Hay alerta y preocupación en los medios de comunicación argentinos. La libertad de expresión está bajo amenaza inminente.
Con una nueva ley de tono feminista y el impulso expreso de la vicepresidenta Cristina Kirchner, la «paridad» se ha instalado de manera abusiva en los medios de comunicación.
La Cámara de Diputados ha aprobado una ley del oficialismo que impulsa la “equidad en la representación de los géneros” en los medios de comunicación. Con esta iniciativa se pretende potenciar la inclusión de mujeres, disidencias y trans en las empresas del sector, aunque también condiciona el reparto de la pauta oficial a la obtención de un certificado que acredite el cumplimiento de la norma, tanto en medios de gestión estatal como privada.
El proyecto del oficialismo, que determina además la utilización del lenguaje inclusivo, ha sido impulsado en la Cámara baja a instancias de las diputadas del Frente de Todos Gisella Marziotta y Mónica Macha, con el respaldo de organizaciones feministas como Latfem y Periodistas Argentinas.
Según el dictamen en disidencia que firmaron las legisladoras, Silvia Lospenatto (PRO), Karina Banfi (UCR) y Carla Carrizo (Evolución), desde la oposición ya advirtieron que “el régimen de promoción de la equidad de género en ningún caso puede convertirse en un condicionante de la libertad de prensa”.
Entre los requerimientos que estipula el proyecto para acceder al certificado –que será emitido por una autoridad de aplicación que dispondrá el Poder Ejecutivo, posiblemente el Ministerio de la Mujer- se establecen “procesos de selección de personal basados en el respeto del principio de equidad en la representación de los géneros”; también, que los medios adopten “políticas de inclusión laboral con perspectiva de género y de diversidad sexual”; y que implementen “capacitaciones permanentes en temáticas de género y de comunicación igualitaria y no discriminatoria”.
“Los medios son un reflejo de la sociedad y en la cuestión de géneros están quedando fuera de tiempo”, advirtió la diputada oficialista del Frente de Todos, Gisela Marziotta.
En la actualidad, la asignación de publicidad oficial entre los medios de comunicación está regulada siguiendo criterios según la circulación y las audiencias que tienen los diarios, las radios, los portales y los canales de televisión. Debido a esto, el proyecto en cuestión, sería considerado incompatible y objeto de judicialización.
En este marco de discusión, cabe aclarar que hay mucho dinero en disputa. Según los últimos datos oficiales que se conocen, entre enero y noviembre de 2020, el gobierno nacional gastó 4.704 millones de dólares en publicidad oficial. Aunque esos recursos se distribuyeron entre casi 2.300 medios, plataformas y vehículos publicitarios, el 72% del dinero quedó en manos de 25 grupos empresariales, y el 62% de los fondos se gastaron en organizaciones domiciliadas en la Capital Federal. El tipo de medio en el que más avisos estatales se publicaron fue la televisión (abierta y de pago), con 1742 millones de dólares; luego le siguieron la gráfica (891 millones de dólares), Internet (834 millones de dólares), la radio (762 millones de dólares) y la vía pública (474 millones de dólares). Por su parte, durante el 2019 y en su último año de gestión, el presidente Mauricio Macri gastó 3.350 millones de dólares.
Es importante recordar que el propio presidente Alberto Fernández tiene una larga experiencia en el manejo de la publicidad oficial, que ya había estado a su cargo entre 2003 y 2008 cuando fue jefe de Gabinete. En ese tiempo, la tarea operativa estuvo delegada en su amigo locador y hasta 2009 secretario de Medios, Enrique Albistur (beneficiario recurrente de los fondos a partir de sus empresas publicitarias, Wall Street y Grupo Al Sur).
Ahora habrá que considerar otro requisito para lograr la obtención del certificado que será “la promoción del uso de lenguaje inclusivo en cuanto al género en la producción y difusión de contenidos de comunicación”.
Además, el artículo octavo del proyecto indica, en la misma línea, que “los servicios de comunicación operados por prestadores de gestión privada a los que se otorgue el certificado de equidad en la representación de los géneros, tienen preferencia en la asignación de publicidad oficial efectuada por el sector público nacional”. El criterio de las autoras de la iniciativa siguió al pie de la letra una modificación que fue votada en la Cámara Alta. El proyecto original, de la senadora Norma Durango, solo abarcaba a los medios estatales, pero ahora el texto incluye a “todos los servicios de comunicación operados por prestadores de gestión estatal y prestadores de gestión privada con o sin fines de lucro”.
