El gobierno de Andrés Manuel López Obrador se encuentra librando una batalla judicial luego de que empresas privadas solicitaran el amparo de la Justicia Federal ante los efectos perjudiciales de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.
La reforma eléctrica ha sido duramente criticada por menoscabar los derechos de los inversionistas, por incumplir diversas obligaciones asumidas por México a nivel internacional, por atropellos al derecho a la libre competencia en el mercado de generación de electricidad y a la garantía de la no retroactividad de la Ley, así como por dañar al medioambiente, pues relega a las energías limpias. Todo para consolidar y favorecer aún más el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En México, el juicio de amparo es la figura mas efectiva para que el ciudadano pueda controvertir las acciones de la administración pública que vulneren derechos y garantías jurídicas.
Es una de las representaciones más claras de los frenos y contrapesos con los que se mantiene el equilibrio entre los tres poderes de la Unión para evitar los abusos y las arbitrariedades en alguno de ellos. Se controlan y revisan entre sí.
Pocos servidores públicos desobedecen una sentencia o una suspensión dentro de un juicio de amparo, y los desacatos en esta materia ya se encuentran tipificados como delito. Pocos o casi ninguno se atreve, (recordaremos que el famoso juicio de desafuero que enfrentó Andrés Manuel en 2005 se deriva –precisamente– del incumplimiento a una determinación judicial dentro de un proceso de amparo).
Juan Pablo Gómez Fierro juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, que otorgó suspensiones a empresas privadas contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, ahora es perseguido por AMLO.
López Obrador hizo llegar una carta al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, solicitándole iniciar una investigación para esclarecer la actuación del juez por la concesión de suspensiones de la aplicación de la nueva ley a dos empresas eléctricas.
Al ministro Zaldívar le espera un deshonroso sitio en la historia. En lugar de ser contundente y ponerse del lado de los juzgadores y exigir respeto a la autonomía judicial y a la división de poderes, se mostró tibio y titubeante al responder la misiva del titular del ejecutivo.
La sumisión del que preside el Máximo Tribunal del país, ya se dejó ver con anterioridad cuando se avaló la consulta popular para juzgar a los expresidentes o cuando uno de los magistrados intervinientes en los juicios contra el aeropuerto de Santa Lucía fue suspendido por supuestas “inconsistencias en su situación financiera”.
La que debería ser una discusión puramente jurídica en cuanto a la legalidad de los fallos, se convierte en una contienda mediática de desprestigio personal a los “científicos del derecho” a quienes, por desdicha, les tocó conocer de dichos asuntos.
Ciertamente, la posición del Poder Judicial y de los personajes que lo representan es muy cuestionable. Por años, el Poder Judicial ha sido el coto de poder para unos cuantos, impera el nepotismo y el influyentismo, un lugar privilegiado y acuartelado donde no llega el escrutinio público, el castigo del voto, ni el desgaste político y social al que se enfrentan los servidores públicos que componen los otros Poderes de la Unión.
Por ello resulta muy fácil para López Obrador presentar a ministros, magistrados y jueces como los enemigos de la voluntad popular. Cuando expresa que se acabaron esos tiempos en los que “los jueces eran intocables”, nos enfrentamos a un discurso que indudablemente conecta y logra tener aceptación con la gente de a pie.
Eso sin dejar de lado que se escuda en la existencia de supuestos intereses oscuros y contrarios al pueblo, materializados en la confabulación de empresarios, grupos reaccionarios y despachos de litigio estratégico alentados por un exministro de la Suprema Corte.
Entonces, a la par de la contraofensiva del descrédito emprendida desde Palacio Nacional, López Obrador ya advirtió que, si las reformas impulsadas por su gobierno a la Ley de la Industria Eléctrica se consideran inconstitucionales en tribunales, reformará la constitución y asunto arreglado.
El mensaje es claro: ni la propia Constitución Política representará un obstáculo a sus intenciones.
Por lo pronto, MORENA ya impulsa una iniciativa legislativa para modificar la Ley de Amparo para evitar que las suspensiones sean procedentes cuando se trate de la operatividad de las empresas productivas del Estado como lo son CFE y PEMEX.
Hasta ahora, permanece como única esperanza para frenar del desmoronamiento institucional, el arrebatar la mayoría en la cámara de diputados en los comicios a celebrarse el 6 de junio.
