El diputado rionegrino Martín Soria acaba de ser nombrado Ministro de Justicia en medio de la guerra del kirchnerismo contra el Poder Judicial. Su antecesora, Marcela Losardo, amiga personal y socia de Alberto Fernández, había sido expulsada por no contar con la venia de Cristina. Sin embargo, el jefe de Estado estuvo una semana sin conseguir quién la reemplazara. Las malas lenguas sostienen que el kirchnerismo estaba “haciendo tiempo” para el arribo de Soria.
Es importante recordar que el flamante ministro fue denunciado en marzo de 2019 por el supuesto cobro de “retornos” en sueldos por la suma de 450.000 dólares, durante su gestión como intendente en General Roca al sur del país. Con un enorme sentido de la oportunidad, la justicia sobreseyó a Soria el pasado viernes gracias a lo cual se produjo su nombramiento el lunes.
El cambio se produce días después de que Alberto Fernández fuera atacado en el sur del país en uno de los momentos más límites de su gestión.
El pasado sábado, cuando el presidente recorría la localidad de Lago Puelo de la provincia de Chubut, manifestantes atacaron su vehículo, golpearon las ventanillas y arrojaron piedras. Fernández había convocado a la prensa antes de los incidentes, pero mientras hablaba, los manifestantes protestaban a los gritos fuera del recinto.
Cuando Alberto quiso retirarse del lugar, debió casi abalanzarse hacia el interior de su vehículo. Las imágenes se viralizaron en las redes mostrando la violencia y el descontrol alrededor del presidente.
La injustificable falta de previsión y eficacia que rodean al presidente se manifiesta en cada paso de su gestión.
Rápidamente comenzaron los pases de factura entre la seguridad provincial y la Casa Militar, a cargo de la seguridad presidencial. La multitud logró detener a la comitiva presidencial por varios minutos, algunos arrojándose sobre el capó.
Actualmente existe un puñado de personas detenidas por el ataque, entre los cuales hay trabajadores del Ministerio de Educación e incluso menores de edad. La caravana que tenía móviles de la policía federal y provincial sufrió desinteligencias inexplicables y peligrosas que dejaron al vehículo del presidente indefenso.
Al referirse a los hechos de violencia Alberto declaró: “Los violentos tiran piedras, nosotros llevamos vacunas”. Pero la realidad es que Argentina se encuentra entre los países más atrasados del mundo respecto de la compra y distribución de vacunas. Se acaba de conocer la noticia de que ya se gastó la mitad del presupuesto dispuesto para tal fin y sólo se vacunó al 0,99% de la población. Ineficiencia, ignorancia y corrupción es lo que subyace alrededor de la política vacunatoria.
El presidente había ido al sur a interiorizarse sobre los incendios. Argentina comparte con Chile el drama del terrorismo mapuche. Desde que comenzó la gestión de Alberto Fernández, los actos vandálicos se han intensificado y agravado.
En los últimos días, los feroces incendios terminaron con 1.500 hectáreas de bosque nativo consumido por las llamas, según reportes de Defensa Civil. Pero la prensa local habla de un número cercano a las 15.000 hectáreas. Hay desaparecidos, muertos y más de 200 casas convertidas en cenizas. Los incendios provocados esta semana en las localidades de Lago Puelo, El Bolsón, El Maitén, Epuyén, Futaleufú, El Hoyo y Las Golondrinas –cerca de la precordillera de Los Andes, dejaron daños irreparables–. No hay agua ni electricidad.
Los orígenes del ataque al presidente no son claros ni precisos, pero lo cierto es que el descontento se manifiesta y el oficialismo corre detrás de los acontecimientos. Todavía lo ocurrido en Formosa resuena en toda la Argentina. Las manifestaciones no cesan y vencen al miedo de norte a sur.
En El Calafate, Santa Cruz, el “lugar en el mundo” de Cristina, una manifestación al grito de “Queremos estudiar, queremos estudiar”, se convirtió, un día después del ataque a Alberto Fernández, en un cacerolazo en la puerta de la casa de la vicepresidente.
“No estamos pidiendo planes, ni dinero, ni obras, ni nada, solo estamos pidiendo que abran los colegios, no puedo creer que sea este el derecho de nuestros hijos el que estamos reclamando”, exigían los manifestantes.
En este contexto de tensión y luego del discurso ante el Congreso en el que el presidente pusiera a la Justicia en el centro del debate, ha sido muy complejo conseguir a un ministro que cumpla con los requisitos exigidos por Cristina Fernández, vale decir, que no interfiera con sus designios.
Martín Soria, el elegido por ser uno de los más fanáticos denunciadores de la entelequia que el Foro de São Paulo llama Lawfare, en línea con este discurso, como diputado ha denunciado una campaña contra exfuncionarios kirchneristas.
Soria interviene activamente como miembro de las comisiones de Justicia, de Legislación Penal y de Asuntos Constitucionales, apuntando su discurso contra el Poder Judicial y particularmente contra su accionar durante la gestión de Macri. Casualmente es el hombre que andaba buscando Cristina, una vez más ganadora de la partida. Resulta nuevamente cercenado el escaso poder de maniobra del sumiso Alberto Fernández.
Por un lado, están los hechos de un gobierno sin gestión, sin plan y con cada vez menos caminos. Por el otro, el humor social que se manifiesta cada vez más frecuentemente y con consecuencias imprevisibles. Lo que empezó con banderazos hoy son marchas de sur a norte, un descontento que sorprendió al presidente mientras estaba abocado a complacer a Cristina y su plan maestro, el que lo puso a la cabeza del ejecutivo: lograr la impunidad de la casta.
