreso dio su aval a un pacto con algunos ajustes; pero que mantuvo lo esencial del original y terminó firmándose en el teatro Colón de Bogotá el 24 de noviembre de 2016. De poco sirvió entonces la oposición a ese acuerdo con las FARC. Los líderes del NO aceptaron la invitación del Presidente Santos y lo definido en el referendo quedó en nada.

Cinco años después la polarización que generó ese proceso de negociación se mantiene y el actual gobierno –encabezado por Iván Duque- alega que está cumpliendo lo pactado, a pesar de haber sido elegido para, justamente, reversar varios puntos de ese acuerdo. Entre ellos el alcance del Tribunal de Justicia y Paz, que hoy logra imponerse incluso a los máximos tribunales de Colombia. La elección presidencial de 2022 puede ser un nuevo enfrentamiento entre quienes votaron SI y quienes votaron NO hace cinco años. Está por verse.